TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, primero de octubre de dos mil diez
200° y 151°

N° DE ASUNTO AP21-L-2010-003760

PARTE ACTORA: Gabriela del Valle Gimenez, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 16.558.313.

APODERADO DE LA PARTE ACTORA: José Luis Torres Ramos, abogado inscrito en el IPSA bajo el Nro. 17.575.
PARTE DEMANDADA: GRUPO LATINOAMERICANO ACM, C.A.,

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA:

NO CONSTITUIDO EN JUICIO

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES

Tal como fue dispuesto por el acta de fecha 30 de septiembre de dos mil diez cursante al folio que antecede, se procede en la presente fecha siendo las 9:10 am; a sentenciar en forma oral conforme a la admisión de los hechos alegados por el demandante en su escrito libelar, en razón de la incomparecencia de la empresa demandada a la Audiencia Preliminar y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la juez dicta seguidamente el dispositivo del fallo, en los siguientes términos: se declara la admisión de los hechos alegados por la ciudadana GABRIELA DEL VALLE GIMENEZ en el juicio incoado en contra de la empresa GRUPO LATINOAMERICANO ACM, C.A., y así, se tienen por admitidos la totalidad de los hechos aducidos en el escrito libelar, en cuanto a que: a) existió una relación de trabajo entre la actora y la demandada; b) la actora prestó servicios personales, ocupando el cargo de Desarrollador I desde el 08-08-2008 hasta el 20-04-2010, en la empresa demandada; c) El motivo de la terminación de la relación de trabajo fue por retiro voluntario (renuncia); d) Que la actora ha gestionado el cobro extrajudicial de sus prestaciones sociales siendo infructuosos sus tramites; razón por la que ésta acude a la vía jurisdiccional a fin de reclamar el pago por parte del empleador de los derechos que le corresponden derivados de la existencia y terminación de la relación de trabajo, con respecto a: prestaciones sociales, vacaciones vencidas y fraccionadas, bono vacacional vencido y fraccionado; utilidades vencidas y fraccionadas, costas y costos del presente proceso, corrección monetaria, e intereses de mora. Así se establece.
Hechas estas consideraciones, quien decide, obligada como está a revisar la procedencia en derecho de las obligaciones de pago pretendidas por la accionante a tenor de lo que expresa en su escrito libelar, se observa como punto primero la DETERMINACION DE SALARIO MENSUAL: devengado por la ciudadana GABRIELA DEL VALLE GIMENEZ y admitidos como ciertos por la demandada, es como sigue:
1) entre 08-08-2008 al 20-04-2010: Bs. 2.100,oo ; Asi se establece.

Y siendo el salario diario el treintavo del salario mensual de conformidad con lo establecido en el artículo 140 de la Ley Orgánica del Trabajo, se infiere forzosamente que la determinación del salario diario debe realizarse de la siguiente manera:
1) Bs. 2.100 /30 = Bs. 70, oo diarios; Asi se establece.

Establecido lo anterior, tenemos que para determinar el salario diario integral que contenga la alícuota de utilidades y bono vacacional alegada por la trabajadora y admitido como cierto por la demandada, de conformidad con los artículos 108 y 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, se debe calcular tal como sigue: 60 días de utilidades divididos entre 360 días del año y multiplicados por el salario básico diario, resultan:
1) del 08-08-08 al 20-04-10 a razón de Bs. 70,oo diarios = Bs. 11,66. Asi se establece.

En cuanto a la alícuota del bono vacacional, a razón de 7 días anuales, más un (01) día adicional por cada año de servicio sucesivo, alegado por la trabajadora y admitido como cierto por la demandada, establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculados entre 360 días del año y multiplicados por el salario básico diario arroja la suma de:
1) del 08-08-08 al 08-08-09 a razón de Bs. 70,oo diarios = Bs. 1,36.
2) del 09-08-09 al 20-04-10 (8 meses fraccionados) a razón de Bs. 70,oo diarios = Bs. 1,55. Asi se establece.

