REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Municipio de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, diez (10) de febrero de dos mil once (2011)
Años 200º y 151º
PARTE DEMANDANTE: “ROSA ELENA BLOTKI DE BURDEINICK”, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-3.255.527.
APODERADO JUDICIAL
DE LA PARTE ACTORA: “BERNARDO DIAZ GRAU”, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 718.
PARTE DEMANDADA: “MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ REYES”, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V-12.375.331.
MOTIVO: DESALOJO.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (PERENCIÓN).
ASUNTO: AP31-V-2008-000288
I
Se inicia el presente proceso, mediante demanda introducida el 11 de febrero de 2008, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta sede judicial, una vez realizado el sorteo de ley, fue asignado a este Juzgado.
Previa consignación de los recaudos, se procedió a la admisión de la demanda el 13 de febrero de 2008, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para la contestación de la misma.
El 22 de febrero de 2008, el abogado Bernardo Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 718, mediante el cual dejó constancia de haber consignado los fotostatos necesarios a los fines que se libre la compulsa de citación.
En esta misma fecha, el abogado Bernardo Díaz Grau, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 718, mediante el cual consignó al ciudadano alguacil los emolumentos necesarios a los fines de la práctica de la citación.
El 26 de febrero de 2008, se libró compulsa dirigida a la parte demandada.
El 6 de marzo de 2008, el ciudadano alguacil manifestó su imposibilidad de practicar la citación del demandado.
El 20 de junio de 2008, el abogado Bernardo Díaz Grau, antes identificado, solicitó se decrete medida preventiva de secuestro.
El 27 de junio de 2008, se dictó auto mediante el cual, se instó a la parte interesada a consignar en autos los fotostatos del libelo de la demanda y del auto de admisión a los fines del pronunciamiento de la medida de secuestro.
II
Ahora bien, revisadas como han sido las actas las actas que conforman este expediente, este operador jurídico observa que desde el 27 de junio de 2008, fecha en la que se instó a la parte interesada a consignar los fotostatos a los fines de la apertura del cuaderno de medidas, ha transcurrido más de un (1) año, sin que la misma haya dado el debido impulso procesal a la presente causa.
En tal sentido, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su encabezado, señala:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención...”.
Por otra parte, en sentencia N°.00685, dictada el 27 de julio de 2004, en Sala de Casación Civil, expediente N°. AA20-C-2003-000891, caso Bancor S.A.C.A contra Pro-Pak de venezuela, C.A y otros, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, se estableció:
“El formalizante alegó que no debió declararse la perención de la instancia en razón de que estaba pendiente el cumplimiento de la comisión librada a efectos de la citación de dos de los co-demandados. Sin embargo durante más de un año no realizó ningún acto de impulso del proceso, por lo que procede la perención. En este orden de ideas estima la Sala analizar el contenido del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; establece la disposición invocada que el transcurso del tiempo y la falta de impulso procesal conllevan a que ocurra la perención de la instancia. A saber se consagran cuatro supuestos, expresa así el texto de la norma citada:…La formalizante aduce que por el hecho de haberse librado comisión al Juzgado…con el fin de que se practicara la citación de dos de los co-demandados y que ella se estuviese cumpliendo, interrumpiría el período del año que el ad quem computó como transcurso de tiempo suficiente para que se consumara la perención. Al efecto y en análisis del encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra que la norma es palmaria, clara y de su contenido se concluye que el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es responsabilidad de ellos el mantener con vida jurídica el proceso, conducta que, por otra parte, denota interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; lo contrario, el abandono del juicio, lleva a concluir que los intervinientes al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra cualquiera de los lapsos en comentario, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio. Ahora bien, no cualquier actuación lleva consigo la interrupción de los lapsos aludidos, deben tratarse de actos de procedimiento que demuestren la voluntad de activar el proceso hacia su destino final, que se realizará con la sentencia. En el subjudice aprecia la Sala del análisis practicado sobre el texto de la recurrida, trascrito supra, que la demandante abandonó a su suerte el proceso ya que en el transcurso de más de un año no compareció ante el juzgado del mérito a efectos de darle el impulso necesario que impidiera el efecto sancionatorio de la perención…De lo expuesto concluye la Sala que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil norma aplicada al caso bajo decisión por parte del juez superior, resulta evidente, la correcta, ya que ella prevé los supuestos abstractos en los cuales tendrá que encuadrarse el caso concreto para que, evaluando los sucesos procesales, pueda declararse la perención; de otra parte al comprobar el ad quem del análisis de las actas procesales que había transcurrido el período de un año sin actividad de la demandante, aplicó la consecuencia jurídica sancionatoria de perención. Actuación que puede realizar oficiosamente al jurisdicente de conformidad con lo establecido en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”
En cuanto al instituto de la perención, la doctrina ha sostenido que ella se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término previsto por la Ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella existe aún con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer.
En el presente caso, la situación procesal permite considerar que ha habido una inactividad durante más de un (1) año de la parte accionante, por consiguiente conforme a las normas jurídicas adjetiva y al criterio jurisprudencial referidos ut supra, forzosamente debe llegarse a la conclusión que ha operado de pleno derecho la perención de la instancia.
III
Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la perención de la instancia en la presente causa y, por ende, la extinción del proceso. Así se declara.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 ejusdem, se declara que no hay especial condenatoria en costas.
Publíquese y regístrese la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el copiador de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley Adjetiva Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es esta ciudad de Caracas, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil once (2011), a 200 años de la Independencia y 151 años de la Federación.
EL JUEZ TITULAR
ABG. RICHARD RODRÍGUEZ BLAISE
LA SECRETARIA,
ABG. JOHANA MENDOZA RONDÓN
En esta misma fecha, siendo las 12:06 p.m., se registró y publicó la presente perención.
LA SECRETARIA,
ABG. JOHANA MENDOZA RONDÓN
RRB/JMR.
Asunto: AP31-V-2008-000288
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