REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 29 de Octubre de 2010 200º y 151º PARTE INTIMANTE: JORGE LUIS CHAPARRO venezolano, mayor de edad, de este domicilio, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 22.481. PARTE INTIMADA: GUILLERMO ARANGUREN y MARIA ELENA ACOSTA, venezolanos, mayores de edad y de este domicilio. APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado constituido en autos. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES I Se inició la presente causa por demanda de Cobro de Bolívares presentada, por el ciudadano JORGE LUIS CHAPARRO, actuando en su carácter de endosatario en procuración de una letra de cambio para ser pagada sin aviso y sin protesto por los ciudadanos GUILLERMO ARANGUREN y MARIA ELENA ACOSTA, identificados al inicio del presente fallo. En fecha 24 de noviembre de 1993, se admite la demanda conforme a lo dispuesto en los artículos 647 y 648 del Código de Procedimiento Civil, intimándose a los ciudadanos GUILLERMO ARANGUREN y MARIA ELENA ACOSTA, a comparecer por ante el tribunal dentro de los Diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos que de la última de las intimaciones se hiciera, a fin de pagar, acreditar haber pagado o formular oposición a las cantidades intimadas. No habiendo resultado posible la intimación de los accionados se acordó por auto de fecha 06/12/1994, practicar la misma mediante carteles. II De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador. La doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad concediéndose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permitan a las partes emplear vías extrajudiciales. Al respecto el ilustre maestro Arístides Rengel Romberg señala que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”. Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”. En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. En el caso de autos, observa esta juzgadora que desde el día 06 de diciembre de 1994, fecha en la cual se ordenó la intimación por carteles de los accionados, hasta la presente fecha, no existe ningún acto de procedimiento realizado por la parte actora con el objeto de proseguir el proceso, evidenciándose que ha transcurrido más de quince años sin que el accionante efectuase actuación alguna, por lo que ha incumplido sus obligaciones, todo lo cual es traducido en inactividad procesal subsumible dentro del precepto previsto en el supra transcrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que, de conformidad con la referida norma, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 eiusdem. Así se decide.- III Por las razones expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el juicio que por Cobro de Bolívares, interpusiera el ciudadano JORGE LUIS CHAPARRO, contra los ciudadanos GUILLERMO ARANGUREN y MARIA ELENA ACOSTA, identificados al inicio del presente fallo. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre del año 2010. Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación. La Juez María Rosa Martínez Catalán La Secretaria Norka Cobis Ramírez En esta misma fecha, previo el anuncio de ley, se registró y publicó la anterior decisión. La Secretaria Norka Cobis Ramírez Angel