REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 2 de Agosto de 2011 201º y 152º ASUNTO: AP11-V-2009-001127 DEMANDANTES: MARÍA VIRGINIA ISACC DE LEHMANN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.558.944. DEMANDADA: CECILIA LÓPEZ CONTRERAS VOLHMAR, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-27.382. APODERADOS DEMANDANTE: William Williams, John Henry Williams Pérez, María Virginia Guenni y María del Carmen Torres, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 1.003, 9.630, 55.357 y 55.343. DEFENSOR JUDICIAL: Erick Gamal Fuhrman Solórzano, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 65.725. MOTIVO: Prescripción Adquisitiva. - I - - SÍNTESIS DE LOS HECHOS - Corresponden las presentes actuaciones al conocimiento de este Juzgado, en virtud que en fecha 13 de octubre de 2.009, los abogados William Williams, John Henry Williams Pérez, María Virginia Guenni y María del Carmen Torres, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARÍA VIRGINIA ISACC DE LEHMANN, introdujo formal demanda por ante la Unidad de Recepción de Demandas y Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra la ciudadana CECILIA LÓPEZ CONTRERAS VOLHMAR, por acción de Prescripción Adquisitiva. Por auto de fecha 13 de octubre de 2.009, se admitió la presente demanda ordenando el emplazamiento de la demandada, para que compareciera por ante este Tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, a los fines de dar contestación a la demanda. Se libró edicto. En fecha 14 de diciembre de 2.009, compareció el Alguacil adscrito a este Circuito Judicial y mediante diligencia dejó constancia de la imposibilidad de citar personalmente a la parte demandada, por no poder ubicar el inmueble. En fecha 17 de diciembre de 2.009, el apoderado judicial de la parte actora solicitó mediante diligencia se efectúe la citación de la parte demandada mediante carteles, librándose al efecto el cartel de citación en fecha 07 de enero de 2.010. Consignó las respectivas publicaciones de los edictos en la prensa. Cumplidas las formalidades a que se contrae el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil –a saber, publicación, consignación y fijación- y vencido el lapso concedido a la parte accionada, el apoderado demandante solicitó el nombramiento de un Defensor Judicial, designándose al efecto al abogado Erick Gamal Fuhrman Solórzano, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 65.725. Debidamente notificado el mencionado auxiliar de justicia, compareció por ante este Tribunal y mediante diligencia suscrita en fecha 28 de julio de 2.010, aceptó el cargo recaído en su persona y prestó el juramento de Ley. Mediante diligencia suscrita en fecha 07 de octubre de 2.007, el Alguacil adscrito a este Juzgado dejó constancia de haber citado al defensor judicial, consignando el recibo de citación debidamente firmado. En la oportunidad de la litis contestación, el defensor judicial consignó escrito a través del cual alegó que realizó todas las gestiones pertinentes a los efectos de localizar a la parte demandada, como se evidencia de los telegramas que les envió, y le fue imposible contactarlos. Seguidamente, negó, rechazó y contradijo la presente demanda, tanto en los hechos narrados, como el derecho invocado. Acompañó los telegramas enviados a su defendida. En la oportunidad probatoria, sólo la parte actora promovió pruebas, siendo admitidas por providencia de fecha 09 de diciembre de 2.010. La parte demandante presentó sus informes, en fecha 20 de junio de 2.011. - II - - MOTIVACIONES PARA DECIDIR - Con vista a como ha quedado planteada la litis en el caso que nos ocupa, quien suscribe procede de inmediato a dictar sentencia en el presente asunto con los elementos existentes en los autos, conforme lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala: “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…” (Resaltado del Tribunal). En efecto, constituye principio cardinal en materia procesal aquél conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, “...sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.” (Principio de Veracidad o Dispositivo, contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil). El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para él no existe otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir. Lo resaltado constituye también el llamado Principio de Presentación, según el cual, el Juez no puede sacar elementos de convicción fuera de los autos (“quod non est in actis non est in mundo”: “lo que no está en las actas, no existe en el mundo”), limitando el precitado principio la función del Juzgador, ya que su decisión debe basarse en lo alegado y probado en autos por las partes. En concordancia con lo expuesto y conforme a lo señalado en el ordinal 5° del artículo 243 del Texto Adjetivo, que consagra el Principio de Congruencia, la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, lo que se traduce, en que, el Juez, está obligado a decidir sobre los argumentos planteados por las partes como fundamento de su pretensión, tanto en el libelo de la demanda como en la oportunidad de la contestación, quedando así, de esta manera, trabada la litis, razón por la cual, con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al debate que alterarían la relación procesal ya planteada. - De la Reposición de la Causa - Establecido lo anterior, y efectuado como ha sido el análisis exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente, no puede pasar por alto este Tribunal ciertos hechos relevantes para el presente procedimiento, los cuales pasa a indicar a continuación: tal y como fue narrado precedentemente, el Alguacil adscrito a este Circuito Judicial dejó constancia mediante diligencia suscrita en fecha 14 de diciembre de 2.009, de la imposibilidad de citar personalmente a la parte demandada, por no poder ubicar el inmueble (f. 85). De la declaración de dicho funcionario se desprende lo siguiente: “…dejo expresa constancia que en fecha 01/12/2009 y siendo las 11:50 a.m., me traslade a la siguiente dirección aportada en el libelo de la demanda, la cual es la siguiente: Urbanización Santa Cecilia, Quinta Antonieta, municipio Sucre, estado Miranda, con