Segundo punto: PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD, determinado como ha sido el salario diario y las alícuotas de bono vacacional y utilidades, se pasa a determinar el pago por el concepto de prestación de antigüedad a que se contrae el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esto es, a razón de cinco (05) días de salario integral por cada mes trabajado, después del tercer mes ininterrumpido de trabajo, hasta la fecha de la terminación de la relación de trabajo, (20-04-2010). En tal sentido, el tiempo de servicio de la trabajadora correspondiente entre su fecha de inicio y la fecha de la terminación de la relación de trabajo, es de 01 años, 08 meses y 12 días; equivalente a la siguiente operación aritmética:

Por lo que se condena al accionado al pago de la cantidad de SIETE MIL SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 7.064,30). Así se establece.

Asimismo se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de prestación de antigüedad adicional a que se contrae el 2do. aparte del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, a razón de dos (02) días de salario integral por cada año de servicio, o fracción superior de seis (06) meses acumulados hasta treinta (30) días de salario, procedente después del primer año de servicio, esto es:

Por lo que se condena al accionado al pago de la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 166,42) Así se establece.

Tercer Punto: Asimismo procede el pago de la diferencia de antigüedad según lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 108 de la Ley Sustantiva del Trabajo, por cuanto la accionante tenia más de seis (06) meses de servicio en el año en que se extingue la relación de trabajo, correspondiéndole 20 días de salario integral, calculados tal como sigue:

60 días (según literal c del articulo 108 LOT) - 40 días acreditados en la antigüedad acumulada = 20 días que multiplicados por el salario integral de Bs. 83,21 resulta a pagar la suma de Un Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Bolívares con Veinte céntimos (Bs. 1.664,20). Así se establece.

Cuarto Punto: INTERESES SOBRE PRESTACION DE ANTIGUEDAD: Se condena al pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, debiendo seguir los parámetros previstos en jurisprudencia de la Sala de Casación Social (caso Abigail Colmenares Gallegos contra C.A., de Seguros La Occidental) de fecha 02 de diciembre de 2008 con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, que señalo:

En cuanto a los intereses sobre la prestaciones sociales y/o fideicomiso y la corrección monetaria, se declaran procedentes y serán calculados a través de experticia complementaria del fallo que se realice para tal efecto, conforme lo establece el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será practicada por un sólo perito designado por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo que resulte competente, cuyos emolumentos serán sufragados por la parte accionada. El perito designado deberá servirse de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, para los intereses por prestaciones sociales; y de los índices de precios del consumidor (I.P.C.) para la indexación judicial o corrección monetaria.

No habiendo quedado establecido que al actor se le hubieran pagado intereses sobre la indemnización y la prestación de antigüedad, se condena a la demandada a pagar al actor los intereses devengados por la prestación de antigüedad desde el 05 de mayo de 1975 hasta el 03 de agosto de 1998, los cuales se calcularán mediante experticia complementaria del presente fallo, por un único experto designado por el Tribunal de la causa, el cual ajustará su dictamen a la aplicación del Parágrafo Cuarto del artículo 41 de la Ley del Trabajo de 1975, esto es, aplicará la rata establecida anualmente por el Banco Central de Venezuela en atención a los intereses pasivos del mercado de ahorro en el país, las condiciones del mercado monetario y la economía en general, para el período comprendido entre el 05 de mayo de 1975 al 30 de abril de 1991; aplicará lo establecido en el Parágrafo Primero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, esto es, aplicará una rata no menor a la fijada por el Banco Central de Venezuela tomando en cuenta los intereses pasivos del mercado de ahorro del país, las condiciones del mercado monetario y la economía en general, para el período establecido entre el 1 de mayo de 1991 al 18 de junio de 1997 y, para el periodo del 19 de junio de 1997 al 03 de agosto de 1998, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 en su literal c), a la tasa promedio entre activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos comerciales y universales del país, capitalizando los intereses.

Por consiguiente, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, a cargo de un único experto contable nombrado por el tribunal ejecutor quien deberá calcular los intereses sobre la prestación de antigüedad del periodo comprendido entre la fecha en que se inicio la relación de trabajo 08-08-2008, hasta el termino de la misma, 20-04-2010, conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 en su literal c), a la tasa promedio entre activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los 6 principales bancos comerciales y universales del país, capitalizando los intereses.

