TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Años: 200° y 151º

EXP. No. AP31-V-2011-001141

DEMANDANTE: REPRESENTACIONES RIVPED IMPORT, S.R.L., debidamente registrada por ante el Ministerio del Interior y Justicia, Registro Mercantil Segundo, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Edo. Miranda, Registro de comercio bajo el N° 73, Tomo 170-A-SDO, en fecha Veintisiete (27) de Noviembre del año 2.002, representada por su Representante Legal, PEDRO PASCUAL RIVAS, mayor de edad, de Nacionalidad venezolana, jurídicamente hábil, titular de la cédula de Identidad No.V-1.002.134, asistido en este acto por el Dr. IVAN OSILIA HEREDIA, abogado en ejercicio, venezolano, titular de la cédula de Identidad Nro. 13.307.905, de este domicilio, Nro, de IPSA 85.030.

DEMANDADO: MATTEO PICCIUTO, quién es venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°. V-6. 176.269, sin Apoderado Judicial constituido en autos.

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

En el libelo de la demanda, se señalo lo siguiente:

PEDRO PASCUAL RIVAS, mayor de edad, de Nacionalidad venezolana, jurídicamente hábil, titular de la cédula de Identidad No.V-1.002.134, y de este domicilio, en mi condición de Representante legal de REPRESENTACIONES RIVPED IMPORT, S.R.L.,debidamente registrada por ante el Ministerio del Interior y Justicia, Registro Mercantil Segundo, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Edo. Miranda, Registro de comercio bajo el N° 73, Tomo 170-A-SDO, en fecha Veintisiete (27) de Noviembre del año 2.002, asistido en este acto por el Dr. IVAN OSILIA HEREDIA, abogado en ejercicio, venezolano, titular de la cédula de Identidad Nro. 13.307.905, de este domicilio, Nro, de IPSA 85.030, con domicilio procesal para este efecto en: Av. Lecuna, De Velásquez a Miseria, Torre Profesional del Centro, Piso 5, Oficina. 502, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital. Ante usted con el debido acatamiento acudo para exponer y solicitar:
RELACION DE LOS HECHOS
En fecha primero (01) de Enero del año 2010, celebre contrato de arrendamiento con el ciudadano MATTEO PICCIUTO, quién es venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N°. V-6. 176.269, sobre un local comercial ubicado con total exactitud en la siguiente dirección: Concordia a Porvenir, Edificio El Porvenir, Sotano C, Parroquia Altagracia, Distrito Capital, Caracas.
Ahora bien, Ciudadano Juez, es el caso que el Ciudadano MATTEO PICCIUTO, antes mencionado, hasta la presente fecha debe un cúmulo de Cánones de Arrendamiento correspondientes a los meses de NOVIEMBRE a Diciembre del año 2010 y de ENERO a ABRIL del año 2011, a razón de CUATROSCIENTOS OCHO BOLIVARES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (408.76) mensuales, los cuales totalizan la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON DIECISEIS CENTIMOS (Bs.6540.16),pero resulta que no obstante las múltiples gestiones de cobranza realizadas a fin de que el Arrendatario cancele lo adeudado, las mismas han sido infructuosas hasta la fecha actual, lo que me faculta suficientemente para acudir ante su competente autoridad y demandar, como formal y expresamente lo hago en este acto, a el prenombrado e identificado Ciudadano MATTEO PICCIUTO, por ACCIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, y para que convenga, o en su defecto a ello lo condene este Tribunal al sentencias, en los siguientes pedimentos: -
