TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011)
201º y 152º
Asunto: AP31-V-2011-000481

PARTE ACTORA: BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-00072306-0, domiciliada en la ciudad de Caracas, constituida originalmente como Invercorp Banco Comercial C.A. por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 2 de octubre de 1969, bajo el N° 89, Tomo 62-A, de posteriores modificaciones siendo una de ellas su transformación a Banco Universal, mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas inscrita por ante el mencionado Registro Mercantil de fecha 23 de agosto de 2005, bajo el N° 46, Tomo 164-A-SDO, y autorizada dicha transformación según consta de Resolución N° 341-05, emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en fecha 25 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.251 de fecha 16 de agosto de 2005; Institución Financiera ésta que en virtud de la autorización otorgada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones contenida en la Resolución N° 142.10 de fecha 24 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.400 de fecha 09 de abril de 2010, y conforme a las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas en fecha 29 de septiembre de 2006 y 29 de octubre de 2009, inscritas en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fechas 11 y 12 de mayo de 2010, anotadas bajo los Nos. 27 y 30 de los Tomos 109-A-Sdo y 110-a-Sdo, representada en juicio por las abogadas en ejercicio, Antonella Di Campo Colmenares y Elia Cecilia Díaz Oropeza, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 107.562 y 43.263, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: PATRICIA MAGALY BLANCHARD QUINTERO, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cedula de Identidad N° 14.547.992, sin representación judicial constituida en autos.

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO.

I

Se inició el presente juicio por libelo de demanda, presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de febrero de 2011, quedando asignado en esa misma fecha, a este Tribunal, previa distribución de Ley.

Mediante auto dictado el día 2 de marzo de 2011, fue admitida la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio en concordancia con lo previsto en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 21 de marzo de 2011, compareció la abogada Antonella Di Campo Colmenarez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 107.562, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, y consignó mediante diligencia los emolumentos requeridos para practicar la citación de la parte demandada, asimismo consignó los fotostatos respectivos para la elaboración de la compulsa de citación y la apertura del cuaderno de medidas.

En fecha 24 de marzo de 2011, este Tribunal ordenó librar compulsa a la parte demandada, ciudadana Patricia Magali Blanchard Quintero.
En fecha 11 de abril de 2011, el ciudadano Mario Díaz, en su carácter de alguacil adscrito a este Circuito Judicial, dejó constancia de haber entregado a la ciudadana PATRICIA MAGALI BLANCHARD QUINTERO, parte demandada, la respectiva compulsa de citación con su respectiva orden de comparecencia librada a su nombre, la cual firmó.

El Tribunal en fecha 13 de abril de 2011, dejó constancia en el expediente, a través de acta, que a la hora y en la oportunidad fijada para contestar la demanda, la parte demandada no compareció ni por sí ni por medio de apoderado alguno.
Abierto el juicio a pruebas, la representación judicial de la parte actora, promovió documentales aportadas a los autos. Dichas pruebas fueron admitidas por el Tribunal, a través de auto de fecha 29 de abril de 2011, salvo su apreciación en la oportunidad procesal correspondiente.

II

Planteada en tales términos la presente controversia, este Tribunal procede a dictar sentencia, previa las consideraciones siguientes:

Observa quien sentencia, que la parte demandada, ciudadana PATRICIA MAGALY BLANCHARD QUINTERO, previamente identificada, no compareció ni por sí ni por medio de apoderado alguno a dar contestación a la demanda incoada en su contra, en la oportunidad fijada para ello. En efecto, se evidencia del folio 28 del presente expediente, que en fecha 11 de abril de 2011, la parte demandada quedó citada en autos, por lo que debía comparecer por ante este Tribunal, el Segundo 2° día de despacho siguiente a la constancia en autos que de su citación se haga, a las once 11:00 a.m., a dar contestación a la demanda; oportunidad en la cual no compareció ni por sí ni por medio de apoderado alguno -tal como se señaló anteriormente- a dar contestación a la misma, con lo cual debe considerarse como recluido el lapso para realizar la contestación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 887 eiusdem, cuando el demandado no asiste oportunamente a dar contestación a la demanda, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante y si ni nada probare que le favorezca.

El Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, respecto a la figura de confesión ficta prevista en el mencionado artículo, ha expresado lo siguiente:

“… Por el hecho de inasistir, o no contestar, el demandado aún no está confeso. Por el hecho de inasistir o no contestar, nada ha admitido, simplemente él no ha alegado nada, pero tampoco ha admitido nada.
No es cierto que haya una presunción como lo ha venido diciendo la Corte. Tampoco estamos ante una apariencia, porque la apariencia parte de una realidad, y por ello la apariencia no la crea la ley, y resulta que los efectos del artículo 362, no parten de algo que sucedió que haga pensar inmediatamente que el demandado está confesando.
¿Qué es lo que hay realmente aquí?
Como lo ha dicho la doctrina desde la época de Romana, estamos ante una ficción, que es algo distinto a una presunción y a una apariencia. La ficción no es realidad. La ficción la crea la Ley como un fenómeno adjetivo y normalmente se limita a las partes.
Yo pienso que es sumamente importante tener claro cuál es la naturaleza de los efectos de esta inasistencia del demandado a contestar la demanda, y tenemos que lo que va a producir, que sería una ficción de confesión, como ficción que es, nunca puede ir contra la realidad. Si nosotros vamos a llegar a la posición de que la ficción impera sobre la realidad, no estamos haciendo justicia y no creo que ni siquiera estemos aplicando derecho. Y eso me ha hecho pensar que el artículo 362, se ha estado interpretando muy alegremente, al partir de la idea de presunción, que no es tal presunción y, que no se puede seguir viendo de esa manera, porque entonces sería entronizar también por esa vía la ficción sobre la realidad.…. Y entonces realmente, ¿qué es lo que le pasa al demandado que no contesta la demanda?
Al demandado que no contesta la demanda, lo único que le está pasando, a pesar de su contumacia, es que en su cabeza tiene la carga de la prueba, esto es, de probar que no es verdad lo que el demandante le achaca.
Normalmente, en una demanda donde se afirman unos hechos y simplemente se niega su existencia, la carga de la prueba la tiene el actor. Pero resulta que a este demandado que no contestó la demanda, el legislador en el artículo 362 CPC le puso en su cabeza la carga de la prueba, y es a él, al demandado, a quien le corresponde probar algo que lo favorezca.
Esto permite que si hubiera cero prueba, porque el actor nada probó y el demandado no contestó ni nada probó, el demandado termina perdiendo el juicio, porque él tenía la carga de la prueba, por imposición legal, y no cumplió con ella.
La carga objetiva de la prueba se rige por normas generales y normas especiales, y como es un principio de derecho que lo especial priva sobre lo general, pues la norma especial sobre la carga de la prueba, que es en este caso la del art. 362, priva sobre las normas generales como las del art. 1354 del Código Civil o la del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. …” (Revista de Derecho Probatorio No. 12).

Conforme al criterio doctrinal previamente aludido, el cual aplica este Despacho, debe concluirse que, la figura de la confesión ficta comporta en sí, la existencia de una ficción de confesión, y que de acuerdo a la ya mencionada norma adjetiva, se establece como excepción que la petición del demandante no sea contraria a derecho o que durante el lapso probatorio el demandado no hubiese aportado ningún elemento encaminado a desvirtuar las pretensiones de la accionante.

Por tratarse pues, de una verdadera ficción de confesión, es deber de este Juzgado analizar ahora si en autos se cumplen los extremos pertinentes para su plena procedencia:

En cuanto al primer requisito de Ley, esto es, que la petición del demandante no sea contraria a derecho, determina este Juzgado que la pretensión de la parte actora es la de obtener la resolución de un contrato de venta con reserva de dominio celebrado el día 1º de febrero de 2008, en razón del incumplimiento de la demandada con las cuotas mensuales acordadas en el citado contrato, concretamente, nueve (09) de las cuarenta y ocho (48) cuotas establecidas en el contrato con reserva de dominio y sus respectivos intereses moratorios, correspondientes a dichas cuotas a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2010 y enero de 2011, las cuales se encuentran vencidas. Deuda que representa la suma de Veintiún Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Bolívares con Sesenta y Un Céntimos (Bs. 21.759,61), la cual excede de la octava parte del precio financiado, de Setenta Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 70.000,00).

