REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 6 de Octubre de 2010 200º y 151º ASUNTO: AH13-V-2007-000186 PARTE DEMANDANTE: ciudadanos MANUEL JACOBO VIZCAYA BLANCO y JULEIDA FELICIA MALDONADO ROMERO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y con cedula de identidad Nros. V-5.373.304 y V- 9.435.478, respectivamente. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogado ARGENIS RODRIGUEZ LIPORACI, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 55.625. PARTE DEMANDADA: INMOBILIARIA CAMPIÑA 26 FLORIDA PH C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de enero de 1998, bajo el Nº 56, tomo 184-A-QTO. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyo en autos apoderado alguno. MOTIVO: Cumplimiento de Contrato. - I - Síntesis del Proceso Se inicia el presente juicio por libelo de demanda de fecha 13 de diciembre de 2007, presentado por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través del cual los ciudadanos MANUEL JACOBO VIZCAYA BLANCO y JULEIDA FELICIA MALDONADO ROMERO, intenta demanda por Cumplimiento de Contrato, contra la sociedad mercantil INMOBILIARIA CAMPIÑA 26 FLORIDA PH, C.A. En diligencia de fecha 17 de diciembre de 2007, la parte actora consignó los recaudos señalados en el libelo de la demandada. Por auto de fecha 09 de enero de 2008, este Tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada previa consignación de los fotostatos. En fecha 30 de enero de 2008, la parte actora consigno fotostatos a los fines de que se expidiera compulsa. Por auto de fecha 11 de febrero de 2008, este Tribunal dejo constancia de haber librado compulsa a la parte demandada. En fecha 19 de febrero de 2008, el apoderado de la parte actora consigno sustitución de poder reservándose su ejercicio. En fecha 12 de marzo de 2008, el ciudadano alguacil dejo constancia de que le fue imposible practicar la citación encomendada. En fecha 24 de marzo de 2008, el apoderado de la parte actora solicito la citación por medio de carteles de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Por auto de fecha 26 de mayo de 2008, el ciudadano Juez se abobo al conocimiento de la presente causa. Asimismo se acordó la citación por cartel y se libro el respectivo cartel de citación. En fecha 09 de junio de 2008, el apoderado de la parte actora consigno carteles de citación publicados en los diarios El Nacional y El Universal. Riela al folio 41 diligencia de fecha 27 junio de 2008, del ciudadano secretario accidental dejando constancia de que se dio cumplimiento a las formalidades previstas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 07 de julio de 2008, el apoderado de la parte actora solicitó se designara defensor judicial. Por auto de fecha 25 de julio de 2008, se designó defensor judicial a la parte demandada y se libró boleta de notificación. En fecha 28 de noviembre de 2008, el apoderado de la parte demandada consigno poder y solicito se revocara la designación del defensor judicial. Por auto de fecha 12 de diciembre de 2008, se revoco el nombramiento del defensor judicial José Spano, y se designó al abogado Humberto Arenas, como defensor judicial y se libro boleta de notificación. En fecha 13 de julio de 2009, el apoderado de la parte actora solicito se practicara la notificación del defensor judicial. Por auto de fecha 21 de julio de 2009, se instó a la parte actora a que compareciera por ante la Coordinación de Alguacilazgo a gestionar la notificación. Después de la actuación de fecha 21 de julio de 2009, no se han observado en el expediente más diligencias por parte de la demandante. - II - MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, en virtud de lo antes trascrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Que desde el 21 de julio de 2009, fecha en que Tribunal instó a la parte a que compareciera por ante la Coordinación de Alguacilazgo a gestionar la practica de la notificación del defensor judicial, desde esa fecha no consta en autos que la parte actora haya impulsado la continuación de la causa, evidenciándose así la falta de interés del accionante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y visto asimismo que, desde el 21 de julio de 2009, hasta la presente fecha ha transcurrido en el presente procedimiento más de un (01) año, sin que se haya perfeccionado la notificación del auxiliar de justicia y sin que se le haya dado impulso procesal al presente juicio, forzosamente este Despacho debe concluir que, en el caso de autos ha operado la perención a la que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente: ...