TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 10 de Noviembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO: AH13-X-2001-000027

Identificación de las Partes

Parte Demandante: Ciudadano MARCIAL ORESTES PEREIRA PAIVA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-28.495.
Parte Demandada: Ciudadanos FREDY PIÑERUA RAVAGO y MARITZA GIRAUD de PIÑERUA.
Motivo: ENTREGA MATERIAL DE BIEN VENDIDO.
Jueza Inhibida: Ciudadana MIRNA SALAS SALAZAR, Juez del Tribunal Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Narración de los Hechos
Conoce este Tribunal, actuando en Alzada y por distribución de fecha 01 de marzo de 2001, del Informe de Inhibición que fuere formulado en fecha 16 de febrero de 2001, por la ciudadana MIRNA SALAS SALAZAR, en su condición de Juez Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio incoado por el ciudadano MARCIAL ORESTES PEREIRA PAIVA, contra los ciudadanos FREDY PIÑERUA RAVAGO y MARITZA GIRAUD de PIÑERUA, fundamentado en el ordinal 18º del Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
Recibido el presente expediente el Tribunal le dio entrada por auto de fecha 14 de mayo de 2001, el Juez que suscribe el presente fallo, se abocó conocimiento de la presente causa en fecha 08 de noviembre de 2011 .
Ahora bien, el Tribunal pasa a pronunciarse sobre ello procurando garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la defensa de las partes y el principio constitucional al debido proceso, previa las siguientes consideraciones de orden lógico y jurídico:

Motivaciones Para Decidir
Constituye principio cardinal en materia procesal, aquel conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos que no fuesen demostrados conforme al Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, lo que significa que él está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial, está circunscrito por los hechos alegados como fundamento a la pretensión invocada en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la misma, debiendo en consecuencia atenerse a sus dichos para decidir conforme el Ordinal 5° del Artículo 243 eiusdem, quedando de esta manera trabada la litis; razón por la cual con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada.
A tal respecto el Artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, en su parte pertinente, señala:
“…El juez que corresponda conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley…” (Resaltado del Tribunal).

El alcance del requisito de procedencia de que la inhibición esté fundada en causa legal, no se limita a requerir al funcionario que mencione alguna de las causales previstas en el Artículo 82 eiusdem, o a la anunciación de la causal genérica a que se refiere el fallo Nº 2140 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 07 de Agosto de 2003, dictado en el Amparo Constitucional ejercido por Milagros del Carmen Giménez, expediente Nº 2002-2403, la cual en la referida oportunidad señaló lo siguiente:
“…En este sentido, debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos instituciones, a saber, la inhibición y la recusación, destinadas a preservar la garantía del juez imparcial. La doctrina, tradicionalmente, ha señalado que las causales de recusación del juez previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil son taxativas y no pueden ser susceptibles de ampliación por vía de analogía o semejanza (cf. Humberto Cuenca. Derecho Procesal Civil. Tomo II. 6ª edición. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 154, y Juan Montero Aroca y otros. Derecho Jurisdiccional. Tomo I. 10ª edición. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, p. 114). Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (Enrique R. Aftalión. Introducción al Derecho. 3ª edición. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 616). En este sentido, la Sala en sentencia nº 144/2000 del 24 de marzo ha indicado lo siguiente: En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se (sic) emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. (Subrayado de la Sala) …”.

