TSJ Regiones - Decisión

Exp. AP31-V-2010-002553
Sentencia Int. Con Fuerza Def.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DECIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

I
PARTES Y APODERADOS

DEMANDANTE: SOCIEDAD MERCANTIL COMERCIAL SATURNIA C.A., inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27/07/1982, bajo el Nro. 86, Tomo 96-A-Sgdo.

DEMANDADO: OLIER ALBERTO TORRES LADERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-7.949.272.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: MERY YASMIN MARRERO GARCIA y TOMÁS ENRIQUE GUARDIA CHACÓN, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.410 y 1988, respectivamente.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: No consta a los autos que la parte demandada se encuentre representada por apoderado alguno.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

II
PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA

Se plantea la siguiente controversia cuando la parte actora debidamente representada por MERY YASMIN MARRERO GARCIA y TOMÁS ENRIQUE GUARDIA CHACÓN, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.410 y 1988, respectivamente demanda el cumplimiento de un contrato de arrendamiento celebrado por el ciudadano EDMONDO DI GAETANO DI ILIO, italiano, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº E- 226.832, en su condición de accionista de la SOCIEDAD MERCANTIL COMERCIAL SATURNIA C.A., antes identificada, dio en arrendamiento al ciudadano OLIER ALBERTO TORRES LADERA, un inmueble propiedad de la referida Sociedad Mercantil, constituido por un apartamento destinado a vivienda, distinguido con el Nro. 41-D, Planta 4, del Edificio “RESIDENCIAS AMBAR”, ubicado en la calle Los Mangos de la Urbanización San Antonio, Municipio Libertador del Área Metropolitana, el cual incluía un puesto de estacionamiento y un maletero, estableciéndose de común acuerdo un canon de arrendamiento de UN MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.500,00) mensuales, iniciándose dicha relación arrendaticia en fecha 01/10/2008, por el término fijo de tres (03) meses, hasta el 30/12/2008, y por seis (06) meses, a partir del 01/01/2009, hasta el 30/06/2009, disponiéndose en la Cláusula Octava del contrato de arrendamiento que al finalizar el contrato por cualquier causa que sea El Arrendatario se obligó a entregar a La Arrendadora el inmueble arrendado, totalmente desocupado y libre de personas y cosas, y en perfecto estado de funcionamiento de las instalaciones de agua, cañerías, luz, fuerza, y asimismo, la entrega de todos los recibos cancelados correspondientes a los servicios públicos y privados de que está dotado el inmueble.
Que al vencerse el término del contrato, previsto como duración en el contrato de arrendamiento, se le participó a El Arrendatario tal situación, a los efectos de la entrega del inmueble arrendado, mediante Notificación Judicial, por medio del Juzgado Sexto de Municipio de a Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 08/10/2009, indicándosele que el contrato no sería renovado, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 38, literal b) de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, se le otorgaba la prórroga legal allí prevista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, prórroga legal que venció el día 30/06/2010.
Que El Arrendatario no ha dado muestras de entrega real y efectiva el inmueble arrendado, incumpliendo no sólo el contrato sino la normativa legal establecida en el artículo 39 de la referida Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Por los hechos narrados anteriormente y por no haber acuerdo previo entre las partes es que ocurre ante este Tribunal a los fines de que la parte demandada convenga o de lo contrario sea condenada por este Tribunal en lo siguiente:

PRIMERO: Que se declare la medida de secuestro del inmueble arrendado y la entrega del mismo en la persona del propietario del mismo, EDMONDO DI GAETANO DI ILIO.

SEGUNDO: Con lugar la demanda de cumplimiento y entrega del inmueble arrendado, en la sentencia definitiva que dicte, con el pago de los cánones de arrendamiento causados durante la prórroga legal, los cuales ascienden a la cantidad de Bs. 18.000,00, a razón de Bs. 1.500 mensuales, desde el 30/06/2010, y los que se sigan venciendo hasta que el inmueble sea entregado a su propietario.

TERCERO: En pagar de las costas y costos del presente juicio.
III

Vistas las actuaciones que conforman el presente expediente, el tribunal observa que, luego de admitida la demanda en fecha 06/07/2010, no consta a lo autos que la parte accionante haya consignado los emolumentos necesarios para la citación de la parte demandada lo que trae como consecuencia que en el caso de autos se haya verificado la perención de la instancia. En efecto, el instituto jurídico de la perención de la instancia juega un papel primordial, sancionando la negligencia de los litigantes en imprimir el debido impulso al proceso, consagrándose así los diferentes supuestos de hecho por los cuales puede considerarse abandonado el ítem procesal. En ese sentido, y en lo que atañe al caso de autos, el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

Según la transcrita norma, la ley procesal se refiere a obligaciones que han de cumplir las partes, en su respectiva área de actividad, orientadas ellas a impulsar los trámites procesales tendientes a obtener la citación de la parte demandada, lo que en definitiva permitirá la conducción del proceso a su conclusión natural, como es la sentencia que debe proferir el Juez, absolviendo o condenando, en aras de dirimir, en forma definitiva, el conflicto de intereses sometido a su consideración.

La doctrina sustentada por la extinta Corte Suprema de Justicia estableció, sin solución de continuidad, que las únicas obligaciones a cargo del actor para gestionar la citación del demandado se circunscribían a satisfacer el pago por concepto de derechos arancelarios causados por las diferentes actuaciones sujetas a ese régimen impositivo. Sin embargo, al entrar en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se consagró el principio de la gratuidad absoluta de los trámites procedimentales y, por ende, debe prescindirse de observar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la Ley de Arancel Judicial.

Ahora bien, mediante sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia en fecha seis (6) de Julio del año 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, se formula una nueva doctrina tendiente a activar el instituto de la perención breve indicándose que:

“… que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarrea la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se decide. (Negrillas y subrayado de la Sala)

Es obvio que conforme la sentencia citada, el accionante debe cumplir con la obligación de señalar al menos, la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como, procurar al alguacil los emolumentos necesarios para su transporte o traslado a esa dirección, y gastos de manutención y hospedaje cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, todo lo cual debe ser oportunamente satisfecho por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda y hacerlo constar en el expediente dentro del referido lapso.

En el caso de autos, no consta que el accionante hubiera satisfecho dicha actividad durante el referido lapso de 30 días, habiendo transcurrido así el lapso de Ley para tener por perimida la causa.

Tales hechos se circunscriben en dar por extinguida la instancia, no pudiendo proponerse nuevamente sino transcurridos como sean noventa (90) días de verificada la perención. Así se establece.

IV
DECISION

Sobre la base de las razones de hecho y de derecho arriba expuestas, este Tribunal, en uso de sus facultades legales, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:

1.- En conformidad a lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, se declara consumada de pleno derecho la perención de la instancia en el presente juicio.

2.- Dada la naturaleza de este fallo, no existe especial condenatoria en costas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, sellado y firmado en el recinto del Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los diez (10) días del mes de Febrero del año dos mil once (2.011). Años: 200 de la Independencia y 151 de la Federación.
LA JUEZ

Dra. MARIA A. GUTIERREZ C.
LA SECRETARIA

Abg. DILCIA MONTENEGRO

En esta misma fecha y siendo las ____________, se registró y publicó la anterior decisión, dejándose copia debidamente certificada de ella en el archivo del Tribunal a los fines indicados por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA

MAGC/DM/Luisana
Exp. No. AP31-V-2010-002553