Quinto Punto: VACACIONES VENCIDAS: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de vacaciones vencidas del período comprendido entre 08-08-2008-09; lo cual equivale a 15 días hábiles de disfrute, equivalentes al pago de 21 días consecutivos a razón del último salario normal devengado, esto es, Bs. 70 diarios, ello de conformidad con el articulo 219 de la ley sustantiva del trabajo resultando la suma a condenar de Un Mil Cuatrocientos Setenta Bolívares sin Céntimos (Bs. 1.470,oo). Así se establece.

Sexto Punto: VACACIONES FRACCIONADAS AÑO 2010: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de vacaciones fraccionadas 2010, a razón de 16 días hábiles en proporción a cada mes completo de servicio prestado de conformidad con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, alegado por la actora en su libelo de la demanda, desde el 08-08-2009, hasta al termino de la relación de trabajo, es decir, 20 de abril de 2010, según la siguiente operación: 22 días consecutivos/12 x 8 meses= 14,66 días que multiplicados por el último salario normal devengado (Bs. 70), resulta la suma a condenar de Un Mil Veintiséis Bolívares sin Céntimos (Bs. 1.026,oo). Así se establece.

Asimismo, la accionante reclama el BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO en consecuencia se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de Bono Vacacional vencido año 2008-09; de conformidad con el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón de siete (07) días consecutivos más la fracción contenida en los ocho meses completos de servicios prestados entre el 08-08-2009, al 20-04-2010, según la siguiente operación aritmética: 08 días consecutivos/12 x 8 meses = 5,33 días que totalizados con el concepto antes referido, resulta en 12,33 dias multiplicados por el último salario normal devengado de Bs. 70,oo; equivale a OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOS (Bs. 863,10). Así se establece.

Septimo Punto: UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de utilidades vencidas correspondiente al año 2008, por consiguiente admitido como ha sido este concepto en base a 60 días, se condena al accionado a su pago por el salario normal devengado al mes de diciembre de 2008, esto es, Bs. 70; según la siguiente proporción: 60 / 12 x 4 meses del año 2008 = 20 días x Bs 70, equivale a Un Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 1.400,oo); de igual modo se condena el pago de las utilidades vencidas de conformidad con lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo en el año 2009 (de enero a diciembre 2009) esto es: 60 dias x Bs. 70 resulta a pagar la suma de Cuatro Mil Doscientos Bolívares (Bs. 4.200,oo) y finalmente se condena al pago de este concepto por la fracción del año 2010, es decir , por los meses completos de servicios prestados de enero a abril 2010; según lo siguiente 60 / 12 x 4 meses año 2010 = 20 dias x Bs 70, que equivale a Un Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 1.400,oo); totalizando la suma de SIETE MIL BOLIVARES, debiendo descontar de esta suma la cantidad de Bs. 2.100; por haber sido reconocido su pago por la accionante en el escrito libelar, concluyendo que procede el pago por el concepto en comento de CUATRO MIL NOVECIENTOS BOLIVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 4.900,oo) Así se establece.

Octavo Punto: Intereses moratorios y corrección monetaria: En cuanto a los intereses moratorios sobre la prestación de antigüedad se ordena la cancelación de los mismos, los cuales deberán ser calculados mediante la experticia complementaria antes mencionada, teniendo el experto la labor de cuantificar el pago de intereses moratorios, conforme lo prevé el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de acuerdo a las tasas establecidas para ello aplicando analógicamente el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, es decir, 20-04-2010, hasta la fecha en que el presente fallo se encuentre definitivamente firme debiendo acotar que no operará el sistema de capitalización sobre los mismos y para la corrección monetaria (indexación judicial) de las sumas condenadas, se ordena conforme lo ha dispuesto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008, en la cual estableció:

“…la Ley Orgánica Procesal del Trabajo recogió la jurisprudencia de esta Sala, que ya le atribuía al patrono que hubiese sido condenado al pago, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda como consecuencia de la inflación, durante la ejecución forzosa de la sentencia, máxime cuando tal demora le es imputable porque pudo darle cumplimiento voluntario al fallo y satisfacer así su deuda con el trabajador.

