REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 22 de julio de 2011 201º y 152º PARTE ACTORA: sociedad mercantil MONTANA GRAFICA, C.A. de este domicilio, originalmente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda 15 de julio de 1959 y anotada bajo el N° 37, Tomo 21-A, con RIF Nº J-00256420-2, con modificación posterior registrada por ante la misma oficina registral en fecha 25 de marzo de 2009, anotada bajo el N° 52, Tomo 50-A- Sgdo. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ciudadanas BRIGITTE DI NATALE A. y MARÍA A. FEBRES CORDERO, Inpreabogado Nros 36.287 y 26.746, respectivamente.- PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil GRUPO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS y LACTEOS, C.A., registrada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico el 12 de julio de 2004, anotada bajo el Nº 35, Tomo 07-A18-A, con modificación posterior de fecha 28 de septiembre de 2004, anotada bajo el Nº 24, Tomo 10-A.- APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado constituido en autos. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.- EXPEDIENTE Nº: AP11-M-2009-000233 Se inicia la presente causa por demanda presentada en fecha 08 de julio de 2009, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, correspondiéndole por sorteo el conocimiento de la misma a este Juzgado. Mediante auto de fecha 17 de mayo de 2010, se admitió la demanda, acordándose la citación de la sociedad mercantil GRUPO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS y LACTEOS, C.A., en la persona de su Representantes Legales ciudadanos INDIRA TERESA QUINTERO y DIEGO LOYNAZ, previo suministro de los fotostatos respectivos, a los fines de la elaboración de las compulsa. Dicho lo anterior, este Tribunal observa: Abocada la Juez Provisoria de este Juzgado, ciudadana SARITA MARTÍNEZ CASTRILLO, al conocimiento de la presente causa, este Tribunal observa: De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador. La doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad concediéndose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permitan a las partes emplear vías extrajudiciales. Al respecto el ilustre maestro Arístides Rengel Romberg señala que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”. Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”. En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...” En el caso de autos, observa esta juzgadora que desde el día 17 de mayo de 2009, fecha en la que se admitió la demanda, hasta la fecha de hoy, transcurrió sobradamente más de un (01) año sin que la parte accionante realizara actuación alguna dirigida a impulsar el proceso. Por lo que ha incumplido sus obligaciones, todo lo cual es traducido en inactividad procesal subsumible dentro del precepto previsto en el supra transcrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que, de conformidad con la referida norma, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 eiusdem. Por las razones expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la demanda que por COBRO DE BOLIVARES incoara la sociedad mercantil MONTANA GRAFICA, C.A., contra GRUPO EMPRESARIAL DE ALIMENTOS Y LACTEOS, C.A., produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. No ha lugar a costas conforme lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, a los 22 días del mes de julio de 2011. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. LA JUEZ. SARITA MARTÍNEZ CASTRILLO LA SECRETARIA. NORKA COBIS RAMÍREZ. En la misma fecha de hoy, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia. LA SECRETARIA . NORKA COBIS RAMÍREZ. SM/Daisy