TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 14 de diciembre de 2011
201º y 152º

SENTENCIA N° PJ0082011000225
ASUNTO: AF48-U-2002-000063
ASUNTO ANTIGUO: 2002-1786

Recurso Contencioso Tributario
Vistos: con informes de la Administración Tributaria
Recurrente: COMERCIAL J & R 2000, C.A., domiciliada en Galpón 4B, Local 11, Mercabar, Barquisimeto, Estado Lara.
Representante de la recurrente: Jorge Graterol, titular de la cédula de identidad Nº 5.130.636, asistido por el Abogado John Alexander Aranguibel Castellanos, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 60.096.
Administración Tributaria recurrida: Gerencia Jurídico Tributaria del extinto Ministerio de Hacienda.
Actos Recurridos: Resolución de multa Nº HRCO-621-F-014, de fecha catorce (14) de junio de 1995, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental, y la Resolución Nº HGJT-A-1015, de fecha cinco (05) de octubre de 2000, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del extinto Ministerio de Hacienda.
Representación de la Administración Tributaria: Abogado Freddy Suárez Alcalde, titular de la Cédula de identidad Nº 11.880.708, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 68.053.
Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor.
I
RELACIÓN CRONOLÓGICA

Se inicia este procedimiento mediante Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico interpuesto por el Ciudadano Jorge Graterol, titular de la cédula de identidad Nº 5.130.636, actuando en su carácter de representante legal de la contribuyente COMERCIAL J & R 2000, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el Nº 58, Tomo 6-A, en fecha 26-10-1993, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-301423801, debidamente asistido por el Abogado John Alexander Aranguibel Castellanos, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 60.096, por ante la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental, para conocimiento de la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual posteriormente mediante oficio Nº GJT-DRAJ-J-2001-7267, de fecha treinta y uno (31) de diciembre de 2001, remitió el presente asunto al Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde fue recibido en fecha 02-04-2002, el cual actuando como repartidor único asignó su conocimiento a este Tribunal, donde fue recibido en fecha dieciocho (18) de abril de 2002, y se le dio entrada mediante auto de fecha veinticuatro (24) de abril del mismo año, por el que se ordeno librar boletas de notificación al contribuyente, así como a los Ciudadanos Contralor y Procurador General de la República.
A los fines de practicar la notificación de la contribuyente, se ordenó comisionar al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Las boletas de notificación del Procurador y Contralor General de la República fueron cumplidas y agregadas a los autos.
En fecha treinta (30) de septiembre de 2002, fue recibido el oficio Nº 2002/337, proveniente del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante el cual remite boleta de notificación que se le librara a la contribuyente, sin firmar.
Por auto de fecha nueve (09) de octubre de 2002, se ordenó librar Cartel de notificación a la contribuyente, el cual se fijó a las puertas del Tribunal.
En fecha quince (15) de noviembre de 2002, se admitió el presente recurso.
En fecha cinco (05) de marzo de 2003, venció el lapso probatorio, y se dejo constancia de la oportunidad en que las partes debían presentar sus informes.
En fecha once (11) de abril de 2003, el representante de la Administración Tributaria consignó su escrito de informes.
El día once (11) de abril de 2003, concluyó la vista en la presente causa.
Mediante diligencias de fecha 28-06-2005; 17-09-2007 y 29-10-2008, la representante de la Administración Tributaria, solicitó se dictara sentencia en la presente causa.
Mediante auto de fecha siete (07) de noviembre de 2011, la Ciudadana Dra. Doris Isabel Gandica Andrade, Jueza Titular de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa y ordenó notificar a la contribuyente mediante cartel publicado a las puertas del Tribunal.

II
DEL ACTO RECURRIDO

Resolución de multa Nº HRCO-621-F-014, de fecha catorce (14) de junio de 1995, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental, mediante la cual se le impuso multa a la contribuyente por la cantidad de Bs. 1.538.000,00, ahora reexpresados en Bs. 1.538,00, así como clausura del establecimiento por un término de quince (15) días como pena accesoria; y la Resolución Nº HGJT-A-1015, de fecha cinco (05) de octubre de 2000, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del extinto Ministerio de Hacienda, mediante la cual se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente en contra de la Resolución supra identificada.

