TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 2 de Junio de 2011
201º y 152º

ASUNTO: AH13-V-1996-000036

Parte Actora: sociedad mercantil Grupo M&M C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 17 de noviembre de 1.978, bajo el Nº 43, Tomo 116-A.
Apoderados Judiciales de la Parte Actora: ciudadanos Yhajaira Tirri Foster y José Araujo Parra, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 57.749 y 7.802, respectivamente.
Parte Demandada: Instituto Venezolano para la Investigación y el Estudio de la Infografia y las Ciencias de la Información, Asociación Civil sin fines de lucro, registrada por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 15 de abril de 1993, bajo el Nº 19, Tomo 10, Protocolo 1º. y los ciudadanos Oscar Jesús Langain Rojas y Maria Lucia Carmona de Langain, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cedulas de identidad Nros. V-6.556.821 y V-6.809.618, respectivamente.
Apoderado Judicial de la Parte Demandada: no constituyó en autos apoderado judicial alguno.

MOTIVO: Resolución de Contrato de Arrendamiento.
I
En fecha 26 de junio de 1996, se dio por recibido para su distribución ante el Juzgado Distribuidor de Turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el escrito libelar perteneciente al presente expediente y efectuado el correspondiente sorteo, correspondió su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Tercero de Primera Instancia.
A través de diligencia de fecha 27 de junio de 1996, la representación judicial de la parte actora, abogada en ejercicio Yhajaira Tirri Foster, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 57.7499, consignó los recaudos correspondientes al actual juicio.
Por auto de fecha 03 de julio de 1996, el Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, en la persona de los ciudadanos Oscar Jesús Langain Rojas y Maria Lucia Carmona de Langain, a los fines de su comparecencia por ante el Juzgado dentro del plazo respectivo, con el objeto de dar contestación a la demanda u opusiera las defensas que creyera pertinentes. Asimismo, se ordenó dar apertura al cuaderno de medidas por auto separado, instándose a consignar copias simples del libelo de demanda y del auto de admisión.
Por diligencia de fecha 10 de julio de 1996, la representación judicial de la parte actora, solicitó copias certificadas a los fines de ser anexadas al cuaderno de medidas, siendo acordado dicho pedimento por auto de fecha 15 de julio de 1996, y en fecha 17 de julio de 1996, se libró compulsas.
Mediante diligencia de fecha 06 de agosto de 1996, la representación judicial de la parte actora, consignó escrito de reforma de la demanda.
A través de auto de fecha 12 agosto de 1996, el Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la demanda y su reforma, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, Instituto Venezolano para la Investigación y el Estudio de la Infografia y las Ciencias de la Información, en la persona de los ciudadanos Oscar Jesús Langain Rojas y Maria Lucia Carmona de Langain y a estos en su propio nombre, a los fines de su comparecencia por ante el Juzgado dentro del plazo respectivo, con el objeto de dar contestación a la demanda u opusiera las defensas que creyera pertinentes. Asimismo, se instó a consignar copias simples del libelo de demanda y del auto de admisión.
En fecha 14 de agosto de 1996, el ciudadano alguacil Duma Gaspar, dejo constancia de no poder practicar la citación encomendada.
Por diligencias de fecha 16 y 27 de septiembre de 1996, la representación judicial de la parte actora, solicitó se oficiara a la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería, a fin de requerir el último domicilio y movimiento migratorio de la parte demandada.
Por auto de fecha 02 de octubre de 1996, el Tribunal de conformidad a lo establecido en el ordinal 4º del artículo 541 del Código de Procedimiento Civil, autorizó a la sociedad mercantil Grupo M&M, C.A., para arrendar los locales comerciales objetó del presente litigio.
A través de auto de fecha 18 de noviembre de 1996, el Tribunal ordenó oficiar a la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería, solicitándole el último domicilio y movimiento migratorio de la parte demandada, cuya respuesta fue recibida en este Juzgado en fecha 26 de junio de 1997.
Después de esta última actuación, no se observa en el expediente diligencia alguna realizada por la parte actora para la continuación del presente procedimiento.
II
Para decidir el Tribunal observa:

Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidenció que desde el 24 de abril de 1997, fecha en la cual la representación judicial del accionante solicitó se librara nuevamente oficio a la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería, cuya respuesta fue recibida en el 26 de junio de 1997, hasta la presente fecha, la parte actora no ha realizado actuación alguna tendente a impulsar la practica de la citación de la parte demandada, ni para darle impulso al presente proceso, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este Juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado y deja a este Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.
Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valero y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, establece:
“se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota”.

Igualmente, la Sala Constitucional se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos:
“….En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días.
2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno.
3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…”
Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia.
En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal).

En este sentido, dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Asimismo, establece el artículo 269 eiusdem, lo siguiente:
...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

En el caso de estos autos la omisión de actuación de la parte demandante durante más de un (1) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en las sentencias parcialmente transcritas como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada.
En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés de la parte actora por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.
III
En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, y en consecuencia, EXTINGUIDO el proceso por Resolución de Contrato de Arrendamiento intentado por la sociedad mercantil Grupo M&M C.A., contra el Instituto Venezolano para la Investigación y el Estudio de la Infografia y las Ciencias de la Información, y los ciudadanos Oscar Jesús Langain Rojas y Maria Lucia Carmona de Langain, plenamente identificados en el encabezamiento de esta decisión, y así se decide.-

PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los dos (2) días del mes de Junio del año dos mil once (2011). Años 201º y 152º.
El Juez

Dr. Juan Carlos Varela Ramos
La Secretaria

Abg. Diocelis J. Pérez Barreto

En esta misma fecha, siendo las 11:21 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

Abg. Diocelis J. Pérez Barreto

JCVR/DPB/wilmer
Asunto: AH13-V-1996-000036