TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Municipio de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011)
Años 200º y 152º

PARTE DEMANDANTE: “INVERSIONES EUROJAC, C.A”, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 29 de junio de 2001, bajo el N° 57, Tomo 123-A-Pro; con domicilio procesal constituido en autos en Centro Comercial IL Pórtico, piso 2, oficina 2-12, Municipio Naguanagua del estado Carabobo.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDANTE: “RAFAEL ROVERSI THOMAS, NELSON GERARDO BACALAO NÚÑEZ y LUÍS ALBERTO MAGO CORROCHANO”, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 3.392, 86.235 y 100.913, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: “DISTRIBUIDORA PLAZA DE LA IGLESIA, C.A”, inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 7 de mayo de 2003, bajo el N° 13, Tomo 336-A-VII, con domicilio procesal constituido en: Conde a Principal, edificio La Previsora, piso 4, oficina 46, parroquia Catedral del Municipio Libertador del Distrito Capital.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

ASUNTO: AP31-V-2010-004331

ASUNTO MEDIDA: AN32-X-2010-000121
I
El día 5 de noviembre de 2010, el abogado Nelson Bacalao Núñez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 86.235, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad de comercio Inversiones Eurojac, C.A, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de esta sede Judicial, formal libelo de demanda contra la sociedad mercantil Distribuidora Plaza de la Iglesia, C.A, ambas partes plenamente identificadas en autos; pretendiendo el cumplimiento judicial del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes el día 9 de mayo de 2003, por vencimiento de la prórroga legal.
Por auto dictado el día 11 de octubre de 2010, se admitió la demanda acordándose igualmente proveer en cuaderno de medidas, sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada en el libelo.
En fecha 22 de noviembre de 2010, se abrió cuaderno de medidas.
El día 13 de diciembre de 2010, el apoderado judicial de la parte accionante ratificó su pedimento cautelar de secuestro solicitado en el escrito de demanda.
El día 2 de febrero de 2011, la representación judicial de la parte demandada, procedió a dar contestación a la demanda, negando, rechazando y contradiciendo todas y cada una de las argumentaciones contenidas en el libelo.
En fecha 16 de febrero de 2011, e apoderado judicial de la demandante, presentó diligencia ratificando nuevamente su pedimento cautelar.
Por lo tanto, vista las presentes actuaciones, el tribunal, a los fines de resolver sobre el pedimento cautelar sub examine, observa:

II
A los fines de resolver la solicitud cautelar formulada por la parte actora en su escrito libelar, en el sentido de que se decrete medida de secuestro sobre el inmueble litigioso, este Tribunal, observa:
Autorizada doctrina jurídica considera al secuestro judicial como “la aprehensión hecha por el órgano judicial competente de la cosa litigiosa u objeto de litigio, en procuración de asegurar la eventual resulta del juicio”. El decreto de esta medida cautelar, dentro de la institución del contrato de arrendamiento, procede en los casos de incumplimiento de ciertas obligaciones por parte del arrendatario, ex articulo 599 ordinal 7mo del Código de Procedimiento Civil, y artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En criterio de este Juzgador, la parte que solicita la medida cautelar de secuestro debe acreditar los extremos de ley para su procedencia, es decir, elementos de convicción que hagan presumir en este juzgador la existencia de los requisitos de procedibilidad con fundamentado en los artículos 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y 585 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, resulta necesario tener en cuenta la estricta sujeción que debe existir entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que la solicitante traiga a los autos, para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley.
En el caso de autos, señala la representación judicial de la parte actora en el escrito de demanda, como fundamentos de hecho y de derecho en que basa su petición del decreto de la medida in comento, lo siguiente:
“…De conformidad con lo dispuesto en los artículos 588 y 599, ordinal 7°, del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, solicito a este Tribunal decrete EL SECUESTRO del inmueble arrendado…En el caso de marras, el fumus boni iuris se desprende del contrato de arrendamiento (anexo a la demanda)…Hemos señalado y probado, que la prórroga legal derivada del contrato de arrendamiento, venció el día 01 de junio del año 2010; sin embargo, a la fecha, ha resultado imposible que la arrendadora entregue el inmueble, demostrando con tal proceder, poca o ninguna disposición en dar cumplimiento al contenido del contrato…Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos necesario y así con mucho respeto lo solicitamos, sea decretada MEDIDA DE SECUESTRO sobre el bien inmueble objetote la presente demanda …”.