III
ALEGATOS DE LAS PARTES

1. La Recurrente.
El representante legal de la recurrente en su escrito recursivo expuso:
Que la Resolución Nº HRCO-621-F-014, fue emitida de conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Código Orgánico Tributario vigente ratione temporis, y que de conformidad con los numerales 3, 7 y 8 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, todo acto administrativo debe contener entre otros: lugar y fecha de emisión y firma del funcionario competente, y que en el presente caso carece el acto recurrido de tales requisitos.
Alega que en el acto recurrido se le sanciona de conformidad con el artículo 106 ejusdem, por no haber presentado los libros respectivos, siendo que del acta de recepción Nº HRCO-621-PFC-07, se desprende que fueron presentados al fiscal actuante, y que el Libro de Compras si se encontraba actualizado para el momento en que se practicó la fiscalización.
Manifiesta que el Acta de Recepción se encuentra viciada de nulidad absoluta, por cuanto no indica los artículo que contravino su representada, ni la aplicación de la sanción impuesta, siendo que a su parecer tal omisión conlleva a que el acto recurrido no tenga consecuencias jurídicas y dejan a su representada en estado de indefensión.
Igualmente acota que entre la Resolución recurrida y el Acta de Recepción existe contradicción, ya que la Resolución menciona que no se llevaban los Libros de Compras, siendo esto falso, por cuanto consta en el Acta de Recepción que si le fueron presentados dichos Libros a la Administración Tributaria.
Agrega que el acto recurrido citaba que contra el se podía ejercer el Recurso correspondiente, pero que al mismo momento en que se le notificó la Resolución recurrida, se procedió a la clausura del establecimiento, siendo a su parecer que se le causaba un estado de indefensión.

2. La Administración Tributaria.
En la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de los informes, el representante de la administración tributaria expuso:
En cuanto al alegato explanado por el recurrente, referente a que la multa se encuentra viciada de nulidad absoluta, el representante de la Administración Tributaria, aduce que si bien es cierto que en la Resolución recurrida en su parte posterior se lee: Barquisimeto, y hay un especio en blanco donde acostumbradamente se pone la fecha de emisión, no es menos cierto que en la página tres de la referida Resolución aparecen los datos del notificado, siendo entonces que el acto recurrido no tiene fecha de emisión pero si fecha de notificación.
Después de hacer trascripción del artículo 149 del Código Orgánico Tributario vigente ratione temporis, señala que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en cuanto a los vicios que pueden afectar la licitud de los actos administrativos, establece dos categorías de invalidez, distinguiendo entre actos nulos y anulables, agrega que son sólo aquellas irregularidades que se identifiquen con la violación directa de la Constitución, la falta de elementos esenciales del acto, infración grosera de la Ley, la incompetencia manifiesta del funcionario, la trasgresión de normas legales establecedoras de conductas prohibidas etcétera, las que aparejan insoslayablemente la nulidad de los actos administrativos, mientras que los demás efectos revisten causas de anulabilidad.
Menciona que la fecha a partir de cual comienzan a computarse los lapsos, para la interposición de recursos, es la fecha en la cual fue notificado el acto administrativo.
En cuanto a la falta de firma autógrafa, después de hacer trascripción del numeral 8 del artículo18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, señala que el original del acto debe contener la firma autógrafa del o de los funcionarios actuantes, y en los casos en los cuales la frecuencia de ciertos actos lo justifiquen se podrá disponer, mediante Decreto del Presidente de la República, que la misma sea estampada por medios mecánicos, es por lo que el representante de la Administración Tributaria estima improcedente el alegato referido a la nulidad del acto por falta de firma autógrafa del funcionario actuante.
En cuanto al alegato explanado por el recurrente, referente a que el acto esta viciado de nulidad por no señalarse la normativa quebrantada, y la existencia de incongruencia entre la Resolución y el Acta de Recepción, el representante del ente recurrido manifiesta, después de hacer trascripción de jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la otrora Corte Suprema de Justicia, que existen dos tipos de actos los cuales son los definitivos y los de mero trámite, pudiendo ser los primeros recurribles tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, mientras que los segundos no lo son, al menos que pongan fin al procedimiento, resultando en consecuencia que el Acta de Recepción no es recurrible por no crear obligaciones tributarias, sólo constituye un acto preparatorio, y que es por lo que resulta improcedente el alegato de la recurrente.
Agrega que el contribuyente no aportó prueba alguna que desvirtué lo afirmado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental, pues sólo alegó que los Libros se encontraban registrados.
Como ultimo solicitó se declare sin lugar el recurso interpuesto.

IV
DE LAS PRUEBAS

I. Pruebas de la parte Recurrente.
La parte recurrente no promovió pruebas.
II. Pruebas de la administración tributaria.
En la presente causa, el órgano recurrido, Gerencia Jurídico Tributaria del extinto Ministerio de Hacienda, no promovió pruebas.

