REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO VIGÉSIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS AÑOS 200º y 152º PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 13 de Junio de 1977, quedando anotada bajo el Nro. 1, Tomo 16-A, cuya transformación en Banco Universal consta de documento inscrito por ante el citado Registro en fecha 04 de Septiembre de 1997, quedando anotada bajo el Nro. 63, Tomo 70-A. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: LUIS ALBERTO ALBARRAN TORRES y JORGE ALEJANDRO ARRIETA AVENDAÑO, abogados en ejercicio inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 15.511 y 29.955. PARTE DEMANDADA: MORALES OM CELULAR C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, en fecha 15 de Febrero de 2005, quedando anotada bajo el Nro. 48, Tomo 25-A y el ciudadano MORALES OLEIRA MARGOT, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedulas de identidad Nro. 6.483.205. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos. Motivo: COBRO DE BOLIVARES. (Perención Breve) Por ante la Oficina Distribuidora de expedientes con sede en los Tribunales de Municipio ubicados en los Cortijos fue presentado libelo de demanda suscrito por los abogados LUIS ALBERTO ALBARRAN TORRES y JORGE ALEJANDRO ARRIETA AVENDAÑO, actuando como apoderados judiciales de Banesco Banco Universal, el cual una vez realizado el sorteo correspondiente fue asignado a este Juzgado para conocer de la presente controversia. Siendo recibido por la Secretaría de este Juzgado en fecha 11 de Octubre de 2010, siendo admitido por este Juzgado en fecha 28 de Octubre de 2010. En fecha 25 de Noviembre de 2010, compareció la representación de la parte y consigna fotostatos para la elaboración de la compulsa. ALEGATOS FORMULADOS POR LA PARTE ACTORA Que se otorgo a MORALES OM CELULAR, C.A., un préstamo a interés, tal como se evidencia de contrato de préstamo Nro. 890642, de fecha 07 de Agosto de 2007, por la cantidad de CIENTO CUATRO MIL CIENTO OCHENTA BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.F. 104.187,53). Que para garantizar el pago de la obligación, la ciudadana MORALES OLEIRA MARGOT, se constituyo en fiadora solidaria y principal pagadora. Que en caso de incumplimiento, del documento de préstamo, la actora podría considerarlo resuelto y considerar las obligaciones como plazo vencido. Que por cuanto MORALES OM CELULAR, C.A., en su condición de deudor principal y la ciudadana MORALES OLEIRA MARGOT, como fiadora, no han cancelado en la oportunidad convenida los pagos que asumieron, para cumplir con la cancelación del préstamo solicitado. Que tal circunstancia y por convenio entre las partes hace exigible la obligación adeudada. Que por todo lo expuesto proceden a demandar, como en efecto lo hacen a MORALES OM CELULAR, C.A., en su condición de deudora principal y a la ciudadana MORALES OLEIRA MARGOT, como fiadora principal y principal pagadora, para que convengan en cancelar o en su defecto a ello se le condene el pago de CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (Bs.F 40.264,52). Que la actora fundamento su demanda en los siguiente artículos: 1.159; 1.160; 1.167; 1.264 y 1.277. Estima su acción en la cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (Bs.F 40.264,52)., equivalentes a SEISCIENTAS DIECINUEVE CON CUARENTA Y CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS (619,45 UT) PUNTO PREVIO DE LA PERENCION Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “...También se extingue la instancia: 1.- Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado” Así mismo y como colorario, es menester transcribir parte de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en sala de Casación Civil, en fecha seis (06) de julio de dos mil cuatro (2004), en la cual se estableció, que: “… dado el principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público. Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide. Bajo el título de casación sobre los hechos y con apoyo en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el recurrente la infracción, por falsa aplicación del ordinal 1º del artículo 267 eiusdem, y lo hace en los términos siguientes: “...De conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, por falsa aplicación, del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica expresa que regula el establecimiento de los hechos, todo lo cual fue determinante en el dispositivo del fallo. (...Omissis...) Ahora bien, como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzcan para su declaratoria: (i) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, y (ii) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada, cuales eran la de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, como es el pago de las copias fotostáticas de la demanda que se adjuntará a la orden de comparecencia, todo lo cual fue cumplido por mi representado en el caso de autos..” III DE LA DECISIÓN Ahora bien, visto el articulo antes trascrito, así como la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, observa este Juzgador que en el caso in comento, tenemos que, efectivamente, desde el 28 de Octubre de 2010, fecha en que el Tribunal admitió la demanda, hasta la presente fecha, ha transcurrido más del lapso establecido en la norma y sentencia señaladas anteriormente, sin que la parte actora haya cumplido con las obligaciones exigidas por la ley, a los fines de que fuera practicada la citación de la demandada. En consecuencia, por todo lo antes expuesto y en virtud de la inactividad de la parte actora, en ese lapso en aplicación a la norma antes transcrita, ha operado la Perención Breve de la Instancia. Y ASÍ SE DECLARA.- Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 267, Ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, declara. LA PERENCION BREVE DE LA INSTANCIA en el presente juicio.- No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo, a tenor del artículo 283 del Código Adjetivo. Déjese copia certificada en el acopiador respectivo, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Veintinueve (29) días del mes de Marzo de Dos mil Once (2011). Años 200° de la Independencia y 152° de la Federación.- La Juez, Dra. Anna Alejandra Morales Lange La Secretaria, Abg. Ana A. Silva Sandoval En la misma fecha, siendo las 02:00 p.m., se registró y publicó la anterior decisión. La Secretaria, Abg. Ana Silva Sandoval AAML/AASS/Richard Exp. Nº AP31-M-2010-000778.