TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.

I

PARTES Y APODERADOS:

DEMANDANTE: S.M. “PM7 & ASOCIADOS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA COMPUTARIZADA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 14 de septiembre de 1993, bajo el Nº 38, Tomo 108-A Pro.

DEMANDADOS: S.M. INVERSIONES SAMPASA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 05 de abril de 1999, bajo el Nº 70, Tomo 58-A.

APODERADOS: DEMANDANTE: Luís Cruz Hernández y Osanna Naffah Cascella, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 64.531 y 85.216.

. DEMANDADO: No consta a los autos del presente, que la parte demandada esta representada por apoderado alguno.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES.

II
PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA

Se recibe el presente expediente proveniente del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien declino la competencia en razón de la cuantía. Planteándose la presente controversia cuando la parte accionante, debidamente representada por los abogados Luís Cruz Hernández y Osanna Naffah Cascella, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 64.531 y 85.216, acuden a los fines de exponer lo siguiente:

Que su representada es beneficiaria y legitima tenedora de una (01) factura comercial emitida a nombre de la empresa INVERSIONES SAMPASA, C.A., anteriormente identificada; debidamente aceptada para ser pagada de contado a la fecha de su vencimiento, por la deudora en el domicilio de su representada, en la ciudad de caracas librada con ocasión del servicio de vigilancia prestado por dos (02) oficiales de seguridad que cubrieron un turno diurno y uno nocturno durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 17 de diciembre del año 2007.

Que dicha factura se encuentra signada con el Nº 2380 y fue emitida el 15 de diciembre de 2007 y vencida en la misma fecha, por la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 4.523.500,00), actualmente CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (BsF. 4.523,50).

Por los hechos narrados anteriormente y por no haber acuerdo previo entre las partes es que ocurren ante este Tribunal a los fines de que la parte demandada convenga o en su defecto sea condenada a pagar las siguientes sumas de dinero:

PRIMERO: La cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA CENTIMOS (BsF. 4.523,50), por concepto del total de importe (capital e impuesto del valor agregado) de la factura comercial objeto de esta demanda.

SEGUNDO: los intereses compensatorios devengados por la factura, desde la fecha de su emisión, según lo estipulado en el artículo 108 del código de Comercio, calculados hasta el día 30 de junio de 2008, lo cual asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 269, 75).

TERCERO: los interese moratorios generados por la factura, desde la fecha de su vencimiento, según lo estipulado en el articulo 1.277 del Código civil, calculados hasta el día 30 de junio de 2008, lo cual asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE BOLIVARES CON VEINTITRES CENTIMOS (Bs. 67.23).

CUARTO: los intereses compensatorios y moratorios que se sigan causando, a partir del día 30 de junio de 2008, hasta la total y definitiva cancelación de las obligaciones a las ratas o porcentajes antes establecidos, respectivamente.

QUINTO: las costas procesales calculadas prudencialmente por el tribunal que conozca de la presente causa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 648 del Código de Procedimiento Civil.

III

Vistas las actuaciones que conforman el presente expediente, el tribunal observa que, luego de admitida la demanda en fecha 02/11/2009, no consta a lo autos que la parte accionante haya consignado los emolumentos necesarios para la citación de la parte demandada lo que trae como consecuencia que en el caso de autos se haya verificado la perención de la instancia. En efecto, el instituto jurídico de la perención de la instancia juega un papel primordial, sancionando la negligencia de los litigantes en imprimir el debido impulso al proceso, consagrándose así los diferentes supuestos de hecho por los cuales puede considerarse abandonado el ítem procesal. En ese sentido, y en lo que atañe al caso de autos, el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

Según la transcrita norma, la ley procesal se refiere a obligaciones que han de cumplir las partes, en su respectiva área de actividad, orientadas ellas a impulsar los trámites procesales tendientes a obtener la citación de la parte demandada, lo que en definitiva permitirá la conducción del proceso a su conclusión natural, como es la sentencia que debe proferir el Juez, absolviendo o condenando, en aras de dirimir, en forma definitiva, el conflicto de intereses sometido a su consideración.

La doctrina sustentada por la extinta Corte Suprema de Justicia estableció, sin solución de continuidad, que las únicas obligaciones a cargo del actor para gestionar la citación del demandado se circunscribían a satisfacer el pago por concepto de derechos arancelarios causados por las diferentes actuaciones sujetas a ese régimen impositivo. Sin embargo, al entrar en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se consagró el principio de la gratuidad absoluta de los trámites procedimentales y, por ende, debe prescindirse de observar el cumplimiento de las exigencias contenidas en la Ley de Arancel Judicial.

Ahora bien, mediante sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia en fecha seis (6) de Julio del año 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, se formula una nueva doctrina tendiente a activar el instituto de la perención breve indicándose que:

“… que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarrea la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se decide. (Negrillas y subrayado de la Sala)

Es obvio que conforme la sentencia citada, el accionante debe cumplir con la obligación de señalar al menos, la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como, procurar al alguacil los emolumentos necesarios para su transporte o traslado a esa dirección, y gastos de manutención y hospedaje cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, todo lo cual debe ser oportunamente satisfecho por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda y hacerlo constar en el expediente dentro del referido lapso.

En el caso de autos, no consta que el accionante hubiera satisfecho dicha actividad durante el referido lapso de 30 días, habiendo transcurrido así el lapso de Ley para tener por perimida la causa.

Tales hechos se circunscriben en dar por extinguida la instancia, no pudiendo proponerse nuevamente sino transcurridos como sean noventa (90) días de verificada la perención. Así se establece.

IV
DECISION

Sobre la base de las razones de hecho y de derecho arriba expuestas, este Tribunal, en uso de sus facultades legales, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:

1.- En conformidad a lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, se declara consumada de pleno derecho la perención de la instancia en el presente juicio.

2.- Dada la naturaleza de este fallo, no existe especial condenatoria en costas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, sellado y firmado en el recinto del Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero del año dos mil once (2.011). Años: 200 de la Independencia y 151 de la Federación.
LA JUEZ

Dra. MARIA A. GUTIERREZ C.
LA SECRETARIA

Abg. DILCIA MONTENEGRO

En esta misma fecha y siendo las ____________, se registró y publicó la anterior decisión, dejándose copia debidamente certificada de ella en el archivo del Tribunal a los fines indicados por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA

MAGC/DM/Gabriela.-
Exp. No. AP31-M-2009-000809