TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 21 de Enero de 2011
200º y 151º
ASUNTO: AH13-V-2008-000056
PARTE DEMANDANTE: la entidad bancaria BANCO FEDERAL C.A., domiciliada en Coro, Estado Falcón, constituida con la denominación BANCO COMERCIAL DE FALCON, C.A., según consta en documento debidamente inscrito en el Registro Mercantil que se llevaba por ante la Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 23 de abril de 1982, bajo el Nº 64, folios 269 al 313, Tomo III, posteriormente modificado su documento constitutivo y estatutos sociales, según consta de documento inscrito ante la Secretaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 04 de junio de 1990, bajo el Nº 163, Tomo X.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ciudadanos ALLAN BREWER CARIAS, FRANCISCO ZUBILLAGA SILVA, PEDRO NIKKEN, ALBERTO BAUMEISTER TOLEDO, CATERINA BALASSO, MARIANELA ZUBILLAGA DE MEJIA, MANUEL BAUMEISTER ANSELMI, MARIA ALEJANDRA CORREA MARTIN, LUIS FUENMAYOR y FRANKLIN TORCAT, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 3.005, 1.189, 5.470, 293, 44.945, 31.322, 45.935, 51.864, 121.824 y 97.331, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ciudadano LUIS EDUARDO FIGUEROA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en San Francisco de Yare, Estado Miranda y titular de la cédula de identidad Nº V-11.688.679.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyó en autos apoderado judicial alguno.
MOTIVO: resolución de contrato de venta con reserva de dominio.
I
En fecha 26 de mayo de 2008, se dio por recibido para su distribución ante el Juzgado Distribuidor de Turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el escrito libelar perteneciente al presente expediente, y efectuado el correspondiente sorteo, correspondió su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Tercero de Primera Instancia.
A través de diligencia de fecha 09 de junio de 2008, la representación judicial de la parte actora, abogado en ejercicio Franklin Torcat, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 97.331, consignó los recaudos correspondientes al actual juicio.
Mediante auto de fecha 18 de junio de 2008, el Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, ciudadano Luís Eduardo Figueroa Rodríguez, a los fines de su comparecencia por ante el Juzgado dentro del plazo respectivo, con el objeto de dar contestación a la demanda. Igualmente, se comisionó amplia y suficientemente al Juzgado Primero de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de la práctica de la citación. Asimismo, se ordenó dar apertura al cuaderno de medidas por auto separado, instándose a consignar copias simples del libelo de demanda y del auto de admisión.
Por diligencia de fecha 14 de julio de 2008, la representación judicial de la parte actora, abogado en ejercicio LUIS ANDRES FUENMAYOR CEDEÑO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 121.824, consignó copia certificada de instrumento poder, solicitó librar la compulsa y la comisión correspondiente, siendo acordado dicho pedimento por auto de fecha 25 de julio de 2008.
Mediante diligencia de fecha 04 de agosto de 2008, la representación judicial de la parte actora, abogado en ejercicio LUIS ANDRES FUENMAYOR, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 121.824, retiró compulsa y comisión anexa a oficio.
A través de auto de fecha 31 de marzo de 2009, el Tribunal ordenó agregar a los autos las resultas provenientes del Juzgado de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Mirandas, la cual no se llevó a cabo por cuanto la dirección suministrada era incompleta.
Por diligencia de fecha 12 de mayo de 2009, la representación judicial de la parte actora, abogado en ejercicio LUIS ANDRES FUENMAYOR, inscrito en el inpreabogado Nº 121.824, solicitó se librara nueva comisión a los fines de agotar la citación personal del demandado.
Mediante auto de fecha 18 de mayo de 2009, el Tribunal instó a la parte al apoderado de la parte actora consignar dirección exacta de la parte demandada.
A través de diligencia de fecha 20 de julio de 2009, la representación judicial de la parte actora, abogado en ejercicio LUIS ANDRES FUENMAYOR, inscrito en el inpreabogado Nº 121.824, suministro dirección exacta de la parte demanda.
Por auto de fecha 23 de julio de 2009, el Tribunal ordenó desglosar compulsa y librar nuevo despacho y oficio al Juzgado Primero de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
Mediante diligencia de de fecha 13 de noviembre de 2009, la representación judicial de la parte actora, abogado en ejercicio LUIS ANDRES FUENMAYOR, inscrito en el inpreabogado Nº 121.824, retiró oficio y comisión a los fines de que se practicara la citación de la parte demandada y dejó constancia de no haber retirado la compulsa.
Después de esta última actuación, no se observa en el expediente diligencia alguna realizada por la parte actora para la continuación del presente procedimiento.
II
Para decidir el Tribunal observa:
Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidenció que desde el 13 de noviembre de 2009, fecha en la cual la representación judicial del accionante retiró la comisión anexa a oficio, hasta la presente fecha, la parte actora no ha realizado actuación alguna tendente a impulsar la practica de la citación de la parte demandada, ni para darle impulso al presente proceso, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este Juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado y deja a este Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.
Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota.
Igualmente, la Sala Constitucional se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos:
“….En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días.
2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno.
3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…”
Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia.
En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal).

En este sentido, dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Asimismo, establece el artículo 269 eiusdem, lo siguiente:
...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
En el caso de estos autos la omisión de actuación de la parte demandante durante más de un (1) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada.
En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés de la parte actora por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.
III
En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, y en consecuencia, EXTINGUIDO el proceso por resolución de contrato de venta con reserva de dominio intentado por la entidad bancaria BANCO FEDERAL C.A., contra el ciudadano LUIS EDUARDO FIGUEROA RODRIGUEZ, plenamente identificados en el encabezamiento de esta decisión, y así se decide.-
Publíquese, regístrese, déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintiún (21) días del mes de Enero de dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.-
EL JUEZ,

Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS.
LA SECRETARIA,

Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO.

En la misma fecha, siendo las 11:38 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.-
LA SECRETARIA,

Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO.

JCVR/DPB/Wilmer