REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, de Septiembre de 2010 200º y 151º PARTE DEMANDANTE: INVERSIONES IBEPRO S.R.L.., Empresa Mercantil, de este domicilio, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de agosto de 1978, bajo el Nº 28, Tomo 105-A-Sgdo. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado Luís Alejandro González Cuevas, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 113.768. PARTE DEMANDADA: Ciudadana MARIELA CORREA, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 6.727.946, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado constituido en autos. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO EXPEDIENTE Nº: AH11-V-2007-000071/44387 Se inicio el presente juicio por demanda de RESOLUCION DE CONTRATO, intentada por el abogado Luís Alejandro González Cuevas, antes identificado, apoderado judicial de la parte actora, presentada ante el distribuidor de turno el 27-04-2007, correspondiendo el conocimiento del asunto a este juzgado, consignando instrumento de poder, contrato de arrendamiento entre la parte actora y la parte demandada, Resolución de fecha 27 de junio de 2002, que corre inserta en el expediente número 40.108 de la Dirección General de Inquilinato, del Ministerio de Infraestructura (MINFRA) y sentencia definitivamente firme de fecha 27 de Abril de 2004, que cursa en el expediente Nº 3932 del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 07 de mayo de 2007. Observa quien decide, que desde la fecha en que la parte actora consigno los documentos anexos al libelo de la demanda (07/05/2007), hasta la presente fecha, no existe actuación alguna. Si bien es cierto que una vez que ingresara el expediente a este tribunal, se debió emitir el auto a través del cual se admite o no el asunto sometido a su consideración, no es menos cierto que la parte actora debe expresar su interés en impulsar la causa. Al respecto cabe señalar la decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 1º de junio del año 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera, en la que se señaló: “Observa la Sala, que si en una acción de amparo, de naturaleza urgente para evitar se consolide una lesión en la situación jurídica del accionante, transcurre entre la interposición del escrito de amparo y la admisión del mismo, seis u ocho meses, sin que el quejoso pida al tribunal que cese en su indolencia, surge a la Sala la pregunta ¿cuál es el interés del querellante si han pasado más de seis meses de la fecha del escrito de amparo y no lo ha movido más?. Indudablemente, que aunque interrumpió la caducidad que señala el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sin embargo, después de tal interrupción se ha excedido en lo que era el plazo de caducidad para intentar la acción, y, ¿qué interés procesal puede tener quien así actúa, si ha dejado transcurrir igual tiempo que el que tenía para recurrir, sin ni siquiera instar la admisión del amparo?. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?”. (Negrilla de la Sala). Aplicando el criterio trascrito al caso que nos ocupa resulta forzoso concluir que habiendo transcurrido en el presente caso más de un año a contar desde la fecha en que la parte actora, consignó los documentos anexos al libelo de la demanda (07/05/2007), hasta la presente fecha, sin que éste haya instado a este órgano a fin de proceder a la admisión de la solicitud, debe impretermitiblemente declararse la PERDIDA DEL INTERES EN EL PRESENTE ASUNTO y como consecuencia de ello se ordena el archivo del presente expediente. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los días del mes de septiembre del año dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación. La Juez Dra. Maria Rosa Martínez La Secretaria Norka Cobis Ramírez En la misma fecha de hoy de septiembre 2010 siendo las 1:22 p.m., previo el anuncio de ley, se registró y publicó la anterior decisión. La Secretaria Exp. 44387 Norka Cobis Ramírez AH11-V-2007-000071 Andrés