PRIMERO: Que violo flagrantemente el Contrato de Arrendamiento a tiempo determinado que celebramos en fecha primero (01) de Enero del año Dos Mil Diez (20 10),mediante el cuál le di en alquiler Un Local comercial ubicado con total exactitud en Concordia a Porvenir, Edificio El Porvenir, Sótano C, Parroquia Altagracia, Distrito Capital, Caracas; violación esa que se produjo al haber dejado de pagas los alquileres correspondientes a los meses de NOVIEMBRE a Diciembre del año 2010 y de ENERO a ABRIL del año 2011, a razón de CUATROSCIENTOS OCHO BOLÍVARES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (408.76) mensuales, los cuales totalizan la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON DIECISEIS CENTIMOS (Bs. 6540.16)
SEGUNDO: Qué en vista de la evidente violación de su obligación de pago oportuna, referida en el punto anterior, se legítima la ACCIÓN RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, que se interpone en su contra, con fundamento en lo que dispone el articulo 1.167 del Código Civil, y lo demando pasa que convenga en que el Contrato de Arrendamiento que nos vincula, celebrado en fecha 01 de Enero de 2010, quedo resuelto de Pleno Derecho, y en consecuencia DEBE DESOCUPAR, SIN PLAZO ALGUNO, el Local que le fue alquilado, descrito en el literal anterior
TERCERO: Que debe pagarme también sin plazo alguno, con fundamento en el mismo articulo 1.167 del Código Civil, también sin plazo, la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON DIECISEIS CENTIMOS ( Bs. 6540.16), como justa compensación del daño que me causo por el uso y disfrute ilegítimo del bien inmueble que ocupa; monto este al que ascienden los alquileres no pagados, mas los intereses moratorios dejados de pagar, cantidad esta que demando en pago por vía subsidiaria, y como justa compensación por el uso y goce del referido Local, del cuál ha disfrutado indebidamente. En estos mismos términos demando que el Arrendatario insolvente me pague el equivalente al alquiler fijado, por cada mes que se retarde la entrega real y efectiva del inmueble arrendado, y pasa efectos de la cuantía, estimó De acuerdo a la reciente resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 18 de marzo del 2009, que modifica a nivel nacional las TREINTA Y NUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 39.000,00), equivalente a seiscientas unidades tributarias (600 UT)
CUARTO: Que pague las costas y costos que ocasione el presente Juicio
QUINTO. Pido que en la sentencia definitiva y por experticia complementaria del fallo, se acuerde la indexación o corrección monetaria de la obligación demandada.
CONCLUSIONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
La acción resolutoria que se ejerce tiene su fundamentación de hecho en que existe una relación contractual vigente a partir del mes de Enero del año 2010, generadora de derechos y obligaciones, cumplidos cabalmente esas últimas por la parte actora, mientras que el demandado injustificadamente incumplió su obligación de pago, en los términos que ya fueron explicados, siendo las que corresponden a el Arrendatario, como una de las dos principales que le impone la Ley, la de “TRACTO SUCESIVO”, es decir, la obligación de pagar los cánones de Arrendamiento, la cuál debe cumplirse puntualmente al vencimiento del periodo de tiempo establecido por las partes al contratar, principalísima obligación esta que fue violada por el demandado al incumplirla, cuyo incumplimiento origina la fundamentación de derecho de la expresada acción, la cual ultima consiste en el ya citado articulo 1.167 del Código Civil, norna esta que también permite la acción subsidiaria por daños y perjuicios igualmente ejercida, en concordada dicha norma con los artículos 1.159, 1.160, 1.264 y 1.269 del mismo texto adjetivo Civil, en tanto que su interposición y tramite se sostiene en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sobre el Procedimiento Breve

