TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
Juzgado Décimo Sexto Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

DEMANDANTE: GERALDINE SORIANO, venezolana, ingeniero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-10.522.447.
DEMANDADA: SOCIEDAD BARBERG, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 28 de julio de 1.989, bajo el N° 72, tomo 26-A-Pro.
APODERADO DE
LA DEMANDANTE: Luis Carriles P., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 12.006.
APODERADO DE LA
DEMANDADA: No constituyó representante judicial alguno.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

EXPEDIENTE N°: AP31-V-2011-001806.

- I -
El Tribunal a los fines de proveer sobre esta causa, hace las siguientes observaciones:
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció en sentencia de fecha 06 de julio de 2.004 lo siguiente:
“Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial (…)”
“En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante – según el caso- ya que se repite, no responde al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
“Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones independientemente de la gratitud contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratitud) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario.(…)De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinario previsto en el ordinal 4° del artículo 42 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratitud de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.”
(Omissis)
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Quedando de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente a la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.”
(Lo subrayado y remarcado en negritas es de la Sala de Casación Civil)

Criterio jurisprudencial ampliamente compartido por este Tribunal.
Así las cosas, la presente demanda fue presentada en fecha 27 de julio de 2.011, la cual fue admitida el 02 de agosto de 2.011 por el procedimiento breve previsto en el Título XII, Parte Primera del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones dispuestas en los artículos 35 al 37 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en concordancia con los artículos 38 y 39 eiusdem. En consecuencia, se ordenó librar compulsa a los fines de la práctica de la citación ordenada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
Una vez admitida la presente demanda, la parte interesada no puso a la orden del Alguacil los medios y recursos indispensables para lograr la citación de la parte demandada, bastándole que el día 8 de agosto de 2.011, consignó fotostatos para la elaboración de la compulsa y que se aperturara el cuaderno de medidas, en virtud de la solicitud de decreto de medida preventiva efectuada en el escrito libelar presentado. Progresivamente, el 21 de septiembre de 2.011 compareció el abogado Luis Capriles, inscrito en el Inpreabogdo bajo el N° 12.006, quien expuso que el poder otorgado por la demandante fue revocado conforme supo el día 19 de septiembre de 2.011, por el cual actuaba en el juicio, por lo que cesaba su responsabilidad profesional en el juicio. Acto seguido, el 21 de octubre de 2.011, el ciudadano Grejosver Planas Rojas, Alguacil Adscrito a este Circuito, consignó compulsa en virtud de que hasta esa fecha transcurrieron más treinta (30) días desde la fecha en que se libró la compulsa sin que la parte demandante le haya dado el impulso procesal correspondiente para practicar dicha citación.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece que:
“(...)
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”

En aplicación del criterio jurisprudencial antes trascrito y de la norma adjetiva citada, se desprende que en el presente caso desde el día 21 de septiembre de 2.011, cuando el abogado Luis Capriles P., inscrito en el IPSA bajo el N° 12.006 manifestó que el poder mediante el cual actuaba en juicio le fuera revocado por su mandante, parte demandante, toda vez que el 8 de agosto de 2.011, éste consignó los fotostatos necesarios para librar compulsa, no siendo suficiente, hasta el 21 de octubre de 2.011, cuando el Alguacil encargado de practicar la citación consignó compulsa por falta de impulso procesal, transcurrió un lapso que supera los treinta (30) días continuos; y no constando de autos diligencia alguna o prueba de que la parte actora siguiente a dicha fecha, diera cumplimiento oportuno a sus obligaciones para la práctica de la citación, por encontrarse el lugar de la citación a una distancia que supera los quinientos metros (500 mts); es por lo que se hace procedente en el presente caso la declaratoria de la perención breve, como efectivamente será declarada en la parte dispositiva de esta sentencia. Así se establece.
- II -
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes escritos, este Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN BREVE, establecida en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio que por acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoara la ciudadana GERALDINE SORIANO contra la sociedad mercantil SOCIEDAD BARBERG, C.A, ambas partes plenamente identificadas. Así se decide.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.-
Dado, firmado y sellado, en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los VEINTISEIS (26) días del mes de OCTUBRE del año DOS MIL ONCE (2.011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.-
El Juez Titular,

Edgar José Figueira Rivas
La Secretaria,
Niusman Romero

En la misma fecha, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), previo cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la decisión anterior, dejándose copia de la misma en el departamento de archivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
La Secretaria,
Niusman Romero

EJFR/NRT/-