REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, siete (7) de mayo de dos mil diez (2010) 200º y 151º ASUNTO: AH16-V-2005-000154 PARTE ACTORA: WILLMER JOSE ZAMBRANO VS FLOR MARIA VARON y DOIRS EUCARIS GOMEZ venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 10.510.810. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: NELSON DEL VALLE MARQUEZ, Inscrito en el inpreabogado bajo el N° 38.477. PARTE DEMANDADA:, titulares de las cedulas de identidad Nº V-4.085.692 y V-12.375.260 APODERADO JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: LUIS GARCIA MARTINEZ y CARLOS ARTURO DURAN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 67.985 y 68.017 respectivamente. MOTIVO: ACCION REIVINDICATORIA Se inicia el presente juicio mediante el libelo de demanda presentado en fecha 19 de enero del año 2005, ante el juzgado distribuidor de turno de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, por el abogado NELSON DEL VALLE MARQUEZ, anteriormente identificado, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora. Por auto de fecha 27 de enero de 2005 se admitió la presente demanda por ante el Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 14 de junio de 2005, el tribunal de la causa declara con lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 20 de junio de 2005, se remitió el presente expediente al Juzgado Distribuidor de turno de los Juzgados de Primera instancia en lo Civil Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recibido por este juzgado en fecha 30 de junio de 2005. En fecha 13 de junio de 2008, se observa la última diligencia suscrita por las partes, mediante la cual retiran copias certificadas, acordadas por este despacho en fecha 02 de junio de 2008. Por auto de fecha 06 de mayo de 2010 la juez temporal del tribunal se aboca al conocimiento de la causa. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; y el artículo 269 ejusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcrita, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el 13 de junio de 2008, fecha en la cual se evidencia la ultima actuación de las partes, hasta la presente fecha, efectivamente la causa estuvo paralizada más de UN (1) AÑO sin que las partes realizaran ningún acto de procedimiento, por lo que, en consecuencia, este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 6º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 7 de mayo de 2010. 200º y 151º. La Juez, Abg. Marisol Alvarado Rondón La Secretaria Abg.Yroid J. Fuentes L. En esta misma fecha, siendo las 10:08 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Abg.Yroid J. Fuentes L. Asunto: AH16-V-2005-000154