Planteada en estos términos la demanda propuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a los presupuestos de admisibilidad de la misma, previas las consideraciones siguientes:
Ahora bien, se debe indicar, que el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el instrumento fundamental para la realización de la Justicia, la cual ha sido concebida como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación de los órganos que conforman el poder público, según lo preceptuado en el artículo 2 ejúsdem.
Por su parte, la acción comprende la posibilidad jurídico constitucional que tiene toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus pretendidos derechos e intereses en tutela de los mismos, como así lo garantiza el artículo 26 constitucional.
Por lo tanto, la acción es conferida por la Constitución y la ley a los particulares en consideración de una pretensión preexistente y simplemente afirmada, independientemente de la circunstancia de que la reclamación invocada sea reconocida con posterioridad como realmente existente o no por el órgano de administración de justicia, ya que la acción siempre existirá cuando se alegue un interés jurídicamente tutelado y afirmado como existente, siendo la pretensión la que fenece cuando se origina la determinación que impone la autoridad judicial al momento de emitir su dictamen, en cuanto a su reconocimiento o rechazo, la cual se pone de manifiesto en la demanda, donde se expresan todos aquellos alegatos tanto fácticos como jurídicos que justifican la reclamación invocada y con la cual se ejercita la acción.
Así pues, la demanda constituye “…un acto de declaración de voluntad introductivo y de postulación, que sirve de instrumento para el ejercicio de la acción y la afirmación de la pretensión, con el fin de obtener la aplicación de la voluntad concreta de la Ley, por una sentencia favorable y mediante un juicio, en un acto determinado…”. (Devis Echandía, Hernando. Acción y Pretensión. Separata de la Revista de Derecho Procesal, Madrid, abril-junio de 1.996)
En tal virtud, una vez presentada la demanda, se requiere que el demandante dilucide la pretensión allí contenida conforme a los mecanismos idóneos y eficaces legalmente establecidos, muy especialmente en materia inquilinaria, cuyas vías establecidas en la ley para terminar la relación arrendaticia que nace de un contrato, depende de la naturaleza jurídica del mismo, en cuanto a que sea verbal o escrito, a tiempo determinado o indeterminado, toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal admitirá la pretensión (i) si no es contraria al orden público, (ii) a las buenas costumbres o (iii) a alguna disposición expresa de la Ley.
En cuanto a la noción de orden público, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2137, dictada en fecha 29.08.2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García (†), expediente N° 02-0088, caso: José Rafael Echeverría, apuntó lo siguiente:

“…es menester indicar que el orden público es un concepto jurídico indeterminado acerca de lo que es fundamental para la subsistencia del Estado de Derecho y de la convivencia social, cuyos límites son trazados por la apreciación del colectivo y concretados a través del juez. Es por ello, que dicha noción no puede ser dividida en absoluta o relativa, dado que es el último punto de referencia a la que acude el Juez para determinar lo ajustado a derecho de una actuación.
Por tanto, el orden público se encuentra en todo aquello que trascienda al interés particular y afecte el colectivo o las instituciones sociales…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Al unísono, en lo que respecta a la noción de buenas costumbres, la misma Sala Constitucional, en sentencia N° 85, dictada en fecha 24.01.2002, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 01-1274, caso: Asodeviprilara, determinó lo siguiente:

“…Así como la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, señala una serie de normas para salvaguardar al consumidor (latu sensu), las cuales a veces regulan hasta las menciones de los contratos (artículos 19, 20 y 21); igualmente, normas que establecen con claridad la manera de actuar, pueden ser entendidas como protectivas de los seres humanos, de la convivencia, y ellas atienden mas a la protección de las buenas costumbres que a la del orden público.
Las buenas costumbres, atienden a un concepto jurídico indeterminado ligado a la realidad social, y por ello el concepto varia en el tiempo y en el espacio, y con relación a determinados tipos de negocios o actos públicos…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Y, en relación con el supuesto concerniente a que la pretensión no sea contraria a alguna disposición expresa de la ley, la Sala Constitucional, en sentencia N° 776, dictada en fecha 18.05.2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente N° 00-2055, caso: Rafael Enrique Montserrat Prato, sostuvo:

“…El artículo 26 de la vigente Constitución establece como derecho constitucional el acceso de las personas a la justicia. Tal acceso, conforme a la letra del mismo artículo, se hace mediante el proceso (lo que se denota de la frase de la norma sin formalismos o reposiciones inútiles), por lo que se trata de un acceso doble, ya que él no sólo corresponde a los demandantes sino a los demandados. Siendo el camino el proceso, las personas ejercerán su derecho mediante la acción, por lo que si ésta no existe o es inadmisible, el acceso efectivamente tiene lugar, pero el órgano jurisdiccional inadmite la acción, por lo que no toca el fondo de la pretensión.
En consecuencia, tal rechazo de la acción no significa una negativa al derecho de acceso a la justicia, ya que es el resultado de una declaración jurisdiccional, y se trata de un juzgamiento sobre la existencia del derecho de acción.
La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho.
En sentido general, la acción es inadmisible:
1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil .
2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado).
3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