El contrato cuya resolución se pretende fue aportado conjuntamente con el libelo, el cual no fue tachado en forma alguna por la demandada, demostrándose con dicha prueba, la venta con reserva de dominio a la parte demandada, de un vehículo Marca: Ford, Modelo: Fusion F088 Fusion, Clase: Automóvil, Tipo: Sedan, Año: 2008, Color: Verde, Serial carrocería: 3FAHP08138R140797, Serial del motor: 78R140797, Placa: GEE23N, Uso: particular, Peso: 1991 Kg, Capacidad: 5 puestos.

En ese sentido, el artículo 13 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio, dispone:

“Artículo 13.- Cuando el precio de la venta con reserva de dominio se haya pactado para pagarse por medio de cuotas, y no obstante convenio en contrario, la falta de pago de una o más cuotas que no excedan en su conjunto de la octava parte del precio total de la cosa, no dará lugar a la resolución del contrato, sino al cobro de la cuota o cuotas insolutas y de los intereses moratorios a la rata corriente en el mercado, conservando el comprador el beneficio del término con respecto a las cuotas sucesivas”.

Normativa especial que permite declarar que la acción resolutoria incoada, está amparada en el ordenamiento jurídico. Concluyendo en consecuencia este Despacho, que la pretensión deducida está tutelada por el ordenamiento jurídico y así se establece.
b) En lo que respecta al segundo supuesto de hecho de la norma que nos ocupa, esto es, que el demandado nada pruebe que le favorezca durante el lapso respectivo, y exteriorice su rebeldía o contumacia en no dar contestación a la demanda, la Ley limita las pruebas que pueda aportar el demandado a desvirtuar los hechos alegados por el actor como fundamento de la acción, resultando evidente, por así constatarse de las actas, que la parte demandada nada probó que le favoreciera, vale decir, no probó haber cumplido con el pago de las cuotas contractuales de pago convenidas; o en su defecto, algún hecho extintivo de la obligación reclamada que en todo caso, hiciera sucumbir la pretensión actora; toda vez que, de la revisión realizada a las actas que conforman el expediente bajo estudio, se aprecia que, además de no haber contestado la demanda, luego de haberse dado por citada de forma expresa, no compareció en ninguna etapa procesal a los fines de hacer valer sus derechos e intereses y/o probar aquello que estimare pertinente para desvirtuar la pretensión deducida.
Analizadas las actas que integran el presente expediente a la luz de la normativa consagrada en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, debe concluirse que, en el juicio sustanciado, se verificaron los extremos legales exigidos para la procedencia de la confesión ficta; pues dada la actitud contumaz de la demandada al no contestar la demanda, por norma, asumió plenamente la carga de probar algún hecho con el cual desvirtuara la pretensión deducida, carga que en ningún momento desarrolló, por lo que deben tenerse por ciertos los hechos afirmados en la demanda, y así se establece.
III
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda incoada por BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL, contra la ciudadana PATRICIA MAGALY BLANCHARD QUINTERO, identificados en el encabezado del presente fallo. En consecuencia, se declara la resolución del contrato de venta con celebrado por ante la Notaría Pública Trigésima del Municipio Libertador del Distrito Capital; y se condena a la demandada a entregar a la parte actora, el vehículo objeto del referido contrato constituido por un vehículo Marca: Ford, Modelo: Fusion F088 Fusion, Clase: Automóvil, Tipo: Sedan, Año: 2008, Color: Verde, Serial carrocería: 3FAHP08138R140797, Serial del motor: 78R140797, Placa: GEE23N, Uso: particular, Peso: 1991 Kg, Capacidad: 5 puestos, quedando en beneficio de la actora, las sumas pagadas con ocasión del precitado contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio, como justa indemnización por el uso del citado vehículo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la demandada.

Por cuanto la presente decisión ha sido dictada fuera de la oportunidad legal correspondiente, se ordena su notificación a las partes.-

PUBLIQUESE, REGISTRESE. NOTIFIQUESE A LAS PARTES Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION.

Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los dieciocho (18) días de mayo de 2011.
LA JUEZ,

Abg. Carmen J. Goncalves Pittol
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Abg. Karem A. Benitez Figueroa.

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las 11.64 a.m.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Abg. Karem A. Benitez Figueroa