REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 8 de Febrero de 2011
200º y 151º
ASUNTO: AH11-V-2006-000010
I
Se inició el presente juicio por demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO propuesta por la ciudadana CARMEN ELENA DAVID TORO, titular de la cédula de identidad Nº 12.858.109, asistida del ciudadano HENRY ALBERTO BORGES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 63.323, contra la sociedad mercantil PROMOTORA LAGUNA AZUL C.A., inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de esta Circunscripción Judicial, el 24 de febrero del año 2000, bajo el Nº 52, Tomo 87-A VII, presentada ante el distribuidor de turno el 10-2-2006, correspondiendo el conocimiento del asunto a este Juzgado, admitiéndose en fecha 15-3-2006, luego de la consignación de los recaudos, ordenándose el emplazamiento de la demandada en la persona del ciudadano ÁNGEL NOGUERA SCHILLING, a fin de que dentro de los 20 días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, diese contestación a la demanda, librándose compulsa el 28-4-2006, dejando constancia el alguacil de la imposibilidad de lograr la citación personal del representante de la accionada el 24 de mayo del referido año. En fecha 24-11-2006 se libró compulsa, ordenándose el emplazamiento de la sociedad demandada en la persona del ciudadano JOSÉ RAMÓN PACHECO, representante según estatutos consignados por la apoderada actora, dejando constancia el alguacil en fechas 23 de enero y 23 de febrero del año 2007 de su imposibilidad de citarlo, por lo que previa solicitud de la representación de la parte actora, el 14-3-2007, se acordó la citación de la demandada por carteles. Cumplidos los trámites de publicación, consignación y fijación y vencidos los lapsos sin que el representante de la demandada compareciera por sí o por intermedio de apoderado, en fecha 10-1-2008, se le designó defensor, recayendo dicho cargo en la persona del ciudadano ÁNGEL ÁLVAREZ, librándose la respectiva boleta de notificación.
II
Establecido así un resumen de las actuaciones acontecidas en el presente juicio, este Tribunal observa:
La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador.
La doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso.
Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad.
El ilustre maestro Arístides Rengel Romberg ha señalado que:
“La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”.
Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria.
Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido nuestro Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente:
“…Nuestro sistema es más radical, acogiendo el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código Adjetivo, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento del interesado y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”.
En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
En el caso de autos, debe señalarse que desde el día 10-1-2008, fecha en que se designó defensor ad litem y se libró la boleta de notificación al ciudadano Ángel Álvarez, hasta la presente fecha, no existe ningún acto de procedimiento realizado por la parte actora dirigida a proseguir el proceso, evidenciándose en el presente juicio, que ha transcurrido más de un año sin que la accionante en el presente juicio haya efectuado actuación alguna, por lo que ha incumplido sus obligaciones, todo lo cual es traducido en inactividad procesal subsumible dentro del precepto previsto en el supra transcrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que, de conformidad con la referida norma, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil.
III
Por las razones expuestas, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoara la ciudadana CARMEN ELENA DAVID TORO, contra la sociedad mercantil PROMOTORA LAGUNA AZUL C.A., ambas partes identificadas al inicio de este fallo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Juez.
María Rosa Martínez Catalán.
La Secretaria.
Norka Cobis Ramírez.
En la misma fecha de hoy 8-2-2011, previo el anuncio de ley, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las 10:50 a.m.
La Secretaria.
Exp. 42.835. AH11-V-2006-000010