REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, nueve (09) de mayo de dos mil once (2011) 200º y 152º Vista la diligencia anterior, suscrita por el abogado EDGARDO SOTO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 65.655, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual consigna un (01) legajo de copias simples correspondientes al cuaderno principal, a los fines de que se acuerde medida de prohibición de enajenar y gravar. Al respecto el Tribunal observa: Las medidas cautelares en materia civil, están condicionadas a los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que, a los fines de obtener el decreto de alguna medida, deben estar exhaustivamente demostrados en autos los extremos de las presunciones del buen derecho, y del peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo; previstos de manera general en el artículo 585 eiusdem. Razón por la cual, es menester para este Despacho proceder a la revisión de los recaudos consignados por el apoderado actor, como instrumentos fundamentales a su pretensión cautelar. Se trata de copias simples del libelo de demanda, poder que acredita la representación judicial de la parte actora, documento de propiedad del inmueble, y recibos de condominio. A pesar de que todos los recaudos fueron consignados en este cuaderno en copia simple, el Tribunal tomará en consideración lo expuesto en el libelo, pues al ser el auto de admisión un documento público judicial, le da certeza a dicho libelo. En éste la representación judicial de la parte actora, manifestó que su representada es una empresa dedicada a la administración de inmuebles vendidos por el sistema de Propiedad Horizontal, y en razón a ello fue designada como administradora de la primera etapa del edificio Residencias Venezuela, ubicado entre las esquinas de Bucare y Puente Junín, Parroquia San Juan, Municipio Libertador, Distrito Capital, Caracas. Que el ciudadano ESTEBAN ANÍBAL VARGAS PARRA, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.020.070, es propietario del apartamento N° 86, ubicado en la piso 8 que forma parte integrante de la primera etapa del referido edificio Residencias Venezuela, tal como se evidencia del documento de propiedad protocolizado ante la Oficina Inmobiliaria del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 17 de mayo de 1996, bajo el n° 46, Tomo 26, Protocolo Primero. Que el referido inmueble se rige por régimen de Propiedad Horizontal, de conformidad con el documento de condominio protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital), el día 13 de diciembre de 1973, bajo el N° 31, Tomo 19, Folio 157, Protocolo Primero; es por lo que demanda a dicho ciudadano, por COBRO DE BOLÍVARES; requiriendo el pago de la cantidad de ocho mil doscientos cincuenta y siete bolívares con cuatro céntimos (Bs. 8.257,04), correspondiente a la suma de las cuotas de condominio adeudadas. Al solicitar la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, señaló que hay una presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), es decir, el derecho a cobrar las cuotas de condominio insolutos por el administrador; e igualmente existe una presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora), ya que el demandado tiene una morosidad de treinta y siete (37) recibos de condominio hasta la fecha de la introducción de la demandada, más los que se siguen causando. Fundamentó su pretensión cautelar en los artículos 585, numeral tercero (3°) del 588 y 600 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, revisados y analizados los recaudos consignados por la parte demandante, así como los alegatos esgrimidos para que se le decrete la medida de prohibición de enajenar y gravar, considera esta Juzgadora que no hay constancia en autos de algún medio de prueba que demuestre el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Como consecuencia de ello, faltando uno de los requisitos para que se decrete la medida de prohibición de enajenar y gravar (periculum in mora), este órgano jurisdiccional considera IMPROCEDENTE la solicitud de la medida antes señalada. Y ASÍ SE DECIDE. Dada, firmada y sellada en este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil once (2011). Años 200° y 152°. LA JUEZ TITULAR, __________________________________ Abg. ZOBEIDA M. ROMERO ZARZALEJO. LA SECRETARIA TITULAR, __________________ Abg. VIOLETA RICO. En esta misma fecha, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.), se registró y publicó la anterior decisión. LA SECRETARIA TITULAR, _________________ Abg. VIOLETA RICO. ZMRZ/VR/Desireé. ASUNTO N° AN31-X-2010-000154.