TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, quince (15) de noviembre de Dos Mil Diez (2010).
Años: 200º y 151º

ASUNTO: AH1B-M-2004-000076
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva.

PARTE DEMANDANTE: REPRESENTACIONES GIAM, C.A., sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Quinto V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 18 de diciembre de 1998, bajo el número 92, Tomo 270-A Qto, modificados los Estatutos Sociales siendo el último y vigente el inscrito por ante la citada oficina de Registro Mercantil de fecha 5 de septiembre de 2002, bajo el Nro. 28, Tomo 695-A Qto.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: ciudadanos VIRGINIA TENIAS MORA, CARMELA AMODIO, LEYDYS NAVA GONZALEZ y GERARDO VILLASMIL PARRA, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 31.827, 26.703, 34.626 y 34.624.
PARTE DEMANDADA: ciudadana NORIS DEL VALLE CONTRERAS, mayor de edad, venezolana, soltera y titular de la cédula de identidad Nro. V.- 8.165.015.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial alguno acreditado en autos.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMACIÓN).

I
Se inicia la presente demanda, introducida por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de abril de 2004, la cual le correspondió conocer a este Despacho. La referida demanda fue presentada por las ciudadanas CARMELA AMODIO y VIRGINIA TENÍAS MORA, mayores de edad, venezolanas, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 26.703 y 31.827, respectivamente, quienes actúan con el carácter de Apoderadas Judiciales de REPRESENTACIONES GIAM, C.A., sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Quinto V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 18 de diciembre de 1998, bajo el número 92, Tomo 270-A Qto, modificados los Estatutos Sociales siendo el último y vigente el inscrito por ante la citada oficina de Registro Mercantil de fecha 5 de septiembre de 2002, bajo el Nro. 28, Tomo 695-A Qto, incoada dicha demanda contra la ciudadana NORIS DEL VALLE CONTRERAS, mayor de edad, venezolana, soltera y titular de la cédula de identidad Nro. V.- 8.165.015.
Consignados como fueron los recaudos el día 30 de abril de 2004, este Juzgado mediante auto dictado en fecha 07 de mayo de 2004, procedió a admitir la presente demanda, ordenándose la intimación de la parte demandada.
En fecha 17 de mayo de 2004, comparece por ante este Juzgado la abogado VIRGINIA TENÍAS MORA, quien con el carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignando fotostatos del libelo de demanda y del auto de admisión a los fines de que se libre Boleta de Intimación. Seguidamente fecha 31 de mayo de 2004, este Tribunal acordó comisionar al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
El día 11 de junio de 2004, la abogado VIRGINIA TENÍAS MORA, quien con el carácter de apoderada judicial de la parte actora, dejó constancia de haber retirado el Oficio Nro. 6530-04 de fecha 31 de mayo de 2004.
Por auto de fecha 30 de junio de 2004, este Juzgado exhorto a la parte actora a consignar copia certificada del documento de propiedad del inmueble sobre el cual recaería dicha medida.
Mediante diligencia de fecha 23 de julio de 2004, la Apoderado Judicial de la parte actora solicito Medida Preventiva de Embargo hasta el monto necesario para garantizar las resultas de esta demanda.
En fecha 29 de septiembre de 2004, este Tribunal decretó Medida Preventiva de Embargo sobre los bienes propiedad de la parte demandada. Asimismo en fecha 06 de octubre de 2004, la abogada VIRGINIA TENIAS MORA, solicitó sea subsanado el error en el auto que decreto Medida Preventiva de Embargo.
El día 08 de octubre de 2004, este Tribunal ordenó dejar sin efecto el Oficio y despacho en fecha 29 de septiembre de 2004, y acordó librar un nuevo Oficio y Despacho al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de Medidas Preventivas y Ejecutivas del Municipio San Fernando de Apure.
El día 13 de octubre de 2004, la Apoderada Judicial de la parte actora solicito a este Juzgado se sirva enmendar el error material del Decreto de fecha 29 de septiembre de 2004, como en el Despacho de fecha 8 de octubre de 2004.
Por último en fecha ocho (8) de noviembre de 2010, el Dr. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ, se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encuentra.
II
Este Tribunal para decidir observa lo siguiente: Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, y por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes....”.

De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 330:
“…El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”

Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“…b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
…c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”

En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”

De la anterior norma parcialmente antes transcrita se infiere que el Legislador a previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas. En el caso que nos ocupa de una revisión realizadas a las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que el último acto del procedimiento efectuado por la parte demandante fue en fecha 21 de octubre de 2004, en la cual el apoderado judicial de la parte actora, retiró Oficio Nro. 7839-04 de fecha 15 de octubre de 2004 y Comisión; es decir, hace más de un (01) año, sin que conste en autos que la parte demandante haya impulsado en forma alguna la continuación del proceso. En consecuencia y en virtud de las circunstancias señaladas concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio se ha producido la perención anual, en razón de no haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por el transcurso de un (01) año. Y ASÍ SE DECIDE.-

III
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, y extinguido el proceso instaurado por Cobro de Bolívares (Por Intimación), incoado por REPRESENTACIONES GIAM, C.A., contra NORIS DEL VALLE CONTRERAS, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y Regístrese.-
Déjese Copia del presente fallo en el copiador de sentencia llevado por este Tribunal.-
Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil Diez (2.010). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. SHIRLEY CARRIZALES.

En esta misma fecha, siendo las 09:20 AM, se registró y publicó la anterior decisión y se dejó copia en el copiador de sentencias del tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Adjetiva Civil.
LA SECRETARIA,

ABG. SHIRLEY CARRIZALES.
Asunto: AH1B-M-2004-000076
Asunto Antiguo: 20952.
AVR/SC/Eliza.-