REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas veintidós (22) de septiembre de 2010 200° y 151° ASUNTO N° AP21-R-2010-000680 PARTE ACTORA: LUIS ROA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 3.804.362. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JEANNETTE FUENTES, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 85.744. PARTE DEMANDADA: BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de enero de 1938, bajo el N° 30, tomo 1-B, cuya última modificación fue inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 5 de junio de 2001, bajo el N° 49, tomo 38-A-Cto. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: MARIA ALARCON, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 96.452. Se encuentran las presentes actuaciones en virtud de la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de fecha 23 de abril de 2010, dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En fecha 17 de septiembre de 2010, la representación judicial de la parte demandada consignan escrito transaccional debidamente notariado a los fines de dar por terminado la presente controversia. Así las cosas, visto el escrito de fecha 30 de agosto de 2010 suscrito por el ciudadano LUIS ROA GONZALEZ, debidamente asistido por la abogada JEANNETTE FUENTES; y por la abogada MARIA ALARCON, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, mediante el cual manifiestan haber llegado a un acuerdo transaccional, solicitando así se homologue el mismo. Pues bien; visto que las partes han manifestado haber llegado a un acuerdo transaccional con el objeto de terminar total y definitivamente el presente juicio y precaver cualquier otro litigio futuro por cualquiera de los conceptos demandados y contenidos en la transacción. En tal sentido, verificados como han sido los extremos legales, es decir, los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículos 10 y 11 del Reglamento de dicha Ley, así como de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de octubre de 2003, este Juzgado Superior, constatados como han sido los términos de la transacción, revisado como ha sido el poder del representante judicial de la demandada (y la autorización expresa para transar) y de la parte actora, los cuales facultad a los abogados actuante a celebrar transacción, y para disponer del objeto del litigio; que las partes han actuado en forma voluntaria y sin constreñimiento alguno y que de conformidad con la sentencia anteriormente señalada, debe entenderse que la transacción se ajusta a derecho, por lo que este Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: UNICO: LA HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO TRANSACCIONAL celebrado en fecha 30 de agosto de 2010 y consignado ante esta alzada en fecha 17 de septiembre de 2010 (cursante a los folios 285 al 296), al cual se le confiere efecto de cosa juzgada. Finalmente, esta Alzada, en su condición de autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, aplicándose las consecuencias previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes, y, se enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye, por una parte, la materialización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y por la otra una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas en el convenio suscrito, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131, 135, 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, se indica que, concluido como haya sido el lapso para que las partes ejerzan los recursos de Ley, se dará por terminando el presente proceso, siendo que verificada dicha fase el presente expediente será remitido a los la Coordinación de Secretaría a los fines de que sea remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente para los fines legales consiguientes. Finalmente respecto a la solicitud de copias certificadas, este Tribunal acuerda de conformidad y ordena expedir las mismas. Así se establece.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil diez (2010). Años: 200º y 151º, de la Independencia y de la Federación, respectivamente.- EL JUEZ MARCIAL MUNDARAY SILVA LA SECRETARIA NOTA: En la misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dictó y publicó la presente decisión.- LA SECRETARIA