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” En este sentido ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político - Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso de autos, en fecha 21 de julio de 2009, se insto a la parte actora a que compareciera ante la Coordinación de Alguacilazgo, y evidenciándose que hasta la presente fecha, no consta en autos que se haya agotado la notificación del defensor judicial, a los efectos de trabar la litis, por la falta de actividad de la parte actora, quien tiene la carga procesal de gestionar que la citación se cumpla efectivamente, sino que debe realizar todas las actuaciones necesarias a los fines de la continuidad del juicio y en el caso de autos era impulsar la citación de la parte demandada actuaciones estas que no ha realizado. Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la cual en su Artículo 26, consagra la “gratuidad de la justicia” se ha interpretado que la única obligación impuesta a la parte actora respecto de la intimación del demandado, era la existente, bajo el imperio del Texto Constitucional de 1961, esto es, la de pagar el Arancel Judicial correspondiente, en virtud de que el Artículo 26 del Texto Constitucional garantiza, la gratuidad de la justicia lo cual viene ratificado en el Artículo 254 del referido texto el cual entre otras cosas establece lo siguiente: “El poder Judicial no esta facultado para establecer tasas de aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.” Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. En este sentido, como en el proceso se deduce la pretensión la cual está dirigida a un sujeto distinto de aquel, para que, esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable la relación jurídica procesal, lo cual se logra a través de la citación del demandado. La citación constituye una carga para el actor, que consiste en el llamamiento que hace el Juez que conoce de la causa para que, el demandado comparezca ante él. Son actos que el actor debe realizar por su propio interés, pues mediante su perfeccionamiento se logra la constitución de la relación jurídica procesal, la cual se hace necesaria para que el órgano jurisdiccional pueda decidir el conflicto de interés que se le ha planteado y satisfacer así la pretensión que ha sido deducida por medio de la sentencia válidamente dictada. Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor tendiente a que el órgano jurisdiccional pueda intimar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente a la aceptación de que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso. Entre los casos previstos en los cuales operaria la perención como consecuencia del comportamiento negligente de la o de las partes, se encuentra pautado por la Ley, una sanción a la inactividad del actor, en el sentido de ser él, el interesado en que se perfeccione la citación del demandado, a los fines de poder entablar la relación jurídica procesal, la falta de manifestación de ese interés propio es sancionado con la perención y adicionalmente, con la previsión contenida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, esto es; la inadmisibilidad “pro tempore” de la nueva demanda. Por tanto siendo que, la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, y que de conformidad con el Artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y el establecimiento de la relación jurídico procesal. Entre los actos que son necesarios para lograr la citación del demandado, se encuentra no solamente suministrar los fotostátos para la elaboración de la compulsa y poner a disposición del alguacil los emolumentos o recursos necesarios para gestionar la práctica de la citación del demandado, sino que el actor debe ser diligente a objeto de cumplir con su carga procesal circunstancia esta que no se verificó en el caso que nos ocupa, en virtud de que el actor no realizó actuación alguna para impulsar la practica de la citación del demandado, y así impulsar el juicio que a su solicitud bien se ha iniciado. En este sentido la previsión establecida en el Texto Constitucional acerca de la Justicia Gratuita se refiere en todo caso a la eliminación de los aranceles judiciales, pero en ningún caso a las demás cargas que surgen en el proceso para las partes involucradas en el mismo. Realizadas como ha sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgador concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales con posterioridad al día el 21 de julio de 2009, fecha en que Tribunal insto al apoderado de la parte actora compareciera ante la Coordinación de Alguacilazgo a gestionar la notificación del auxiliar de justicia, y en vista que hasta la presente fecha ha transcurrido por ante este Despacho más de un (01) año sin que se haya ejecutado algún acto de proceder por las partes, a los fines de impulsar la continuación de la causa, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. - III - DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los seis (06) días del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación. EL JUEZ, Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS. LA SECRETARIA, DIOCELIS PEREZ BARRETO. En esta misma fecha, siendo las 11:42:05 a.m. horas, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, DIOCELIS PÉREZ BARRETO.