Sin embargo esta juzgadora observa que examinadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, se pudo constatar que fue consignado copias certificadas del expediente administrativo de la recurrente, el cual los documentos que lo integran son actos administrativos por lo que se le otorga fuerza probatoria plena, en los límites de la presunción de veracidad que lo rodea, mientras no se pruebe lo contrario. Con respecto a los instrumentos que lo contienen, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en su jurisprudencia ha establecido que los instrumentos contentivos del Expediente Administrativo pertenecen a la categoría de “documentos administrativos” los cuales son considerados como una tercera categoría documental, intermedia entre los instrumentos públicos y los privados, cuyo contenido se considera fidedigno salvo prueba en contrario, resultando aplicables para su valoración las reglas contenidas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia esta juzgadora le otorga pleno valor probatorio.
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Planteada la controversia en los términos expuestos, este Tribunal observa que la cuestión planteada se circunscribe a): Verificar la legalidad de los Actos Administrativos recurridos. b) Determinar si los actos recurridos adolecen o no del vicio de inmotivacion. c) Determinar si en el presente caso la Administración Tributaria vulneró o no el Derecho a la Defensa del contribuyente.

Punto Previo:
Como punto previo esta sentenciadora considera oportuno revisar sobre la perdida de interés en el presente proceso y en este sentido se observa:

Se desprende del auto de entrada de fecha veinticuatro (24) de abril de 2002, Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico, ejercido en contra de los siguientes actos administrativos:
Resolución de multa Nº HRCO-621-F-014, de fecha catorce (14) de junio de 1995, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental, mediante la cual se le impuso multa a la contribuyente por la cantidad de Bs. 1.538.000,00, ahora reexpresados en Bs. 1.538,00, así como clausura del establecimiento por un término de quince (15) días como pena accesoria; y la Resolución Nº HGJT-A-1015, de fecha cinco (05) de octubre de 2000, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del extinto Ministerio de Hacienda, mediante la cual se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente en contra de la Resolución supra identificada.

Igualmente se desprende que del auto de fecha once (11) de abril de 2003, concluyo la vista en la presente causa, no observándose que la contribuyente le haya dado impulso procesal hasta la presente fecha.

Ahora bien, visto lo anterior considera importante quien aquí juzga revisar la presunta perdida de interés procesal en que ha incurrido la accionante en la presente causa, y a tales efectos es importante analizar lo que al respecto ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; Así vemos que en ponencia de la Magistrada: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO en el Expediente N° 07-0224 la sala ha establecido el siguiente criterio:

“El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.

El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:

“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.

En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide”.

Del mismo modo la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal de justicia con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondon Haaz en el expediente No 00-2064 respecto a la pérdida de interés procesal ha establecido:
Analizadas como fueron las actas procesales, esta Sala observa que, en la presente causa, desde el 2 de diciembre de 1982, oportunidad cuando se presentó ante la Corte en Pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia el escrito contentivo de demanda de nulidad, no consta en autos que se realizara alguna otra actuación procesal hasta el 26 de junio de 2000, ocasión cuando la Corte en Pleno acordó remitir las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional; y por cuanto han transcurrido más de dieciocho (18) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.

Esta Sala, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, s. nº 956) al referirse al interés procesal señaló:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.” (Subra-yado añadido)
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora no instó de manera alguna el inicio del proceso, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo asentado en la sentencia ut supra transcrita, esta Sala Constitucional declara terminado el procedimiento por pérdida del interés procesal. Así se declara.”

Igualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, s. N° 956 al referirse al interés procesal señaló:

“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.” (Subra-yado añadido)

En este mismo orden de ideas la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero en el expediente No. 2004-2540 en la sentencia No. 01753 de fecha 03-12-2009 se estableció:

“De conformidad con el criterio jurisprudencial antes transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En consecuencia, por cuanto en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del recurso y, sin embargo, la parte demandante dejó de instar para que ello se produjese; esta Sala declara extinguida la acción por pérdida de interés, con base en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”

En criterio reciente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la perdida de interés procesal en Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 se estableció:

“Ha sido criterio pacífico y reiterado de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias Nros. 650 del 6 de mayo de 2003, 1.473 del 7 de junio de 2006, 645 del 3 de mayo de 2007 y más recientemente, 00312 y 00361 del 4 y 18 de marzo de 2009, respectivamente), en lo que a la perención se refiere, lo siguiente:
“… la perención se produce aun en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, entendiéndose tal estado como el referido a la decisión de fondo.”

