TSJ Regiones - Decisión

PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas; 26 de Octubre de 2011.
201º y 152º

PARTE ACTORA: YOHANNA ANDREINA MOLINA ALCALÁ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.147.473.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: CARMEN JOSEFINA BRACHO Y OTRO, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 79.959.

PARTE DEMANDADA: UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA VARGAS, inscrita en la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito de Registro del Distrito (hoy Municipio) Sucre del Estado Miranda, en fecha 24 de abril de 1986, bajo el N° 24, Tomo 3.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: HÉCTOR ALEJANDRO BASTARDO FARIAS, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 132.256.-

MOTIVO: Recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada y la adhesión a la apelación propuesta por la representación judicial de la parte actora, contra la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Quinto (25º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 08 de Abril de 2011, que declaró la parcialmente con lugar la demanda incoada por la ciudadana Yohanna Molina contra la Universidad José María Vargas.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS
EXPEDIENTE Nº: AP21-R-2011-000575

En el día hábil de hoy, veintiséis (26) de Octubre de 2011, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), comparecieron por ante este Despacho el abogado Héctor Alejandro Bastardo Farias, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 132.256, en su condición de apoderado judicial de la Universidad José María Vargas, parte demandada en el presente asunto, así como la ciudadana Yohanna Andreina Molina Alcalá, titular de la Cédula de Identidad No. 15.147.473, en su condición de parte actora debidamente asistida por la abogado Carmen Josefina Bracho Chirinos, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 79.959, quienes manifestaron que habiendo explorado los medios alternos de solución de conflicto y, luego de hacerse recíprocas concesiones, convinieron en que la demandada cancele a la actora la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. F. 25,000,00); pagaderos en una sola parte el día dieciséis (16) de Enero de dos mil doce (2012). Así mismo, indican los celebrantes del presente convenio, que con ocasión de la presente transacción se ordene el cierre del presente expediente, una vez conste en autos el pago en cuestión, por lo que este Tribunal procedió a indicar que dada la manifestación de las partes, entendía que el objeto de la presente apelación decayó en virtud del precitado acuerdo transaccional y se pone fin a la controversia buscando precaver cualquier litigio eventual, por la misma causa. Así se establece.-

En este orden de ideas, este Juzgador señala que dada la manifestación de las partes, queda entendido que se dan reciprocas concesiones y por tanto visto que en el presente asunto se han puesto en marcha la utilización de los medios alternos a que se contrae los artículos 253 y 258 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presente acto jurídico implica un acuerdo transaccional donde se transan todos y absolutamente todos y cada uno de los derechos, beneficios e indemnizaciones que se generaron o pudieran haberse generado durante el vínculo jurídico que unió a las partes; dejándose constancia que la manifestación de poner fin a este asunto ha sido expuesta de manera libre y voluntaria y sin constreñimiento alguno por ambas partes, las cuales de acuerdo a las actas del expediente se encuentran debidamente acreditas y facultadas para llevar a cabo dicho acto. Así se establece.-

En tal sentido, y en lo que se refiere al punto relativo al precitado acuerdo, se deja constancia que el ciudadano Juez preguntó expresamente, a la trabajadora si se encontraba satisfecha con los términos y el monto señalado anteriormente, respondiendo afirmativamente. Acto seguido ambas partes señalaron que con la presente transacción nada quedan a adeudarse y cualquier crédito que pudiera suscitarse a favor de uno y otro se entendía incluido en el presente acuerdo, solicitando la homologación de la misma. Así se establece.-

Pues bien, siendo que la referida transacción constituye un finiquito total y definitivo de las pretensiones deducidas; en tal sentido, verificados como han sido los extremos legales, es decir, los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, así como de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28 de octubre de 2003, este Juzgado Superior, declara que la transacción se ajusta a derecho y por tanto en la misma están comprendidos todos los beneficios y derechos que pudieran haberle correspondido al hoy accionante, por lo que este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: UNICO: LA HOMOLOGACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO TRANSACCIONAL, al cual se le confiere efecto de cosa juzgada. Así mismo, se deja sin efecto lo expuesto en la parte in fine del acta de fecha 24 de Octubre de 2011, referente a la fijación del dictamen del dispositivo oral del fallo. Finalmente, esta Alzada, en su condición de autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional, declara que de esta manera se concluye el litigio judicial en forma definitiva, aplicándose las consecuencias previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en cuanto a que no existe condenatoria en costas para las partes, y, se enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la transacción en cuestión, constituye, por una parte, la materialización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y por la otra una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, de acuerdo a sus capacidades y, que por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas en el convenio suscrito, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131, 135, 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así mismo, se indica que, concluido como haya sido el lapso para que las partes ejerzan los recursos de Ley, se dará por terminado el presente proceso, en cuanto a lo que se refiere esta Alzada, siendo que verificada dicha fase el presente expediente será remitido al Juzgado Vigésimo Quinto (25º) de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes. Así se establece.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil once (2011). Años: 201º y 152º, de la Independencia y de la Federación, respectivamente. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman:

EL JUEZ
WILLIAM GIMÉNEZ

PARTE ACTORA Y SU
APODERADA JUDICIAL

APODERADO JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDADA

LA SECRETARIA;
ANA SZURBA

NOTA: En la misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dictó y publicó la presente decisión.-

LA SECRETARIA;
WG/AS/vm
Exp. N°: AP21-R-2011-000575