Ahora bien, se advierte de autos que la parte actora ejerce su acción alegando como causa petendi, el presunto vencimiento de la prorroga legal ex artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; que a su decir, vencía el 1 de junio de 2010; y precisamente con ese argumento, solicita de este órgano jurisdiccional el secuestro de la cosa litigiosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 eiusdem, el cual es del tenor siguiente:
“La prorroga legal opera de pleno derecho y vencida la misma, el arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble arrendado. En este caso, el Juez a solicitud del arrendador, decretará el secuestro de la cosa arrendada y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario del inmueble, quedando afectada la cosa para responder al arrendatario, si hubiere lugar a ello”.

De acuerdo con la inteligencia de la referida norma jurídica positiva, la prórroga legal consiste en el beneficio previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para amparar al inquilino que al vencimiento del término establecido convencionalmente por las partes, se encuentre solvente en el cumplimiento de sus obligaciones arrendaticias, requiriéndose además de la existencia de una relación arrendaticia a tiempo determinado. En tal sentido, llegada la fecha de vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará potestativamente para el arrendatario y obligatoriamente para el arrendador, de acuerdo a las reglas que señala el artículo 38 de dicho texto legal. Por consiguiente, el secuestro que la norma jurídica in comento consagra, tiene como presupuesto el vencimiento de la prorroga legal.
Así las cosas, infiere este operador jurídico que, en el presente caso, el secuestro de la cosa litigiosa con fundamento en el citado artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, exige el examen previo de la naturaleza jurídica temporal de la relación arrendaticia de marras, lo cual no puede efectuarse in limine tomando en cuenta no solo la manera en que quedó instrumentado su término de duración,, sino además la contradicción que formula la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda; en efecto, tal verificación requiere de un análisis que solo puede llevarse a cabo al momento de determinarse el merito de la pretensión.
Por otro lado, si bien la parte actora demostró el fumus boni Iuris, lo cual emerge del instrumento privado contentivo del vinculo jurídico que sirve de titulo a la demanda, aportado junto al escrito libelar, el cual permite presumir in limine la verosimilitud y titularidad del derecho reclamado, no así puede verificarse la existencia del periculum in mora, requisito éste consistente en la expectativa cierta de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que, aun cuando ésta pueda verificarse (la ejecución del fallo), no obstante el transcurso del tiempo impondría una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva.
Por consiguiente, sin que ello signifique en modo alguno adelanto de opinión ni prejuzgamiento sobre el fondo, este juzgador considera que no se encuentran satisfechos los extremos de procedencia para el decreto inaudita alteram parte de la medida de secuestro sobre el bien inmueble objeto de la presente demanda; pues de conformidad con lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se requiere la coexistencia concomitantemente de los dos extremos legales para la procedibilidad de toda medida precautelativa, cuales son “Fumus Bonis Iuris” y “Periculum in Mora”, que en el caso de autos no se constatan demostrados; ergo, debe negarse el pedimento cautelar sub examine; así se decide.

-III-
Sobre la base de los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Improcedente el decreto de la medida de secuestro solicitada por la parte actora en el libelo de demanda. Así se decide.
Regístrese y publíquese la presente decisión, con inserción de copia certificada de la misma en el copiador respectivo, a tenor de lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil once (2011), a 200° años de la Independencia y 152° años de la Federación.-
El Juez

Abg. Richard Rodríguez Blaise La Secretaria

Abg. Johana Mendoza Rondón

En esta misma fecha, siendo las 11:04 de la mañana, se registró y publicó la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el copiador correspondiente.-

La Secretaria

Abg. Johana Mendoza Rondón

RRB/JMR.
Asunto AN32-X-2010-000121 (Cuaderno de Medidas)
Asunto Principal AP31-V-2010-004331