ASUNTO: AP31-V-2011-000902. El juicio por resolución de contrato de venta con reserva de dominio, iniciado mediante libelo de demanda incoado para su distribución el 01 de abril de 2011, intentada por la Sociedad Mercantil GMAC DE VENEZUELA C.A., inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 15 de diciembre de 1987, bajo el número 53, Tomo 80-A, posteriormente cambiada su denominación comercial, según consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2007, inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil, bajo el Nº 56, Tomo 113-A Cto, representada judicialmente por los abogados Roque Mendoza Ayala y María de Lourdes Mancini Palma, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 45.452 y 21.561, en ese orden, contra el ciudadano EDGARDO JOSÉ AGUIRRE CASTILLO, titular de la cédula de identidad número 13.454.562, se admitió el catorce (14) de abril de dos mil once (2011). El tres (3) de noviembre de 2011, compareció la apoderada judicial de la parte actora, abogada María de Lourdes Mancini Palma, antes identificada y desistió del procedimiento. Encontrándose este Juzgado en el lapso para decidir sobre la procedencia del desistimiento interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, el Tribunal pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes: En primer lugar, se observa que efectivamente al folio 44 del expediente cursa diligencia suscrita por la representante judicial de la parte actora, mediante la cual desistió del procedimiento. En virtud de ello, se impone a este Tribunal analizar si en el caso de autos se han cumplidos los requisitos objetivos y subjetivos de procedencia de tal medio de autocomposición procesal y así proceder o no a su homologación. SEGUNDO Así, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, establece: “El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la Ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa”. Artículo 265: “El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento, pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria”. Los artículos anteriormente trascritos, señalan de forma clara los parámetros legales que debe cumplir el acto de desistimiento para que el Tribunal pueda impartir su aprobación, y en este sentido observa este sentenciador que, en el caso bajo examen el desistimiento efectuado por la representación judicial de la parte actora, tiene por objeto abandonar los trámites procesales iniciados, tendentes a reclamar en juicio su pretensión, donde no están prohibidas las transacciones y siendo que dicho apoderado judicial de la actora se le autorizó expresamente para ello, se imparte la HOMOLOGACIÓN al desistimiento efectuado en fecha tres (3) de noviembre de 2011. DECISIÓN Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Homologado el desistimiento del “procedimiento” ejercido por la representación judicial de la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil. Devuélvanse los documentos originales solicitados, previa consignación de los fotostatos necesarios. Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil once (2011). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. EL JUEZ, MAURO JOSÉ GUERRA. LA SECRETARIA, TÁBATA P. GUTIÉRREZ L. En esta misma fecha, siendo la (s) 11:12 a.m., se publicó la presente sentencia. LA SECRETARIA, TÁBATA P. GUTIÉRREZ L.