la finalidad de citar a la ciudadana CECILIA LOPEZ CONTRERAS VOLHMAR y una vez en la mencionada urbanización y exactamente en la caseta de vigilancia principal me comunico el vigilante JORGE GOMEZ, que desconoce de la quinta ya que no tiene registrada en el listado y que se hace necesario tener el numero de la calle, (…) siendo negativo la ubicación de la quinta, visto esto procedí a retirarme del lugar, así mismo consigno la referida compulsa.” Así las cosas, resulta oportuno destacar la importancia que tiene para el proceso el que los actos procesales se efectúen correctamente, observando las formas y validez de cada acto pues, cualquier falla que ocurra, puede afectar no sólo el acto en sí, sino a los subsiguientes que dependen de aquél. Por lo tanto, la nulidad procesal puede definirse como la desviación del acto que vicia la finalidad para la cual fue establecida por la Ley o cuando no se ha cumplido con las formas procesales esenciales a su validez. En el mismo orden de ideas, la consecuencia de la declaratoria de la nulidad de un acto es la reposición de la causa al estado de que en la misma sentencia señale, pero ésta, por los efectos que produce en los actos consecutivos al acto irrito, y muy especialmente en lo referente a la economía del proceso, por obra de la jurisprudencia, ha ido adquiriendo contornos cada vez más limitados y así se tiene sentado como rasgos característicos de la reposición los siguientes: 1) La reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsanarse de otro modo; pero no se declarará la nulidad del acto y la reposición, si éste ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. 2) Con la reposición se corrige la violación de la Ley que produzca un vicio procesal, y no la violación de preceptos legales, que tengan por objeto, no el procedimiento sino la decisión del litigio o de algunas de las cuestiones que lo integran, porque entonces el error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y aplicación que el Tribunal de alzada dé a las disposiciones legales que se pretenden violadas. 3) La reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha Diecinueve (19) de Marzo de 1.998, con ponencia del Magistrado Dr. Héctor Grisanti Luciani). Para el procesalista Arístides Rengel Romberg “...en la cadena del proceso, algunos actos son causalmente dependientes del que le precede, a tal punto que la nulidad de éste, afecta la validez de los actos consecutivos que dependen de él”. Se distinguen así en nuestro sistema los efectos que produce la nulidad de un acto aislado del procedimiento, de aquéllos que produce la nulidad de un acto del cual dependen los que le siguen. La nulidad de los actos consecutivos a un acto irrito, se produce cuando éste, por disposición de la Ley, sea esencial a la validez de aquéllos, o cuando la misma Ley preceptúa especialmente tal nulidad. Se entiende entonces que un acto es esencial a la validez de los que le siguen, cuando éstos son causalmente dependientes de aquél y, por ello, la nulidad del acto que les sirve de base o fundamento los afecta necesariamente. En estos casos se produce la llamada reposición de la causa, esto es, la restitución del proceso al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad, anulándose todo lo actuado desde aquel momento. Ciertamente, en el caso bajo estudio, puede constatarse que al no poder verificarse de autos el agotamiento de la citación personal de la parte demandada, ciudadana CECILIA LÓPEZ CONTRERAS VOLHMAR se produce un vicio, el cual es necesario corregir a los fines de procurar la estabilidad del juicio, y siendo que en el ámbito jurídico, el orden público tiene especial importancia por tratarse de ese conjunto de normas obligatorias que tutelan un interés o beneficio que la Ley concede, como expresión del equilibrio en la sociedad y con fundamento en la necesidad de resguardo y protección de los derechos, considera este Juzgador que resulta procedente y ajustado a derecho, en aras de amparar el derecho a la defensa y el debido proceso consagrados en nuestra Ley Fundamental, decretar la Reposición de la Causa al estado de practicarse la citación personal de la ciudadana CECILIA LÓPEZ CONTRERAS VOLHMAR, quedando en plena vigencia y valor, tanto el edicto librado en fecha 24 de noviembre de 2.009, como las demás formalidades cumplidas y relativas a los artículo 692 y 231 del Código de Procedimiento Civil, y cumplida que sea la formalidad de la citación ordenada, comenzará a computarse el lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda. De la misma manera, se hace procedente declarar la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la diligencia cursante al folio 85, suscrita en fecha 14 de diciembre de 2.009, por el ciudadano Nelson Paredes, Alguacil adscrito a este Circuito Judicial. Así se establece. - III - - D E C I S I Ó N - Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por Prescripción Adquisitiva intentó la ciudadana MARÍA VIRGINIA ISACC DE LEHMANN, contra la ciudadana CECILIA LÓPEZ CONTRERAS VOLHMAR, ambas ya identificados en esta sentencia, decide así: PRIMERO: Se REPONE LA CAUSA al estado de practicarse la citación personal de la ciudadana CECILIA LÓPEZ CONTRERAS VOLHMAR, quedando en plena vigencia y valor, tanto el edicto librado en fecha 24 de noviembre de 2.009, como las demás formalidades cumplidas y relativas a los artículo 692 y 231 del Código de Procedimiento Civil, y cumplida que sea la formalidad de la citación ordenada, comenzará a computarse el lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda. De la misma manera, se hace procedente declarar la nulidad de todas las actuaciones posteriores a la diligencia cursante al folio 85 de este expediente, suscrita en fecha 14 de diciembre de 2.009, por el Alguacil adscrito a este Circuito Judicial. SEGUNDO: Se ordena la notificación de las partes, conforme a lo previsto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los 2 de Agosto de 2011. 201º y 152º. El Juez, Dr. César A. Mata Rengifo La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut En esta misma fecha, siendo las 12:47 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut Asunto: AP11-V-2009-001127 CAM/IBG/Lisbeth