En consonancia con lo anterior y al deber del Juez de verificar los presupuestos de admisibilidad de la demanda en la oportunidad de su admisión, en virtud del principio de conducción judicial al proceso, consagrado en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Constitucional, en sentencia Nº 779, dictada en fecha 10.04.2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García (†), caso: Materiales MCL C.A., precisó lo siguiente:

“…esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. No obstante, este principio ya se anticipa en el artículo 11 eiusdem, donde como excepción al principio del impulso procesal, se permite actuar al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes.
Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta.
En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

En virtud de los anteriores precedentes jurisprudenciales, resulta pertinente precisar que el juicio de admisibilidad comprende la labor de verificación que hace el Juez para determinar el cumplimiento de las características generales de atendibilidad de la pretensión contenida en la demanda, ya que la constatación de su falta impide la continuación hacia la fase cognoscitiva del proceso.
Ahora bien, observa este Tribunal, que la reclamación invocada por la parte actora se patentiza en el cumplimiento del contrato de arrendamiento celebrado entre la parte actora y el de cujus PABLO MAZA CABRERA por vencimiento del contrato y la prorroga legal.
Así las cosas, los instrumentos fundamentales de la pretensión contenida en la demanda, son aquéllos de los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido, y según lo establecido en el ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, deben producirse con el libelo.
Pues bien, la preclusividad de la oportunidad en presentar los instrumentos fundamentales tiene como objetivo primordial mantener a las partes en el goce efectivo de sus derechos constitucionalizados, entre los que se encuentran la igualdad ante la Ley y el derecho a la defensa como expresión de la garantía a un debido proceso, consagrados en los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que cuando el actor ejercita su derecho de acción y eleva ante el órgano de administración de justicia la pretensión contenida en la demanda para que a través del proceso se dilucide, el título que le sirve de sustento a su reclamación, necesariamente debe ser oponible frente a quién se le imputa la prestación invocada, para que así pueda contradecirla en todo o en parte, de considerarlo necesario, o convenir en ella absolutamente o con alguna limitación, así como expresar las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere convenientes alegar en protección de sus derechos e intereses.
Por lo tanto, siendo la demanda el acto introductorio del proceso donde se debatirán las pretensiones contrapuestas por cada una de las partes, lógicamente debe suponerse que el momento en el cual tiene que presentarse el título fundamento de la pretensión deducida por el actor es en la oportunidad de interponer la demanda, ya que de conformidad con lo previsto en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, “…si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después…”, salvo las excepciones que dicha disposición jurídica admite (a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos), no verificadas ninguna de ellas en el presente caso.
En tal virtud, estima este Tribunal, que por cuanto no fue consignado el original del contrato de arrendamiento celebrado entre la parte actora y el demandado MATTEO PICCIUTO, solo fue consignada la copia simple del mismo, la cual no tiene ningún valor probatorio, toda vez, que solo sirve para pedir la exhibición del original, y no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos….”, solo se limito la parte actora a consignar la copia simple del contrato de arrendamiento celebrado en forma privada, el cual corre inserto Al folio 9.
Es por lo que este Tribunal en virtud de todas estas circunstancias, conduce a declarar la inadmisibilidad de la demanda, por contrariar palmariamente la obligación impuesta por el artículo 434 ejúsdem, que exige a la demandante acreditar conjuntamente con la demanda el instrumento de donde pueda apreciarse ab initio la verosimilitud del derecho reclamado y por ser contraria a derecho. Así se declara.
Regístrese, Publíquese y Notifíquese, la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en Caracas, a los 13 días del mes de Mayo de 2011. Años 201° y 152°.
LA JUEZ TITULAR,

Abg. LORELIS SÁNCHEZ.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

FRANCYS GRANADOS
En esta misma fecha, siendo las 2:00 p.m., se registro y publico la anterior sentencia.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

FRANCYS GRANADOS

AP31-V-1-1141