REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 6 de Julio de 2011 201º y 152º ASUNTO: AH12-V-2002-000038 PARTE DEMANDANTE: C.A CENTRAL BANCO UNIVERSAL, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 29 de octubre de 2001, bajo el Nro 01, Tomo 46-A, ente resultante de la fusión por absorción autorizada por la Superintendncia de Bancos y otras Instituciones Financieras, según resolución Nro 212.01, de fecha once (11) de octubre de 2001. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados ALEJANDRO EDUARDO BOUQUET GUERRA y ANIELLO DE VITA CANABAL y MARCO DE LUCA RUGGIERO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 45.468, 45.467 y 39.378, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadana AMERICA MARIA TOVAR BRITO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro.5.541.995 MOTIVO: EJECUCIÓN DE HIPOTECA (Perención de la Instancia).- PRIMERO: Este proceso se inició por demanda admitida en fecha 19 de febrero de 2003. En fecha 02 de mayo de 2003, se libró comisión al Estado Miranda, a los fines de la practica de intimación ordenada. En fecha 22 de agosto de 2003, se agregaron a los autos las resultas recibidas del Juzgado de Municipio Cristóbal Rojas de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En fecha 17 de junio de 2004, se libró cartel de intimación En fecha 24 de septiembre de 2009, se dictó auto donde se ordenó la reanudación de la causa. La última actuación procesal verificada en esta causa consiste en el auto dictado reanudando la causa, en fecha 24 de Septiembre de 2009. Con posterioridad, ha transcurrido mucho más de un año de absoluta inactividad procesal de la parte actora y hasta la fecha de publicación de este fallo no existe ninguna muestra de interés de la parte actora de darle impulso a esta causa. SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, este Tribunal observa que este asunto permaneció en suspenso por más de un año, por inactividad de las partes. Dicho tiempo de parálisis procesal ocurrió desde el día en que fue reanudada la causa, es decir, desde el día 24 de septiembre de 2009. En virtud de las indicadas circunstancias y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Resaltado de este Tribunal) TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, déjese copia y notifíquese.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 06 días del mes de julio de dos mil 2011.- EL JUEZ, Abog. LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ LA SECRETARIA, Abog. MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ RUZ En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las ________________.- LA SECRETARIA,