REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO DECIMOCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Años: 201º y 151° No. AP31-V-2011-001533. DEMANDANTE: El ciudadano JOSE LUIS FERNANDES DE ABREU, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-25.053.271, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio JOSE RAFAEL QUINTANA ROSALES, IPSA No. 78.166. DEMANDADO: El ciudadano MIGUEL MORA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-3.192.648. Sin apoderado judicial constituido. MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS I Se inicia este procedimiento mediante libelo de demanda interpuesto por el ciudadano JOSE LUIS FERNANDES DE ABREU, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-25.053.271, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio JOSE RAFAEL QUINTANA ROSALES, IPSA No. 78.166, contra ciudadano MIGUEL MORA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-3.192.648, por DAÑOS Y PERJUICIOS, correspondiéndole el conocimiento de la presente causa a este Juzgado Decimoctavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Como hechos constitutivos de la pretensión procesal sometida a la consideración de este Tribunal, afirma el demandante entre otras cosas lo siguiente: a) Que en fecha 28/09/2009, las 09:00, a.m., el ciudadano FRANCISCO DE LOS REYES BENAVENTA, titular de la cédula de identidad No. 3.582.553, conducía el vehiculo de mi propiedad, marca RENAULT, Placas AF2-998, por la Avenida Fuerzas Armadas, en dirección norte sur, a la altura de Roca Tarpeya después del elevado del Helicoide, cuando intespectivamente el vehículo marca FORD, Placas AB6-485, conducido por el ciudadano JORGE CASTILLO, titular de la cédula de identidad No. V-13.715.526, siendo propietario de dicho vehículo el ciudadano MIGUEL MORA (antes identificado), el cual maniobrando en forma imprudente chocó violentamente con el primero de los mencionados, causándole un impacto tal que causó varios daños al mismo, el valor de los daños ocasionados al vehículo de mi propiedad asciende a la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 4.800,00), según experticia levantada por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre. b) Que el ciudadano MIGUEL MORA, propietario del vehículo que impactó por la parte trasera al de mi propiedad, me ha hecho saber que su vehículo tiene una Póliza de Responsabilidad Civil, con la Compañía Cooperativa Garantía 456, R.L., habiéndose ofrecido la cantidad de SEISCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 600,00), lo cual no cubre ni siquiera el costo de la pintura utilizada. c) Que agotada como ha sido la vía extrajudicial a los fines de lograr que se le indemnice por el daño causado, es por lo que acude por ante este Tribunal para demandar como en efecto lo hace formalmente al ciudadano MIGUEL MORA, titular de la cédula de identidad No. V-3.192.648, para que le pague, la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES FUERTES, (Bs. F. 4.800,00), por concepto de daños ocasionados a su vehículo, más lo que por lucro cesante le corresponde por un monto de UN MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,00), estimándose la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 5.8000,00). Consignados los documentos fundamentales de la pretensión, el Tribunal en fecha 21/06/2011, admitió la demanda, ordenando citar a la parte demandada ciudadano MIGUEL MORA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-3.192.648, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 08/08/2011, mediante diligencia suscrita por el Abogado JOSE FERNANDES, titular de la cédula de identidad No. V-25.053.271, debidamente asistido por el Abogado JOSE QUINTANA, IPSA No. 78.166, consignó copias fotostáticas para la elaboración de la compulsa respectiva. Vistas las actuaciones que conforman el presente expediente, el Tribunal observa lo siguiente: la Perención de la Instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; Esta Institución es, por tanto, de orden publico, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el Tribunal todo lo cual resalta un carácter imperativo. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencia constituye una sanción contra el litigante negligente, por que si bien el impulso procesal es oficioso, según lo preceptuado en el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, cuando no se cumpla, aquél debe estar listo a instarle a fin de que el proceso no se detenga, de lo contrario atenderá las consecuencias jurídicas causadas por conducta negligente, como anteriormente se señalo. Contempla el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “…omissis… Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención… También se extingue la instancia:…1° Cuando trascurrido treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demando…2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea la practicada la citación del demandado…3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla…” De acuerdo con los ordinales del artículo en comento, se dan tres modalidades: (1) La perención genérica, ordinaria por mera inactividad o inactividad genérica que es aquella por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto en el procedimiento por las partes; (2) La perención por inactividad citatoria, se produce por incumplimiento del actor de sus obligaciones para que sea practicada la citación del demandado; y por último (3) La perención por reasunción de la litis, que es aquella que se realiza cuando los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa ni dado cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley para proseguirla. Como colorario a lo antes expuesto y a mayor abundamiento la Sala de Casación Civil estableció recientemente, bajo ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ, caso JOSE RAMON BARCO VÁSQUEZ contra La Sociedad de Comercio SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL, lo siguiente: “(…Omisis…) En relación a lo transcrito el artículo 267 ordinal 1º, de la Ley Adjetiva Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención. En este sentido se pronunció la sentencia Nº. 172, de fecha 22 de junio de 2001, expediente Nº.00-373, en el juicio de Raúl Esparza y otra contra Marco Puglia Morgguese y otros, cuyo texto reza: (...Omissis...) El ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perención de la instancia, que el actor no cumpla con las obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. La mención de la palabra obligaciones en la norma en comento está en plural. Por argumento en contrario, como antes se refirió, si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con las obligaciones...’ (…Omisis…) A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos. (...Omissis...) Ahora bien, como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzcan para su declaratoria: (i) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, y (ii) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada, cuales eran la de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, como es el pago de las copias fotostáticas de la demanda que se adjuntará a la orden de comparecencia. Ahora bien, en el presente caso de autos, la demanda se admitió en fecha 21/06/2011, según se evidencia al folio (12), sin que dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, la parte actora proporcionara al Alguacil los medios y recursos necesarios para la practica de la citación de la parte demandada, así como tampoco cumplió ninguna otra de las obligaciones para citar a la parte demandada, por lo que de acuerdo a la sentencia citada, en el presente caso ha operado la Perención Breve de la Instancia, la cual opera de pleno derecho y es irrenunciable por las partes, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 Ejusdem, produciéndose en consecuencia, los efectos indicados en el artículo 271 ibidem. Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatoria en costas. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE la presente decisión. Dada, firmada y sellada en Caracas, a los (11) días del mes de Agosto del año 2011. Años 201° y 152°. LA JUEZ TITULAR DRA. LORELIS SANCHEZ LA SECRETARIA ACCIDENTAL En esta misma fecha, siendo las 10:00, a.m., se registró y publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA ACCIDENTAL EXP. No. AP31-V-2011-001533. LS/jc.