TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 25 de enero de 2011.
200º y 151º
ASUNTO: AH1B-M-2007-000002
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva.

PARTE DEMANDANTE:
• Ciudadano SALVADOR SPOSARO RANIERI, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.316.343.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:
• LUIS ENRIQUE SANTANA y ORLANDO GUERRA, Venezolanos, mayor de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.413 y 56.687, respectivamente.

PARTE DEMANDADA:
• CORPORACION AECS 2006 C.A, Sociedad de Comercio inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de La Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 04 de Agosto de 2006, bajo el Nº 5, Tomo 82-A Cto, en la persona de su director JOSE GREGORIO PONTE OBREGON, titular de la cedula de identidad Nº 11.307.961, y a este mismo en su carácter de Avalista solidario.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no consta en autos apoderado judicial alguno acreditado.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION)

I
Se inicia el presente juicio, mediante libelo de demanda introducida por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 27 de Noviembre de 2007, al cual este despacho pertenece, por los profesionales del derecho ciudadanos LUIS ENRIQUE SANTANA y ORLANDO GUERRA, Venezolanos, mayor de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 36.413 y 56.687, respectivamente, actuando en su carácter de Endosatarios en Procuración del ciudadano SALVADOR SPOSARO RANIERI, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.316.343, siendo incoada dicha demanda contra CORPORACION AECS 2006 C.A, Sociedad de Comercio inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de La Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda , en fecha 04 de Agosto de 2006, bajo el Nº 5, Tomo 82-A Cto, en la persona de su director JOSE GREGORIO PONTE OBREGON, titular de la cedula de identidad Nº 11.307.961, y a este mismo en su carácter de Avalista solidario.
Consignados como fueron los recaudos, este Juzgado mediante auto dictado en fecha 14 de Enero de 2008, procedió a admitir la presente demanda, ordenándose la Intimación de la parte demandada.
Mediante diligencia de fecha 18 de Febrero de 2008, la parte actora consigno fotostatos y emolumentos para la intimación de la parte demandada.
En fecha 07 de Marzo de 2008, la Dra. Elizabeth Breto, se avoco al conocimiento de la presente causa, se aperturó cuaderno de medidas en el cual se decreto Medida Preventiva de Embargo, se libro oficio y comisión, y asimismo se libraron boletas de intimación a la parte demandada en el cuaderno principal.
Consecutivamente en el cuaderno de Medidas en fecha 02 de Abril de 2008, se libro nuevo oficio y comisión participando la medida decretada, los cuales en fecha 23 de Abril de 2008, la parte actora retiro.
En fecha 11 de Agosto de 2008, la parte actora indico nuevo domicilio para notificar a la parte demandada.
Por auto de fecha 12 de Noviembre de 2.010, el Dr. Ángel Vargas Rodríguez, se aboco al conocimiento de la presente causa.

II
Este Tribunal para decidir observa:
Vistas las precedentes actuaciones contenidas en el presente expediente, y por cuanto no existen elementos sobre los cuales ameriten un pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto del procedimiento por las partes....”.-

De la norma antes transcrita se infiere que el Legislador ha previsto con la misma, sancionar la conducta omisiva del actor negligente que no impulsa el juicio que ha instaurado para que llegue a su culminación por los trámites procesales pertinentes, ya que tal conducta va contra el principio de economía y la celeridad procesal que busca que éstos sean sustanciados y decididos en los lapsos pertinentes para ello, sin retrasos ni demoras injustificadas.-
La perención constituye una sanción contra el litigante negligente, porque si bien el impulso procesal es inoficioso, cuando no se cumpla aquél debe estar listo a instarlo a fin de que el proceso no se detenga.
Se logra así, bajo la amenaza de la perención, una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, como ocurre en el caso bajo estudio, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.
Como lo establece nuestro Autor Patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su texto Código de Procedimiento Civil, Tomo II, p. 330, “… El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que este una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; porque así lo desean ambas partes de consuno, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. b) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso; por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente.”
Ahora bien, podemos observar que el autor ARISTIDES RENGEL-ROMGERG, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, relativo a la teoría General del Proceso, ha establecido que los caracteres de la Perención, son los siguientes:
“… b) La perención se verifica de Derecho, esto es se realiza Ope Legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el Juez. …
… c) La perención no es renunciable por las partes.
d) La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración.
e) La perención puede interrumpirse. Así como la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe.
La actividad interruptiva ha de consistir en la realización de uno o más actos procesales que revelen la intención o propósito de continuar el proceso.”

En esta línea argumentativa, este Juzgador estima pertinente hacer énfasis a lo establecido con respecto a la perención, y sobre este punto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 01 de junio de 2001 (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), establece:
“…El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio…”

De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que efectivamente en el presente caso, estamos en presencia de una Perención de la Instancia, ya que de autos se evidencia que la parte actora, no realizó acto procesal alguno que presumiera a este Juzgador que tenían el ánimo de continuar con la prosecución de la presente causa, ni mucho menos, con la interrupción de la perención que estaba transcurriendo en el presente juicio, es así, como se observa que ha operado la Perención de la Instancia, ya que desde la fecha 11 de Agosto de 2008, hasta el día de hoy, transcurrió mas de un (01) año, sin que existiera actuación alguna realizada por la actora, dentro del término previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adecuándose perfectamente el caso de marras, a lo establecido en el artículo ut-supra indicado.
En base a lo analizado en la presente motiva, es que este Juzgador considera que debe declararse la Perención de la Instancia, en el presente juicio, y así debe ser declarado en la dispositiva de la presente decisión.- Y así se declara.-

III
Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA, y en consecuencia, se extingue el presente proceso instaurado con motivo de demanda por Cobro de Bolívares (vía intimación), incoada por SALVADOR SPOSARO RANIERI, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.316.343, contra CORPORACION AECS 2006 C.A, Sociedad de Comercio inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de La Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 04 de Agosto de 2006, bajo el Nº 5, Tomo 82-A Cto, y JOSE GREGORIO PONTE OBREGON, titular de la cedula de identidad Nº 11.307.961, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil Diez (2.010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. SHIRLEY CARRIZALES.

En esta misma fecha, siendo las 9:10 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA

ABG. SHIRLEY CARRIZALES.
ASUNTO: AH1B-M-2007-000002.
ASUNTO ANTIGUO: 25344.
AVR/SC/Ana*.