REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEPTIMO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIÓN CAPITAL

201° y 152°

RECURRENTE: ADAJILSA FRANCHI MARIN, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.957.977
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: JESUS DANIEL PEREZ MARTINEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.816.
PARTE RECURRIDA: CAMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL

Se inicia la presente causa por medio de escrito presentado en fecha 28 de octubre de 2008, ante el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas en funciones de Distribuidor, por la ciudadana ADAJILSA FRANCHI MARIN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.957.977, debidamente asistida por el abogado JESUS DANIEL PEREZ MARTINEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.816, contra la CAMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, mediante la cual solicita la Nulidad Absoluta del Acto Administrativo de fecha 22 de diciembre de 2000, denominado Moción de Urgencia I, donde se levantó la sanción sobre la homologación de pagos a los miembros de las juntas parroquiales, aprobadas en sesión 28 de noviembre de 2000
En fecha 02 de noviembre de 2010, se realizó la distribución correspondiente de la causa, siendo recibido por éste Juzgado en fecha 03 de noviembre de 2010 y anotándose en el libro de causas bajo el Nº 2875-10
Es el caso, que revisado como ha sido el expediente, se advierte inserto en el folio ciento sesenta y dos (162) auto de admisión y Oficio de citación Nº TSSCA-1624-2010 Sindico Procurador del Municipio Libertador, y Oficios de notificación Nº TSSCA- 1625-2010 y Nº TSSCA- 1626-2010 al Presidente de la Cámara Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital y al Alcalde del Municipio Libertador, de fecha 16 de noviembre de 2010; visto que no consta actuación alguna desde la citada actuación hasta la presente fecha, que transcurrido un lapso de mas de un (1) año, denota destierres en la causa.
Ante tal circunstancia, se hace necesario para este Tribunal realizar las siguientes consideraciones:
El artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Publica establece que en la materia no regulada en el Titulo VIII de la referida Ley, se aplicarán las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil; visto que la Ley especial nos regula lo referente a la Perención de la Instancia, este Juzgado acuerda aplicar supletoriamente lo contenido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que establece:
Artículo 267: “toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención...”.
En consecuencia, al haber constatado que la presente causa se encuentra paralizada por mas de un (01) año, de conformidad con el artículo 267, del Código de Procedimiento Civil, citado ut supra, debe forzosamente declararse consumada la perención y extinguida la instancia y, así se declara.
Ahora bien, siguiendo el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la procedencia o no de notificación de la parte afectada, contenido en sentencia de fecha 05 de agosto de 2004 estableció:
“… que la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año”, lo que implica que en poco o nada puede incidir cualquier alegato de la parte para enervar los efectos de su inactividad, que pudiese eventualmente sostener como consecuencia del llamado recibido a través del cartel, pues como se expresa aquella opera ipso jure. Aunado a ello, la falta de sentido práctico que sugiere ordenar notificar a una parte para quizás “avisarle” de la inmediata decisión que el Tribunal tomará, o de lo que es obvio, es decir, de su falta de interés o inactividad, o del incumplimiento de la carga que tenía y que como tal sólo a ella concernía cumplir.
Por otra parte, si se prefiere interpretar que la notificación es posterior a la decisión de perención, resulta igualmente absurdo ya que el Tribunal entonces estaría avisándole a la parte, cuya falta de interés precisamente motivó la declaratoria de perención, que el Tribunal está muy interesado, no obstante su desinterés, en que se interese de la decisión, para poder volver a “redecretar” o decretar “reperimida” la instancia...”

En consecuencia, al hacer el computo respectivo se evidencia que desde fecha 16 de noviembre de 2010, fecha en la cual éste Órgano Jurisdiccional procedió a la admisión del recurso, hasta la presente fecha, ha transcurrido un (01) año, por lo tanto, al haber estado la presente causa paralizada de conformidad con el articulo 267 del código de Procedimiento Civil, citado anteriormente, debe forzosamente declararse consumada la perención y extinguida la instancia y, así se declara.
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa por la ciudadana ADAJILSA FRANCHI MARIN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.957.977, debidamente asistida por el abogado JESUS DANIEL PEREZ MARTINEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.816, contra la CAMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.. Publíquese, regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, en fecha 17 día del mes de noviembre del año Dos Mil Once (2011). Año 201º de la Independencia 152º de la Federación.
LA JUEZ,

FLOR L. CAMACHO A. EL SECRETARIO,

TERRY GIL.

En esta misma fecha, siendo las 12:00 p.m.., se publicó y registró la presente decisión.
EL SECRETARIO.

TERRY GIL.

Exp. Nº 2875-10/FC/TG/ADG