REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL DÉCIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Maracaibo, catorce (14) de enero de dos mil once (2011) 200º y 151º ASUNTO No.: VP01-L-2010-002553 PARTE ACTORA: GLEIDY FERREBU ABOGADO DE LA ACTORA: WILMER SANTOS PARTE DEMANDADA: CANDELARIA BAYONA APODERADO DE LA DEMANDADA: NO HUBO CONSTITUIDO MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES En el día de hoy, catorce (14) de enero de dos mil once (2011), habiéndose dejado constancia en acta de fecha 07 de enero de 2011, oportunidad fijada para la Audiencia Preliminar en este juicio, de la incomparecencia de la parte demandada y de la asistencia de la parte actora, este Tribunal conforme al artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se acogió al término de cinco (5) días para dictar sentencia, y en tiempo útil, luego de revisar exhaustivamente el expediente, observó lo siguiente: I La ciudadana GLEIDY FERREBU, identificada con cédula de identidad No. V-15.719.688, asistida por el Abogado WILMER SANTOS, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 100.486, demandó reclamando el pago de prestaciones sociales, a quien indicó ser su patronal: CANDELARIA BAYONA, a quien identificó como portadora de la cédula de identidad No. 11.302.288; dicha demanda fue admitida el 19 de noviembre de 2010, y en igual fecha se libró el cartel de notificación correspondiente, mediante el cual se ordena el emplazamiento de la demandada a título personal. El siete de diciembre de 2010, el Alguacil adscrito a este Circuito Judicial: ORLANDO MONTENEGRO, portador de la cédula de identidad No. V-14.933.411, dentro de su exposición expresó lo siguiente: “…me trasladé a la siguiente dirección: Av. 17 los haticos terminal de pasajeros marcaibo, pasillo 6 locales 1y2 (guarda equipaje), en el Municipio Maracaibo Estado Zulia, para practicar una notificación mediante cartel a la demandada: CANDELARIA BAYONA, informo que presente en el sitio, después de haberme identificado y expuesto el motivo de mi visita, fui atendido por la ciudadana MAOLY RINCON, portadora de la cédula de identidad Nº V-19.450.713,la cual funge como encargada de recibir cualquier tipo de documento, quien me informo que la ciudadana solicitada no se encontraba, por lo que procedí a hacerle entrega de una copia del cartel de notificación, quien me recibió y firmo, acto seguido, procedí a fijar un cartel de notificación en original de igual contenido en la puerta de entrada del referido inmueble…” De la lectura del libelo, se extrae que la demandada es una persona que ejerce actos de comercio, pero no que esté constituida formalmente como comerciante, ni tampoco que la patronal sea una empresa, razón por la cual, la demandante solicita la notificación a título personal de la ciudadana CANDELARIA BAYONA; y es el caso que, aún cuando en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no está regulada específicamente la notificación personal, las interpretaciones de la Sala Constitucional y de la Sala Social en especial, han sentado criterio sobre tan sensible área procedimental; para ilustrar lo anterior, la Sala Social dijo en la Sentencia No. 0714 del 22/06/2005, en ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero: “… En este sentido, el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta ser muy claro al señalar que la notificación debe realizarse mediante cartel, que deberá contener la indicación del día y la hora acordada para la celebración de la audiencia preliminar y el cual deberá ser fijado por el Alguacil a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al patrono o consignándolo en su secretaría o en la oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. De esto último, el funcionario judicial a quien le corresponda realizar la notificación, deberá verificar que la persona a la cual se está indicando en la boleta como representante legal de la empresa, realmente lo sea, a través, por supuesto, de cualquier medio de identificación y en caso de procederse a la consignación del cartel en la secretaría o en la oficina receptora de correspondencia, deberá asimismo identificar a la persona que lo recibe, la cual a su vez deberá firmar de su puño y letra la boleta de notificación, colocando asimismo el cargo que ocupa dentro de la empresa, pues de esta manera el funcionario judicial tendrá la plena certeza de señalar en la nota estampada, que posteriormente suscribirá ante la secretaría del tribunal de sustanciación correspondiente, que la persona que firmó el cartel de notificación lo hizo en su condición de representante de la demandada o como encargado de la secretaría o de la oficina receptora de correspondencia. Evidentemente, así se evitaría que cualquier persona, que estando dentro de la sede de la empresa e identificándose como representante del demandado sin serlo, pueda firmar la notificación, trayendo con estos las sucesivas impugnaciones y apelaciones que lejos de conseguir un procedimiento más expedito y rápido, más bien obstaculice y retarde el que se haga justicia, amén de la infracción que de ello generaría al principio constitucional del derecho a la defensa y del debido proceso.” Y en la sentencia No. 811, de fecha 08/07/2005, en ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero se dijo: “… Considera esta Sala que en los casos de notificación de personas naturales, el Juez debe extremar sus deberes, pues en virtud del principio de la rectoría del juez en el proceso, éste debe garantizar que el lugar en el cual se realizó tal acto procesal es efectivamente el lugar en el que desarrolla su actividad económica la persona