Este requerimiento exige la fundamentación sustentada, coherente, lógica y relacionada entre las motivaciones formuladas por el funcionario y los sujetos o hechos que lo hagan imputable de circunstancias conforme a las cuales sea cuestionable su capacidad subjetiva procesal para decidir en juicio.
Respecto a la causal de inhibición invocada por la Juez Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su Informe de fecha 16 de febrero de 2011, se observa de forma objetiva que el mismo la sustento en los siguientes hechos:
“…Por cuanto en la comisión emanada del Juzgado Tercero de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial, en la cual se comisiona a este Tribunal a fin de practicar la entrega material del bien vendido que solicitara el ciudadano MARCIAL ORESTES PEREIRA PAIVA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-28.495, asistido por los abogados JOSE GREGORIO BABERI y MANUEL ANTONIO ACEVEDO PEREZ, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 30.513 y 56.178, respectivamente, en fecha 08 de febrero de 2001, mediante diligencia, los apoderados judiciales de la parte solicitante señala que este Tribunal “obstensiblemente obstaculizo la sustanciación de la Comisión…”(SIC). En tal sentido, vistas las imputaciones no consonas con la realidad en cuanto a la sustanciación de la presente comisión, toda vez que consta que una vez recibida las presentes actuaciones, este Tribunal remitió la comisión al Juzgado comitente por cuanto en la misma no fue señalado con exactitud a “quien” o “quienes” ha de notificarse como vendedores, en virtud de los cual se hizo menester solicitar la respectiva aclaratoria al comitente. Por otra parte, siendo las presentes actuaciones de jurisdicción voluntaria, la oportunidad de su practica está sujeta al cumplimiento de las obligaciones y actuaciones que de los diferentes procedimientos contenciosos son llevados por este Tribunal, los cuales son de carácter prioritario y preferente a cualquier actuación graciosa que se presente. La insistencia de la parte solicitante de que sea fijada la pronta oportunidad para la practica de la comisión conferida está sujeta a las actuaciones que como ya se señaló tienen carácter preferente. Ahora bien, en virtud de lo anteriormente expuesto y vista la actitud amenazadora de los referidos abogados, lo cual ha creado en el ánimo de quien suscribe, animadversión contra los mismos, poniendo en tela de juicio mi imparcialidad para resolver objetivamente lo ordenado en la presente comisión, configurándose, de este modo, el supuesto de hecho previsto en el ordinal 18 del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil. ME INHIBO de seguir conociendo la presente comisión. En consecuencia, una vez vencido el lapso legal a que se refiere el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, remítase el presente expediente al Juzgado distribuidor, a fin de que se continué la tramitación de la presente solicitud. Asimismo, remítase copia certificada de la presente acta al Juzgado al Juzgado Superior a fin de que conozca de la misma es todo…”

Atendiendo a lo expuesto con antelación, este Jurisdicente observa que el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente:
“Los funcionarios judiciales sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causales siguientes:
18º. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado.…” (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Asimismo, evidencia quien decide que la inhibición no se plantea sobre la base de ambigüedades, pues ha narrado el Juez de Municipio las circunstancias verificables que demuestran la causal, por consiguiente, comprobado que la inhibición está efectuada en la forma legal y como antes se determinó, fundada en la causal contenida en el Ordinal 18º del Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, es razón suficiente para considerar procedente la Inhibición formulada, y así se decide formalmente.
En consecuencia, de acuerdo a las atribuciones que le impone la Ley al Juez, pues, tiene por norte descubrir la verdad de los hechos y actos de las partes, a fin de procurar conocer la causa en los límites de su oficio, ateniéndose a las normas de derecho, y al tener como límite de actuación y juzgamiento lo que hubiese sido alegado y probado en autos, forzosamente debe declarar Con Lugar la Inhibición bajo estudio; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, con arreglo a lo pautado en el Ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y así lo decide finalmente este Tribunal.
Dispositiva
Por los planteamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le otorga la Ley, declara:
Primero: Con Lugar la Inhibición formulada por la ciudadana MIRNA SALAZAR , en su condición de Juez del Tribunal Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fundamentada en la causal contenida en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, surgida con motivo de la solicitud de ENTREGA MATERIAL DEL BIEN VENDIDO, incoado por el ciudadano MARCIAL ORESTES PEREIRA PAIVA contra los ciudadanos FREDY PIÑERUA RAVAGO y MARITZA GIRAUD de PIÑERUA, por estar propuesta en forma legal y fundada en causal establecida por la Ley.
Segundo: Se ordena oficiar al Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de participarle la presente decisión.
Regístrese, publíquese, déjese la copia certificada a la cual hace especial referencia el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, y, en su oportunidad, devuélvase el presente asunto al Tribunal A Quo.
Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los diez (10) días del mes de Noviembre de Dos Mil Once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ,
Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS
LA SECRETARIA,
Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO
En la misma fecha anterior, siendo la 01: 33 p. m, previa las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión, según Asiento del Libro Diario llevado por este Despacho para tales efectos.
LA SECRETARIA,
Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO

JCVR/DPB/ Nairobis
Inhibición Jurisdiccional
Con Lugar la Inhibición formulada por la ciudadana MIRNA SALAZAR , en su condición de Juez del Tribunal Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fundamentada en la causal contenida en el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, surgida con motivo de la solicitud de ENTREGA MATERIAL DEL BIEN VENDIDO, incoado por el ciudadano MARCIAL ORESTES PEREIRA PAIVA contra los ciudadanos FREDY PIÑERUA RAVAGO y MARITZA GIRAUD de PIÑERUA, por estar propuesta en forma legal y fundada en causal establecida por la Ley. Segundo: Se ordena oficiar al Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de participarle la presente decisión.