REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 24 de marzo de 2011 200º y 152º PARTE ACTORA: Ciudadano Bruno Pacilllo Di Ruggiero, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 2.985.256. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Betty Marin González inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 18.739. PARTE DEMANDADA: Ciudadana Rina Esther Pacillo de Alissetti, venezolana mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 1.730.555 y la sociedad mercantil CONSORCIO IL INDOVINELLO, C.A., debidamente constituida y registrada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de agosto de 1990, bajo el N° 45, Tomo 70 A Sgdo. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado constituido en autos. MOTIVO: DAÑO MORAL EXPEDIENTE Nº: AP11-V-2009-000818 Se inicia la presente causa por demanda presentada en fecha 03 de julio de 2009, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario, correspondiéndole por sorteo el conocimiento de la misma a este Juzgado. Mediante auto de fecha 06 de octubre de 2009, se admitió la demanda, acordándose la citación de la sociedad mercantil CONSORCIO IL INDOVINELLO, C.A.,en la persona de su representante, ciudadana Rina Esther Pacillo de Alissetti, y a ésta en su propio nombre, previo suministro de los fotostátos respectivos, a los fines de la elaboración de las compulsas.. Abocada La Juez Provisoria, ciudadana Sarita Martínez Castrillo, al conocimiento de la presente causa, este Juzgado observa: De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador. La doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad concediéndose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permitan a las partes emplear vías extrajudiciales. Al respecto el ilustre maestro Arístides Rengel Romberg señala que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”. Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”. En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...” En el caso de autos, observa esta juzgadora que desde el día 06 de octubre de 2009, fecha en que se admitió la presente demanda y se ordenó el emplazamiento de las codemandadas, hasta la presente fecha, transcurrió sobradamente más de un año sin que el accionante realizara actuación alguna dirigida a impulsar el proceso lo que evidencia que en el presente juicio se da el presupuesto sancionatorio previsto en el supra trascrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ante la inactividad de la actora. Así se decide. Por las razones expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el juicio que por Daño Moral interpusiera el ciudadano Bruno Pacillo Di Ruggiero, en contra de la ciudadana Rina Esther Pacillo de Alissetti y la sociedad mercantil CONSORCIO IL INDOVINELLO C.A., produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. No ha lugar a costas conforme lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, a los 24 días del mes de marzo de 2011. Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación. La Juez. Sarita Martínez Castrillo La Secretaria. Norka Cobis Ramírez. En la misma fecha de hoy, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia. La Secretaria Norka Cobis Ramírez Andrés