REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil CLINICA INTEGRAL MIRANDA C.I.C., C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha cuatro (04) de abril de dos mil siete (2.007), bajo el N° 26, Tomo 721-A-VII. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: RICARDO JOSE PAZ GONZALEZ, MANUEL ANDRES ROMERO AMPARAN, BERNARDO ANDRES PEINADO CIONI y XAMIRA GOYA TORRES, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el inpreabogado bajo los números: 110.273, 107.058, 107.003 y 124.444, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil MEDSURE C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha catorce (14) de marzo de dos mil tres (2.003), bajo el N° 90, Tomo 742-A-Qto. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA ADOLFO HENRIQUE LEDO NASS, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 79.803. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION). SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINTIVA. EXPEDIENTE No: AP31-M-2009-001071 I ANTECEDENTES El presente juicio se inició por demanda de COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION) interpuesta por el abogado en ejercicio RICARDO JOSE PAZ GONZALEZ, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil CLINICA INTEGRAL MIRANDA C.I.C., C.A., en contra de la sociedad mercantil MEDSURE C.A., todos plenamente identificados al inicio de la presente sentencia. En fecha 01 de diciembre de 2009, se admitió la demanda por este Juzgado ordenándose la intimación de la parte demandada, a los fines que compareciera ante este Juzgado dentro de los Diez (10) días de despacho, siguientes a que conste en autos su intimación, para que pague o acredite haber pagado las cantidades reclamadas. Mediante auto de fecha 08 de Diciembre de 2009, se ordenó abrir el correspondiente cuaderno separado de medidas. En fecha 16 de Diciembre de 2009, en el cuaderno separado de medidas, se decretó medida cautelar de embargo sobre bienes muebles propiedad de la demandada. En fecha 02 de Noviembre de 2010, se agregaron al cuaderno separado de medidas, las resultas de la práctica de la medida decretada en el juicio, realizada por el Juzgado Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De las resultas recibidas se evidencia que las partes del juicio, representadas por sus abogados celebraron transacción judicial con el objeto de poner fin al pleito existente, en los términos expuestos en el mencionado escrito que riela a los folios 26 al 28 del cuaderno de medidas. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien encontrándose este Juzgado en el lapso para decidir sobre la procedencia de la transacción presentada por las partes, el Tribunal pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes: En primer lugar, el Tribunal observa que efectivamente a los folios 26 al 28 del cuaderno de medidas cursa escrito contentivo de la transacción celebrada entre las partes. Por virtud de ello, se impone a este Tribunal analizar si en el caso de autos se han cumplido los requisitos objetivos y subjetivos de procedencia de tal actuación. De la revisión detallada del instrumento poder que cursa en los folios nueve (09) al diez (10) del cuaderno principal, se puede evidenciar claramente que los apoderados judiciales de la parte actora, tienen facultad expresamente conferida por sus mandantes para realizar en su nombre este tipo de actuaciones judiciales, pero es que además se observa que la parte demandada estuvo asistida de abogado en la transacción bajo análisis, razón por la cual el Tribunal observa que en el presente caso se ha cumplido el requisito subjetivo de procedencia de la transacción y así se declara. Asimismo, se observa que la Ley Adjetiva establece los requisitos que deben tomarse en cuenta a la hora de impartir la homologación y aprobación de estas actuaciones. Es así como los artículos 255 y 256, ambos del Código de Procedimiento Civil y al mismo tiempo los artículos 1.713 y 1.714 del Código Civil señalan lo siguiente: Articulo 255 C.P.C.: “La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada. Articulo 256 C.P.C.: “Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada conforme la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versa sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”. Articulo 1.713 C.C.: “La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Articulo 1.714 C.C.: “Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción”. Los artículos anteriormente transcritos, señalan de forma clara todos los parámetros legales que debe cumplir el acto de transacción para que el Tribunal pueda impartir su aprobación y, en el caso que nos ocupa, habiéndose leído detenidamente la transacción ocurrida en autos, este Juzgador observa que en efecto, las partes transaron sobre derechos disponibles de ambos, no siendo la materia sobre la que versa la transacción de las prohibidas por la ley para realizar estas actuaciones. En cuanto a la figura de la transacción, el procesalista patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en el Tomo II, Pág. 290 y 291, de su obra “Código de Procedimiento Civil”, señala lo siguiente: “La doctrina coincide en admitir que la transacción es un negocio jurídico sustantivo - o sea, no un acto procesal-, que establece un contrato entre las partes transigentes cuyo objeto es la causa o relación sustancial (lo que se discute, el objeto de litis) sometida a beligerancia en el juicio, y que por solventarla en virtud de mutuas concesiones, desaparece por vía de consecuencia la relación procesal conteniente (la discusión misma). En la transacción judicial debe verse una implícita y doble renuncia a las pretensiones procesales << El actor desiste de su pretensión (o parte de ella cuando, vgr., condena los intereses y parte del capital) y el demandado renuncia a su derecho de obtener una sentencia”. Según la opinión del tratadista, compartida por este Juzgador, es posible la realización de la transacción entre las partes, observando que, el objeto sobre el cual versa la misma es disponible y, no constituye materia respecto de la cual se prohíba a las partes transar, por lo que considera este Juzgado que en el presente caso se ha cumplido con el requisito objetivo exigido por la Ley para que proceda la homologación de la transacción celebrada. Por lo tanto, habiendo comprobado el Tribunal la materialización de los requisitos de validez exigidos por la Ley para que sea homologada la transacción presentada en el presente proceso, es por lo que este Juzgado actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, imparte la HOMOLOGACIÓN a la transacción celebrada entre las partes en fecha 11 de Enero de 2010 y así se decide.- En consecuencia, procédase como en sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.- III DISPOSITIVO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por virtud de la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN efectuada entre la Sociedad Mercantil CLINICA INTEGRAL MIRANDA C.I.C., y la sociedad mercantil MEDSURE C.A., todos plenamente identificados en el presente fallo, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatoria en costas.- PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en el salón de despacho del Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en la ciudad de Caracas, en el día de hoy ocho (8) de noviembre de dos mil diez (2010).- Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.- EL JUEZ TITULAR, Dr. JUAN ALBERTO CASTRO ESPINEL LA SECRETARIA, Abg. NAKARYD VALENTINA PINEDA En esta misma fecha, siendo las doce y treinta y seis minutos de la tarde (12:36 p.m.), se publicó y registró la decisión que antecede. Déjese copia de ésta sentencia en el copiador de sentencias interlocutorias e interlocutorias con fuerza de definitiva llevadas por este Juzgado, ello conforme lo preceptuado en el artículo 248 del Código de procedimiento Civil. LA SECRETARIA Abg. NAKARYD VALENTINA PINEDA Diario No. JACE/NVP/opg*