República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas PARTE ACTORA: Cooperativa Distribuidora GM 2912 R.L., inscrita en el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 15.05.2006, bajo el Nº 09, Tomo 18, Protocolo Primero. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Edgar Ruiz Pereira, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, titular de la cédula de identidad Nº 8.535.637, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 73.601. PARTE DEMANDADA: La Sabana 2003 C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 05.08.2003, bajo el Nº 72, Tomo 795-A. MOTIVO: Cobro de Bolívares (vía Intimatoria). En fecha 14.03.2011, se recibió ante la Secretaría de este Tribunal, el escrito de demanda presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano Carlos Jesús González Moreno, actuando en su carácter de Presidente de la asociación Cooperativa Distribuidora GM 2912 R.L., debidamente asistido por el abogado Edgar Ruiz Pereira, contentivo de la pretensión de cobro de bolívares deducida en contra de la sociedad mercantil La Sabana 2003 C.A., por los cauces del procedimiento intimatorio. En tal virtud, procede de seguida este Tribunal a verificar los presupuestos de admisibilidad de la demanda elevada a su conocimiento, con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación: - I - FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN El ciudadano Carlos Jesús González Moreno, actuando en su carácter de Presidente de la asociación Cooperativa Distribuidora GM 2912 R.L., debidamente asistido por el abogado Edgar Ruiz Pereira, en el escrito libelar continente de la pretensión deducida por su representada, alegó lo siguiente: Que, su representada convino y entregó varios pedidos de hortalizas, refrescos y víveres en general a la sociedad mercantil La Sabana 2003 C.A., quien se dedica entre otras cosas, a la compra y venta al mayor y al detal de comida y cualesquiera operaciones de lícito comercio. Que, en fecha 28.01.2010, 05.02.2010, 04.03.2010, 05.03.2010 y 10.03.2010, la sociedad mercantil La Sabana 2003 C.A., solicitó a su representada un pedido mediante facturas, pagaderas las correspondientes a los días 28.01.2010 y 05.02.1010, en un lapso de siete (07) días continuos a la firma de las facturas Nros. 3844 y 3891, por la cantidad de siete mil ciento ochenta y tres bolívares fuertes con cuarenta y siete céntimos (BsF. 7.183,47) y un mil setecientos ochenta y dos bolívares fuertes (BsF. 1.782,oo), respectivamente. Que, la factura Nº 3992, por la cantidad de cinco mil ochocientos catorce bolívares fuertes con cincuenta y ocho céntimos (BsF. 5.814,58); la factura Nº 4005, por la suma de un mil cuatrocientos setenta y dos bolívares fuertes con setenta y cinco céntimos (BsF. 1.472,75); la factura Nº 4022, por la cantidad de dos mil ciento sesenta y cinco con setenta y cinco céntimos (BsF. 2.165,75); y la factura Nº 3994, por la suma de un mil seiscientos veintiún bolívares fuertes (BsF. 1.621,oo), todas ellas serían canceladas de contado. Que, la sociedad mercantil La Sabana 2003 C.A., adeuda a su representada la cantidad de veinte mil treinta y nueve bolívares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (BsF. 20.039,55), por concepto de los diferentes insumos que se le suministró. Que, la demandada no ha realizado el pago de las seis (06) facturas aceptadas y vencidas, pese a las gestiones extrajudiciales para lograrlo. Fundamentó jurídicamente la pretensión deducida por su representada en los artículos1.264, 1.270 y 1.271 del Código Civil, al igual que en el artículo 124 del Código de Comercio, así como en los artículos 640 y 644 del Código de Procedimiento Civil. Por lo anterior, la asociación Cooperativa Distribuidora GM 2912 R.L., por intermedio de su representación legal, procedió a demandar a la sociedad mercantil La Sabana 2003 C.A., por los cauces del procedimiento intimatorio, para que conviniese o en su defecto, fuese condenada por este Tribunal, en el pago de la cantidad de cincuenta mil bolívares fuertes (BsF. 50.000,oo), por concepto de la pérdida del valor adquisitivo que por efecto de la inflación ha sufrido su mandante, así como en el pago de las costas procesales. - II - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Planteada en estos términos la demanda propuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a los presupuestos de admisibilidad de la misma, previas las consideraciones siguientes: El proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el instrumento fundamental para la realización de la Justicia, la cual ha sido concebida como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación de los órganos que conforman el poder público, según lo preceptuado en el artículo 2 ejúsdem. Por su parte, la acción comprende la posibilidad jurídico constitucional que tiene toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus pretendidos derechos e intereses en tutela de los mismos, como así lo garantiza el artículo 26 constitucional. Por lo tanto, la acción es conferida por la constitución y la ley a los particulares en consideración de una pretensión preexistente y simplemente afirmada, independientemente de la circunstancia de que la reclamación invocada sea reconocida con posterioridad como realmente existente o no por la autoridad judicial, ya que la misma siempre existirá cuando se alegue un interés jurídicamente tutelado y afirmado como existente, siendo la pretensión la que fenece cuando se origina la determinación que impone el órgano jurisdiccional al momento de emitir su dictamen, en cuanto al reconocimiento o su rechazo, de modo que ella se pone de manifiesto en la demanda, donde se expresan todos aquellos alegatos tanto fácticos como jurídicos que justifican la reclamación invocada y con la cual se ejercita la acción. Así pues, la demanda constituye “…un acto de declaración de voluntad introductivo y de postulación, que sirve de instrumento para el ejercicio de la acción y la afirmación de la pretensión, con el fin de obtener la aplicación de la voluntad concreta de la Ley, por una sentencia favorable y mediante un juicio, en un acto determinado…”. (Devis Echandía, Hernando. Acción y Pretensión. Separata de la Revista de Derecho Procesal, Madrid, abril-junio de 1.996) En tal virtud, una vez presentada la demanda, se requiere que el demandante dilucide la pretensión allí contenida conforme a los mecanismos idóneos y eficaces legalmente establecidos, toda vez que a tenor de lo dispuesto en artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal admitirá la demanda (i) si no es contraria al orden público, (ii) a las buenas costumbres o (iii) a alguna disposición expresa de la Ley. En cuanto a la noción de orden público, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2137, dictada en fecha 29.08.2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García (†), expediente N° 02-0088, caso: José Rafael Echeverría, apuntó lo siguiente: “…es menester indicar que el orden público es un concepto jurídico indeterminado acerca de lo que es fundamental para la subsistencia del Estado de Derecho y de la convivencia social, cuyos límites son trazados por la apreciación del colectivo y concretados a través del juez. Es por ello, que dicha noción no puede ser dividida en absoluta o relativa, dado que es el último punto de referencia a la que acude el Juez para determinar lo ajustado a derecho de una actuación. Por tanto, el orden público se encuentra en todo aquello que trascienda al interés particular y afecte el colectivo o las instituciones sociales…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Al unísono, en lo que respecta a la noción de buenas costumbres, la misma Sala Constitucional, en sentencia N° 85, dictada en fecha 24.01.2002, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 01-1274, caso: Asodeviprilara, determinó lo siguiente: “…Así como la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, señala una serie de normas para salvaguardar al consumidor (latu sensu), las cuales a veces regulan hasta las menciones de los contratos (artículos 19, 20 y 21); igualmente, normas que establecen con claridad la manera de actuar, pueden ser entendidas como protectivas de los seres humanos, de la convivencia, y ellas atienden mas a la protección de las buenas costumbres que a la del orden público. Las buenas costumbres, atienden a un concepto jurídico indeterminado ligado a la realidad social, y por ello el concepto varia en el tiempo y en el espacio, y con relación a determinados tipos de negocios o actos públicos…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Y, en relación con el supuesto concerniente a que la demanda no sea contraria a alguna disposición expresa de la ley, la Sala Constitucional, en sentencia N° 776, dictada en fecha 18.05.2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 00-2055, caso: Rafael Enrique Montserrat Prato, sostuvo: “…El artículo 26 de la vigente Constitución establece como derecho constitucional el acceso de las personas a la justicia. Tal acceso, conforme a la letra del mismo artículo, se hace mediante el proceso (lo que se denota de la frase de la norma sin formalismos o reposiciones inútiles), por lo que se trata de un acceso doble, ya que él no sólo corresponde a los demandantes sino a los demandados. Siendo el camino el proceso, las personas ejercerán su derecho mediante la acción, por lo que si ésta no existe o es inadmisible, el acceso efectivamente tiene lugar, pero el órgano jurisdiccional inadmite la acción, por lo que no toca el fondo de la pretensión. En consecuencia, tal rechazo de la acción no significa una negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que es el resultado de una declaración jurisdiccional, y se trata de un juzgamiento sobre la existencia del derecho de acción. La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho. En sentido general, la acción es inadmisible: 1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil. 2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado). 