demandada, con esta actitud el juez está velando porque la persona que está siendo llamada a juicio, a través de tal acto procesal, sea efectivamente la demandada. En el caso bajo examen tal circunstancia no fue verificada por el Tribunal de la causa. Siendo así, esta Sala considera que en el presente caso no se garantizó debidamente el derecho a la defensa de la parte demandada, al existir serias dudas acerca de la validez de la notificación, situación ésta que acarrea la declaratoria con lugar de la presente denuncia, lo que conlleva la reposición de la causa al estado de de que se fije nueva audiencia preliminar como así se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se decide. “ Siendo deber de este Tribunal de Sustanciación, extremar los deberes en los casos de notificación de personas naturales; y notándose que el Alguacil en su exposición dijo: “fui atendido por la ciudadana MAOLY RINCON, portadora de la cédula de identidad Nº V-19.450.713,la cual funge como encargada de recibir cualquier tipo de documento, quien me informo que la ciudadana solicitada no se encontraba, por lo que procedí a hacerle entrega de una copia del cartel de notificación, quien me recibió y firmo,…”; sin embargo, de la lectura del folio catorce (14) del expediente, donde corre inserta la copia del cartel que suscribiera la entrevistada MAOLY RINCÓN, se lee que luego su firma y número de cédula de identidad, estampó su cargo: “Empleada”; lo cual, permite a esta Juzgadora considerar que, no hay plena certeza que la persona que firmó el cartel de notificación lo hizo en su condición de representante de la demandada o como encargado de la secretaría o de la oficina receptora de correspondencia, pues solamente expresó como cargo: “Empleada”, lo cual, sin duda, fuerza a concluir que tal acto no alcanzó la finalidad de la notificación; en consecuencia, por las razones de hecho y con fundamento en la doctrina –ya reiterada y pacífica- de la Sala Social, este Tribunal, no puede considerar, que efectivamente se haya practicado la notificación de la demandada la ciudadana CANDELARIA BAYONA. Así se decide. II En virtud de lo que antecede, este Tribunal estima que se incumplieron los extremos del artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y ese incumplimiento, deriva en violación a normas de orden público y al debido proceso, de manera que la continuación del proceso sin subsanarlo, acarrearía un atentado al derecho a la defensa de la parte demandada, afectándose las garantías que nuestra Carta Magna consagra; lo cual genera para este Tribunal una situación muy particular, pues de la revisión normal de la legalidad del petitum, para la procedencia de una admisión de hechos, se han detectado los vicios procesales antes descritos, y son de tal magnitud, que no es posible continuar el rumbo normal del proceso; en ese orden de ideas, es deber de este Tribunal completar su labor jurisdiccional, saneando el proceso deteniendo o precaviendo la lesión de garantías constitucionales, pero siempre dentro del debido proceso; directriz que se extrae del artículo 334 de la Carta Magna, el cual dice: “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en al obligación de asegurar la integridad de esta Constitución” (negritas nuestras) Así las cosas, para cumplir con ese mandato constitucional, se hace necesario anular el acto de la audiencia preliminar, pues en este instante procesal, en que se produce la singular situación de una aparente incomparecencia de la parte demandada, surgiría el deber de presumir la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciar en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante; sin embargo, ello sería la incontrovertible consecuencia, si se ha cumplido el debido proceso, lo cual –como ante se estableció- no ha ocurrido así; y en cumplimiento de la obligación de subsanarlo o corregirlo, este Tribunal acude al Código de Procedimiento Civil, en aplicación suplementaria a la Ley Adjetiva Laboral, específicamente a los artículo 206 y 212, los cuales rezan: Artículo 206 Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. Artículo 212 No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado validamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citado, de modo que pudiese ella pedir la nulidad. Además, la Sala Constitucional en sentencia No. 2231 de fecha 18/03/2003, dijo en su parte motiva: “… En primer término, visto que la Sala, en decisión del 19 de mayo de 2003, declaró la terminación de la causa por abandono del trámite, debe previamente declarar la nulidad del mismo por contrario imperio, en virtud del reconocimiento del error material involuntario cometido por la Secretaría de esta Sala. A tal efecto, se hacen las siguientes consideraciones: La previsión constitucional contenida en el artículo 334, señala: “Artículo 334.- Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución”. El encabezamiento de la norma transcrita no sólo supone la potestad del juez para proceder a dejar sin efecto cualquier actuación que lesione normas constitucionales, sino además expresa la obligación en que aquél se encuentra. Pero es más, el primer aparte de esa misma disposición, que contempla lo que la doctrina ha denominado el control difuso de la constitucionalidad, confirma el anterior aserto. Por otra parte, se advierte que el artículo 206 del aludido Código adjetivo, establece la obligación que tienen los jueces de corregir las faltas que vicien de manera absoluta e incorregible los actos procesales, la cual debe proceder cuando así lo permita la ley, o cuando el acto no haya cumplido una formalidad esencial para su validez. De la norma se desprende, sin embargo, por argumento en contrario, que, en principio, sólo aquellas decisiones no sujetas apelación pueden revocarse. Lo que queda confirmado por la disposición contenida en el artículo 310, que señala expresamente: “Artículo 310.-Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo”. Observa la Sala, al respecto, que aun cuando las decisiones definitivas o interlocutorias sujetas a apelación no pueden modificarse ni revocarse por el tribunal que las haya pronunciado e, igualmente, la revocatoria por contrario imperio sólo es procedente contra aquellas actuaciones o providencias de mera sustanciación o mero trámite cuando atentan contra principios de orden constitucional, aunque no estén sometidas a apelación, si el propio juez advierte que ha incurrido en este tipo de violaciones está autorizado y obligado a revocar la actuación lesiva. Por otra parte, el artículo 212 eiusdem establece: “Artículo 212.-No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada, de modo que pudiese ella pedir la nulidad”. De lo anterior se colige que, al ser la sentencia interlocutoria un acto procesal, la lesión que la misma origine al orden público, daría lugar a la declaratoria de nulidad aun por el mismo juez que la emitió, no obstante la inicialmente mencionada prohibición. En efecto, razones de economía procesal; la responsabilidad, idoneidad y celeridad que debe garantizar el Estado cuando imparte justicia se imponen para permitirle al Juez revocar una decisión no sólo írrita, desde el punto de vista legal, sino también constitucional. Desde este punto de vista el Juez se encuentra legitimado para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que conduzca a la lesión de un derecho constitucional que agreda a una de las partes o a un tercero, pues no tiene sentido que reconociendo su propio error con el que ha causado un daño y, en consecuencia, haya transgredido normas constitucionales, provoque un perjuicio al justiciable, cuando en sus manos tiene la posibilidad en aplicación inmediata y directa de la Constitución de asegurar la integridad de dicho texto. De manera que, no obstante la prohibición que puede inferirse del anterior razonamiento, del estudio planteado en la presente situación se observa, que si bien la Sala ha emitido un pronunciamiento con carácter definitivo, que aun cuando no prejuzgó sobre el mérito era definitiva, puso fin al juicio, al haber declarado terminado el procedimiento por abandono de trámite, no puede dejar de advertirse que la decisión se adoptó prescindiendo de un elemento esencial que haría improcedente tal declaratoria, como lo es, la diligencia presentada por el representante judicial del quejoso el 13 de febrero de 2003, solicitando pronunciamiento definitivo en la causa, y que no se agregó a los autos por el ya aludido error incurrido por la Secretaría de la Sala. Siendo ello así, mal podría mantenerse un pronunciamiento que tiene una connotación sancionatoria, fundamentada en un falso supuesto, esto es, en una inactividad no incurrida por la parte afectada, por lo que necesariamente y, vista la peculiaridad del caso, constatado que no se analizaron en su totalidad los elementos necesarios para la decisión adoptada, esta Sala, en aras el principio constitucional de la justicia material como valor preeminente sobre el carácter formal normativo, y con fundamento en criterio anterior expuesto en un caso de igual similitud (vid. s. S.C. 115/2003), aplica la disposición contenida en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, revoca el fallo dictado por esta misma Sala, el 19 de mayo de 2003, mediante el cual se declaró terminado el presente procedimiento. Así se decide…” La interpretación congruente de esas normas y la aplicación del criterio jurisprudencial antes anotado, ofrecen el fundamento legal para que este Tribunal, proceda a restaurar el debido proceso, preservando el carácter de orden público de las normas procesales laborales, específicamente a lo relativo a la notificación de las partes establecida en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Ahora bien, el Tribunal ha tenido conocimiento de que en fecha 12 de enero de 2011, la demandada ha otorgado poder apud acta a los abogados Richard Portillo y Marianna Sánchez…, lo cual debe interpretarse como una notificación tácita, en virtud de lo cual, la parte demandada ha quedado notificada para todos los actos del proceso. Así se decide. Con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se dicta el siguiente: DISPOSITIVO En nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, administrando justicia por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA NULIDAD de la Audiencia Preliminar celebrada el 07 de enero de 2011, en la presente causa por reclamo de Diferencia en Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, sigue la ciudadana GLEIDY FERREBU en contra de CANDELARIA BAYONA, a quien identificó como portadora de la cédula de identidad No. V- 11.302.288. SEGUNDO: LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, al estado en que se realice la Audiencia Preliminar, que habrá de celebrarse al décimo día hábil siguiente, contados desde el 12 de enero de 2011 a las nueve y treinta de la mañana ( 9:30 a.m). No hay pronunciamiento en cuanto a costas procesales dada la naturaleza de la presente decisión. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE Años 151 y 200. LA JUEZ ABOG. MARLENE ROJAS DE SIÚ LA SECRETARIA ABG. ANA MIREYA PEREZ. En la misma fecha siendo las diez y cincuenta y ocho minutos de la mañana se dictó y publicó el presente fallo. LA SECRETARIA ABG. ANA MIREYA PEREZ.