TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 22 de Marzo de 2011
200º y 152º

ASUNTO: AH13-V-2007-000070

PARTE DEMANDANTE: Luz Ruggiero de Tori y Víctor Enrique Tori Romero, venezolana la primera y peruano el segundo, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nos. V-15.165.348 y 82.068.971 respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ciudadano César Alfredo Ferrer López, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nos. 53.836.

PARTE DEMANDADA: ciudadanos Angel Sechi Sandin, Malinka Serboff de Sechi, Angel Sechi Serboff y Malinké Sechi Serboff, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nos. V-1.893.236, 1.885.921, 5.532.506 y 6.211.284 respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyó en autos apoderado judicial alguno.

MOTIVO: Cumplimiento de Contrato.

I
NARRATIVA

En fecha 18 de enero de 2007, se dio por recibido para su distribución ante el Juzgado Distribuidor de Turno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el escrito libelar perteneciente al presente expediente, y efectuado el correspondiente sorteo, correspondió su conocimiento, sustanciación y decisión a este Juzgado Tercero de Primera Instancia.
A través de diligencia de fecha 22 de enero de 2007, la representación judicial de la parte actora, consignó los recaudos correspondientes al actual juicio.
Mediante auto de fecha 08 de febrero de 2007, el Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, a los fines de su comparecencia por ante este Juzgado dentro del plazo respectivo, con el objeto de dar contestación a la demanda. Asimismo, se ordenó dar apertura al cuaderno de medidas por auto separado.
Por diligencia de fecha 21 de febrero de 2007, la representación judicial de la parte actora, consignó los fotostatos para librar las compulsas y una copia para ser agregada al cuaderno de medidas, siendo libradas las respectivas compulsas en fecha 28 de febrero del mismo año.
Corre inserta a los folios 10 al 12 del cuaderno de medidas decisión dictada por este Juzgado negando el decreto de la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar.
Riela al folio 23 del expediente diligencia de fecha 22 de mayo de 2007, suscrita por el alguacil de este Despacho dejando constancia que la parte actora no había suministrado los emolumentos o recursos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada, y consignó las compulsas.
En fecha 10 de agosto de 2007, compareció el co-demandado Angel Sechi Serboff, debidamente asistido por el abogado Carlos Linarez, inscrito en el I.P.S.A bajo el No. 69.065, se dio por citado, confirió poder al mencionado abogado y manifestó que el co-demandado Ángel Sechi Sandin falleció el 01 de febrero de 2003, en la ciudad de Madrid y que las otras co-demandadas se encuentran residenciadas en Madrid, España.
Mediante auto de fecha 18 de septiembre de 2007, se ordenó oficiar a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), solicitando el domicilio de las demandadas, librándose oficio No. 12143.
A través de diligencia de fecha 27 de febrero de 2008, la representación judicial de la parte co-demandada, solicitó copias certificadas, acordándose dicho pedimento por auto de fecha 03 de marzo de 2008.
Después de esta última actuación, no se observa en el expediente diligencia alguna realizada por la parte actora para la continuación del presente procedimiento.
II
MOTIVACION PARA DECIDIR

Para decidir el Tribunal observa:

Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, que desde el 21 de febrero de 2007, la parte actora no ha realizado actuación alguna para impulsar la practica de la citación de la parte demandada, ni para darle impulso al presente proceso, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este Juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado y deja a este Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.
Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 1º de junio de 2001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), y que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableció:
“… se ha interpretado como una limitación al derecho de acceso de toda persona a los órganos de la administración de justicia, garantizado por el artículo 26 de la Constitución de 1999, la pérdida del interés procesal, conceptuando éste como un requisito de la pretensión, en virtud de lo cual al ponerse de manifiesto tal situación antes o después de ser admitida aquélla para su trámite, ocasiona el decaimiento del ejercicio de la acción, por falta del debido impulso de parte, y permite declarar terminado el procedimiento, en razón de la ausencia de tal presupuesto, cuando ha transcurrido un lapso de inactividad suficiente que le haga presumir al Juez que el actor o solicitante de la respectiva tutela jurisdiccional, probablemente, ya no desea obtenerla o no requiere que se le satisfaga el derecho deducido, en forma oportuna y expedita, simplemente porque su abstención de instar la iniciación o continuación del procedimiento así lo denota.

Igualmente, la Sala Constitucional se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos:
“….En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente:
1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días. 2.-Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno. 3.-El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…” Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia. En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal).

En este sentido, dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Asimismo, establece el artículo 269 eiusdem, lo siguiente:
...”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

En el caso de estos autos la omisión de actuación de la parte demandante durante más de un (1) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada.
En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés de la parte actora por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse.
III
En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, y en consecuencia, EXTINGUIDO el proceso por Cumplimiento de Contrato intentado por los ciudadanos Luz Ruggiero de Tori y Víctor Enrique Tori Romero, contra los ciudadanos Angel Sechi Sandin, Malinka Serboff de Sechi, Angel Sechi Serboff y Malinké Sechi Serboff, plenamente identificados en el encabezamiento de esta decisión, y así se decide.-

PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los veintidós (22) días del mes de Marzo del años dos mil once (2011). 200º y 152º.
El Juez

Dr. Juan Carlos Varela Ramos
La Secretaria

Abg. Diocelis J. Pérez Barreto

En esta misma fecha, siendo las 11:19 a.m, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
La Secretaria

Abg. Diocelis J. Pérez Barreto

JCVR/DPB.-
Asunto: AH13-V-2007-000070