3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En consonancia con lo anterior y al deber del Juez de verificar los presupuestos de admisibilidad de la demanda en la oportunidad de su admisión, en virtud del principio de conducción judicial al proceso, consagrado en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional, en sentencia Nº 779, dictada en fecha 10.04.2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García (†), caso: Materiales MCL C.A., precisó lo siguiente: “…esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. No obstante, este principio ya se anticipa en el artículo 11 eiusdem, donde como excepción al principio del impulso procesal, se permite actuar al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes. Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta. En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En virtud de los precedentes jurisprudenciales anteriormente transcritos, resulta pertinente destacar que el juicio de admisibilidad comprende la labor de verificación que hace el Juez para determinar el cumplimiento de las características generales de atendibilidad de la pretensión contenida en la demanda, ya que la constatación de su falta impide la continuación hacia la fase cognoscitiva del proceso. Ahora bien, observa este Tribunal que la reclamación invocada por la asociación Cooperativa Distribuidora GM 2912 R.L., en contra de la sociedad mercantil La Sabana 2003 C.A., se patentiza en el cobro judicial de la cantidad de cincuenta mil bolívares fuertes (BsF. 50.000,oo), por concepto de la pérdida del valor adquisitivo que por efecto de la inflación ha sufrido la accionante, en vista de la venta de hortalizas, vegetales, frutas, quesos y víveres en general, lo cual se encuentra reflejado en la factura distinguida con el Nº 3844, por la cantidad de siete mil ciento ochenta y tres bolívares fuertes con cuarenta y siete céntimos (BsF. 7.183,47); la factura Nº 3891, por la suma de un mil setecientos ochenta y dos bolívares fuertes (BsF. 1.782,oo); la factura Nº 3992, por la cantidad de cinco mil ochocientos catorce bolívares fuertes con cincuenta y ocho céntimos (BsF. 5.814,58); la factura Nº 4005, por la suma de un mil cuatrocientos setenta y dos bolívares fuertes con setenta y cinco céntimos (BsF. 1.472,75); la factura Nº 4022, por la cantidad de dos mil ciento sesenta y cinco con setenta y cinco céntimos (BsF. 2.165,75); y la factura Nº 3994, por la suma de un mil seiscientos veintiún bolívares fuertes (BsF. 1.621,oo), todas ellas que ascienden a la cantidad de veinte mil treinta y nueve bolívares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (BsF. 20.039,55). En este sentido, el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Artículo 640.- Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Conforme a la anterior disposición jurídica, el procedimiento monitorio de intimación establecido en el Libro Cuarto, Parte Primera, Título II, Capítulo II del Código de Procedimiento Civil, ha sido dispuesto por el legislador para dilucidar a través del mismo aquéllas pretensiones que persigan el pago o la entrega de la cosa debida por el deudor, mediante el apercibimiento de que en un plazo perentorio de diez (10) días de despacho contados a partir de la constancia en las actas procesales de su intimación, acredite el pago de la suma líquida de dinero o la entrega de cosas fungibles o de un bien mueble determinado, según sea el caso. Pues bien, la accionante acreditó conjuntamente con el libelo de la demanda, original de la factura distinguida con el Nº 3844, por la cantidad de siete mil ciento ochenta y tres bolívares fuertes con cuarenta y siete céntimos (BsF. 7.183,47); la factura Nº 3891, por la suma de un mil setecientos ochenta y dos bolívares fuertes (BsF. 1.782,oo); la factura Nº 3992, por la cantidad de cinco mil ochocientos catorce bolívares fuertes con cincuenta y ocho céntimos (BsF. 5.814,58); la factura Nº 4005, por la suma de un mil cuatrocientos setenta y dos bolívares fuertes con setenta y cinco céntimos (BsF. 1.472,75); la factura Nº 4022, por la cantidad de dos mil ciento sesenta y cinco con setenta y cinco céntimos (BsF. 2.165,75); y la factura Nº 3994, por la suma de un mil seiscientos veintiún bolívares fuertes (BsF. 1.621,oo). En tal virtud, el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Artículo 643.- El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes: 1° Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640. 2° Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega. 3° Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En atención de la anterior norma legal, será declarada inadmisible la demanda que se pretenda encaminar por los cauces del procedimiento intimatorio, si faltare alguno de los requisitos exigidos por el artículo 640 ejúsdem, estos son, que se requiera el pago de una suma líquida de dinero o la entrega de cosas fungibles o de un bien mueble determinado; si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega; o cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición. En el presente caso, la accionante pretende el cobro judicial de la cantidad de cincuenta mil bolívares fuertes (BsF. 50.000,oo), por concepto de la pérdida del valor adquisitivo que por efecto de la inflación ha sufrido, pese a que la sumatoria de las cantidades reflejadas en las facturas accionadas totalizan la cantidad de veinte mil treinta y nueve bolívares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (BsF. 20.039,55), sin que haya aportado la prueba documental de la cual se desprenda la cantidad restante cuyo pago reclama por este especial procedimiento. En efecto, el artículo 644 del Código de Procedimiento Civil, prevé: “Artículo 644.- Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior: los instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas, admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, pagarés, cheques y cualesquiera otros documentos negociables”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En vista de ello, para acceder al especial procedimiento de la vía intimatoria, se requiere que la obligación cuyo cumplimiento se exige conste en un instrumento público o privado, cartas y misivas admisibles según el Código Civil, o facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques y cualquier otro documento negociable. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 182, dictada en fecha 31.07.2001, con ponencia del Magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez, expediente N° 00-831, caso: Main Internacional Holding Group Inc., sostuvo lo siguiente: “…De las referidas causales de inadmisibilidad del procedimiento intimatorio, previstas en el citado artículo 643 se deducen los requisitos de admisibilidad de dicho procedimiento. Estos requisitos limitan las pretensiones que pueden ventilarse a través del procedimiento monitorio. En resumen, los requisitos de admisibilidad del procedimiento intimatorio son los siguientes: 1. Los requisitos de admisibilidad de la demanda contenidos en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que la demanda no sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. 2. Los requisitos exigidos en el artículo 640, los cuales son: - Que persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de una cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada. - Que el deudor se encuentre en la República, o de no encontrarse, que haya dejado un apoderado que no se niegue a representarlo. 3. Que se acompañe con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega. 4. Que el derecho que se alega no este sometido a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Por lo antes expresado, estima este Tribunal que no resultaba dable para la accionante pretender por los cauces de la vía intimatoria, el pago de la cantidad de cincuenta mil bolívares fuertes (BsF. 50.000,oo), por concepto de la pérdida del valor adquisitivo que por efecto de la inflación ha sufrido, ya que si bien accionó el cobro de facturas aceptadas, que totalizan la cantidad de veinte mil treinta y nueve bolívares fuertes con cincuenta y cinco céntimos (BsF. 20.039,55), también es cierto que el saldo de la cantidad reclamada no puede ser exigido de la forma en que se hizo por los cauces del procedimiento intimatorio, toda vez que la pérdida del valor adquisitivo de la cantidad debida no representa en esta etapa procesal una cantidad líquida ni exigible, por cuanto su cálculo se encuentra supeditado a la realización de una experticia complementaria al fallo que recaiga en la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, lo cual conlleva a declarar la inadmisibilidad de la demanda, dada la contrariedad a Derecho de la misma. Así se declara. - III - DECISIÓN En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la pretensión de Cobro de Bolívares (vía Intimatoria), deducida por la asociación Cooperativa Distribuidora GM 2912 R.L., en contra de la sociedad mercantil La Sabana 2003 C.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 643 y 644 ejúsdem. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil once (2.011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación. El Juez Titular, César Luis González Prato La Secretaria Accidental, Xiomara Margarita García Delgado En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las doce de la tarde (12:00 p.m.). La Secretaria Accidental, Xiomara Margarita García Delgado CLGP.- Exp. Nº AP31-M-2011-000133