No obstante, esta Sala aprecia que, limitar la corrección monetaria al lapso de ejecución forzosa, implica una ruptura con los avances que en la materia se habían logrado por vía jurisprudencial, al desnaturalizar dicha figura jurídica. Como señaló la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 17 de marzo de 1993, a que se ha hecho referencia precedentemente, la indexación “debe restablecer la lesión que realmente sufre el valor adquisitivo de los salarios y prestaciones del trabajador por la contingencia inflacionaria, corrigiendo la injusticia de que el pago impuntual de las prestaciones se traduzca a una ventaja del moroso y en daño del sujeto legalmente protegido con derecho a ello”.

Cuando el trabajador, ante el incumplimiento culposo por parte del deudor de la obligación, activa los órganos de administración de justicia, deberá esperar el tiempo que necesariamente requiere la culminación del proceso –pese a que el nuevo proceso laboral destaca frente al anterior por haber acortado significativamente su duración, al inspirarse en principios de brevedad, celeridad y concentración, constituye una actividad dinámica que se desarrolla en el tiempo– para obtener un pronunciamiento judicial. Así, la fase de cognición de la causa podría implicar una demora en el cumplimiento del patrono, y, ante la improcedencia de la corrección monetaria durante ese lapso, es el trabajador quien soporta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en razón de la inflación –lo cual constituye una máxima de experiencia conteste con la consolidada jurisprudencia de este máximo Tribunal–, porque en definitiva recibe una cantidad inferior a la que se le adeudaba, desde el punto de vista de su poder adquisitivo y no nominal.

En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una cantidad igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al empleador, es indispensable que esa suma sea actualizada a través del mecanismo de la indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas causas que hayan comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.

En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de la demanda–, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la obligación.

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.

En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.

En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.

En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

Por lo que se debe ordenar el cálculo de la indexación monetaria de la suma total condenada con excepción de la prestación de antigüedad cuyo parámetro se estimará desde el término de la relación de trabajo; y para los demás conceptos su inicio será la fecha la notificación de la demandada, hasta el cumplimiento efectivo del presente fallo de conformidad con lo preceptuado en la norma del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por último, se debe dejar sentado que el experto deberá excluir de dicho cálculo, los lapsos sobre los cuales la causa se hubiere paralizado por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios, realizando el cómputo con base en los índices inflacionarios correspondientes fijados por el Banco Central de Venezuela. ASÍ SE ESTABLECE.

En razón de lo precedentemente considerado, este TRIBUNAL TRIGÉSIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: Primero: CON LUGAR la demanda que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos de índole laboral incoase la ciudadana GABRIELA DEL VALLE GIMENEZ en contra de la demandada GRUPO LATINOAMERICANO ACM, C.A., y así, condena a ésta al pago de la cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON DOS CÉNTIMOS (Bs. 17.154,02) resultante de la sumatoria de los conceptos admitidos y acordados a favor de la accionante. Segundo: Se ordena la práctica de una experticia complementaria del presente fallo, a los fines de la determinación de los intereses sobre prestaciones sociales, a cargo de un único experto contable nombrado por el tribunal ejecutor quien deberá tomar en cuenta para el cálculo las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el literal c del artículo 108 de la ley Orgánica del Trabajo, desde la fecha de inicio, esto es 08 de agosto de 2008, hasta la culminación de la relación de trabajo el 20-04-2010; capitalizando los intereses. De igual manera, se condena al pago de los intereses de mora y la indexación salarial sobre la suma condenada a partir del término de la relación de trabajo en cuanto a la prestación de antigüedad y para los demás conceptos a partir de la fecha la notificación de la demandada, hasta el cumplimiento efectivo del presente fallo de conformidad con lo preceptuado en la norma del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, excluyendo los lapsos sobre los cuales la causa se hubiere paralizado por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios, realizando el cómputo con base en los índices inflacionarios correspondientes fijados por el Banco Central de Venezuela. Tercero: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA
Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Tribunal Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a las 9:10 a.m. del día Primero (01) de Octubre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

DIOS Y FEDERACION

LA JUEZ
Abog. Ruth Pernia P.
LA SECRETARIA
Abog. Carla Orejarena

Nota: En esta misma fecha, cumplidas las formalidades de Ley, se dictó y publicó la presente decisión siendo la 9:10 a.m.

EL SECRETARIO