Así pues, con fundamento en lo expuesto, la Sala en distintas oportunidades ha decretado la perención de la instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o 267 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la decisión de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal N° 1.466 de fecha 5 de agosto de 2004, en la cual se desaplicó por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, inclusive en aquellas causas judiciales que se encuentran en estado de admisión, por cuanto nada impide a la parte recurrente diligenciar para solicitar la decisión correspondiente sobre la admisión de su recurso. (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 01378 de fecha 5 de noviembre de 2008).
Ahora bien, un estudio más detallado del asunto debatido conlleva a realizar un replanteamiento del criterio antes expuesto, en atención a la sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2009, que ratificó el criterio consagrado en el fallo de esa misma Sala Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.) y en el cual se señaló:
“… El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.” (Resaltado de esta Sala).
Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar sentencia.
Así las cosas, una vez verificado que en la causa bajo examen no hubo pronunciamiento respecto de la admisión del procedimiento de Oferta Real y Depósito y visto que la parte actora dejó de instar para que ello se produjese, esta Sala declara extinguida la acción en el presente caso por pérdida de interés, con fundamento en la sentencia Nº 416 del 28 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.”. Sentencia No 00010 de fecha 13-01-2010 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Declarado lo anterior y analizadas como fueron las actas procesales, esta sentenciadora observa que, en la presente causa, desde el once (11) de abril de 2003, oportunidad en que este tribunal declara concluida la vista de la presente causa, no consta en autos que se realizara alguna actuación procesal por parte del accionante del presente Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico, hasta la presente fecha, ocasión en que esta sentenciadora dicta la presente decisión; y por cuanto han transcurrido más de seis (6) años sin que se hubiere realizado actuación alguna por parte del Ciudadano Jorge Graterol, titular de la cédula de identidad Nº 5.130.636, actuando en su carácter de representante legal de la contribuyente COMERCIAL J & R 2000, C.A., se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.

Ahora bien, el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, entendiéndose con clara evidencia que uno de los requisitos, como elemento de la acción, deviene del interés procesal; así, el interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia, no es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Así lo han expresado en diferentes criterios la Sala Constitucional y la Sala Político Administrativa de nuestro máximo tribunal de justicia.

Siguiendo este criterio la doctrina ha mantenido según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”

De lo anterior se puede determinar que el interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.

Visto así, y tomando en consideración lo expuesto por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción; como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe.

De acuerdo con lo expuesto es evidente que, en la presente causa, la parte actora no instó de manera alguna al Tribunal para que se dictara la decisión correspondiente, por lo que resulta forzoso para esta sentenciadora declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento.

En consecuencia, esta sentenciadora considera inoficioso entrar a conocer sobre el fondo de la controversia y de conformidad con lo anteriormente expuesto, se declara terminado el procedimiento por decaimiento de la acción. Así se decide.

VI
DECISIÓN
Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio, y por las razones que han sido expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, correspondiente al Recurso Contencioso Tributario subsidiario al jerárquico interpuesto por el Ciudadano Jorge Graterol, titular de la cédula de identidad Nº 5.130.636, actuando en su carácter de representante legal de la contribuyente COMERCIAL J & R 2000, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el Nº 58, Tomo 6-A, en fecha 26-10-1993, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-301423801, debidamente asistido por el Abogado John Alexander Aranguibel Castellanos, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 60.096, en contra de la Resolución de multa Nº HRCO-621-F-014, de fecha catorce (14) de junio de 1995, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental, mediante la cual se le impuso multa a la contribuyente por la cantidad de Bs. 1.538.000,00, ahora reexpresados en Bs. 1.538,00, así como clausura del establecimiento por un término de quince (15) días como pena accesoria; y la Resolución Nº HGJT-A-1015, de fecha cinco (05) de octubre de 2000, emanada de la Gerencia Jurídico Tributaria del extinto Ministerio de Hacienda, mediante la cual se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente en contra de la Resolución supra identificada.
COSTAS: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.
De conformidad con el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República notifíquese de la presente decisión al Procurador General de la República. Líbrese Oficio.

Publíquese, regístrese y notifíquese a todas las partes.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil once. Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
La Jueza Superior Titular

Dra. Doris Isabel Gandica Andrade
La Secretaria Titular

Abg. Cristel A. Peinado
En la fecha de hoy, catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), se publicó la anterior Sentencia N° PJ0082011000225, a las nueve y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.).
La Secretaria Titular

Abg. Cristel A. Peinado

ASUNTO: AF48-U-2002-000063
ASUNTO ANTIGUO: 2002-1786