REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, dieciocho (18) de noviembre de 2011. Años: 201º y 152º. ASUNTO: AH1B-M-2004-000003. De una minuciosa revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto este Juzgador tiene a bien hacer las siguientes consideraciones: Versa la presente acción sobre demanda por INTIMACION, presentada por el profesional del Derecho OSWALDO FUENMAYOR FEO, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Institución Financiera BANCO FEDERAL, C.A., siendo incoada dicha demanda contra LA Sociedad Mercantil EDIFICACIONES Y CARRETERAS DEL ZULIA C.A., de la cual conoce este Juzgado por haberle sido asignada previa insaculación. Ahora bien, de lo anterior es evidente que uno de los sujetos procesales en esta causa, es la Institución Financiera BANCO FEDERAL, C.A., por lo que es menester para este jurisdicente destacar que dada la naturaleza de dicho ente, su patrimonio resulta de interés social y siendo la Procuraduría General de la República garante de los derechos, bienes e intereses patrimoniales que de modo directo o indirecto afecten a la República, y por ello resulta imperativo dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuya aplicación en casos como el que nos ocupa ha sido establecida por sentencia vinculante número 114, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de febrero de 2011, con ponencia del Magistrado Dr. Juan José Mendoza Jover, que literalmente reza: “(...) esta sala estima preciso señalar, con carácter vinculante, la obligación a todos los Tribunales de la República de paralizar aquellas causas en las cuales se encuentre como sujeto procesal una empresa privada relacionada con la productividad nacional y actividades de interés social, que haya pasado a ser del Estado en el cual éste tenga una participación decisiva, y en los cuales no se haya efectuado la notificación de la Procuraduría General de la República, para la continuación de los juicios respectivos.” Como consecuencia de dichas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dando estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precedentemente transcrita, se dispone lo siguiente: PRIMERO: Notifíquese inmediatamente a la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto. SEGUNDO: Se ordena la suspensión de esta causa por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comenzará a transcurrir a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación indicada en el punto anterior. TERCERO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostátos correspondientes, los cuales se ordena certificar en todas y cada una de sus partes por la Secretaria de este Juzgado de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, a fin de que sean remitidos a la Procuraduría General de la República. Cúmplase. EL JUEZ LA SECRETARIA, DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ. ABG. SHIRLEY CARRIZALES. ASUNTO: AH1B-M-2004-000003. AVR/SC/maría*