REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 05 de Agosto de 2011
201º y 152º
PARTE ACTORA: JOSMAR ANTONIO MEJIAS OROPEZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.720.011.-
APODERADO DE LA PARTE ACTORA: (No acreditó).-
PARTE DEMANDADA: SARCAR CONSTRUCCIONES, C.A.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: (No acreditó).-
MOTIVO: CALIFICACIÓN DE DESPIDO
EXPEDIENTE N°: AP21-L-2011-004391
Revisada como ha sido la presente demanda por calificación de despido, la cual fue incoada en fecha 24 de agosto de 2011 por el ciudadano JOSMAR ANTONIO MEJIAS OROPEZA, contra la empresa SARCAR CONSTRUCCIONES, C.A.., y estando dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre la admisión, al respecto este Tribunal observa lo siguiente:
La parte actora en su solicitud aduce que en fecha 14/02/2011 comenzó a prestar servicios personales para la demandada, bajo la supervisión u orden del ciudadano Reinaldo Zurita, desempeñando el cargo de ayudante, realizando las labores inherentes al mismo dentro del siguiente horario de trabajo de 7:15 a.m. a 5:00 p.m.; que por la prestación de sus servicios devengaba un salario mensual de Bs. 2.500; que el 19 de agosto del año 2011, fue despedido por el ciudadano REINALDO ZURITA, en su carácter de INGENIERO, sin haber incurrido en falta alguna prevista en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien, atendiendo a la solicitud planteada, es preciso destacar que mediante Decreto Presidencial Nº 6.603, de fecha 29 de diciembre del año 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.090, del 2 de enero del año 2009, se prorrogó desde el 1° de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, contenida en el Decreto Presidencial Nº 5.752, del 27 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.839, de esa misma fecha, el cual estableció:
“Artículo 2°. Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondiente. Ello no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos, por una parte, y trabajadores, por la otra, para lograr la reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
(…)
Artículo 4°. Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales; quienes devenguen para la fecha del presente decreto un salario básico mensual superior a tres (3) salarios mínimos mensuales y los funcionarios del sector público quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige…”. (Resaltado de la Sala).
Asimismo, según lo establecido en el Decreto N° 7.237, de fecha 09 de febrero del año 2010, publicado en Gaceta Oficial N° 39.372, del 23 de febrero de 2010; cuya reforma parcial, fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.417, de fecha 05 de mayo de 2010, Decreto N° 7.409; se señaló:
Artículo 1°. Se modifica el artículo 1°, quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1°. Se fija un aumento del veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional, para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 2° de este Decreto, pagando la cantidad de UN MIL SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 1.064,25) mensuales, esto es, TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (BS. 35,48) diarios por jornada diurna, a partir del 1° de marzo de 2010, el cual representa un aumento del 10%, y el 15% restante se incrementará el 1° de mayo del año en curso, quedando, a partir de esta fecha, en la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 1.223,89) mensuales, esto es, CUARENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 40,79) diarios por jornada diurna.”
Adicionalmente, vale destacar que mediante Decreto Presidencial Nº 8.167 de fecha 25 de abril del año 2011, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.660 del día 26 del mismo mes y año, se fijó un aumento del veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional, incrementándose al monto de un mil cuatrocientos siete bolívares con cuarenta y siete céntimos (Bs. 1.407,47) mensuales, es decir, cuarenta y seis bolívares con noventa y un céntimos (Bs. 46,91) diarios por jornada diurna, a partir del 1ero de mayo del año 2011 y a partir del 1ro de septiembre se hizo efectivo la segunda fase del aumento, establecido en 10%, lo que llevó el sueldo mínimo a 1.548,22 bolívares, siendo el equivalente de (Bs. 51,60) diarios por jornada diurna, de esta forma aumentándose un 25% nominal.
En tal sentido, se evidencia que la parte actora devengaba un salario mensual de Bs. 2.500,00, es decir menos de tres (3) salarios mínimos; encontrándonos en presencia de una falta de Jurisdicción en el caso planteado, por cuanto el asunto sometido a la consideración del Juez no corresponde en absoluto a la esfera de sus poderes y deberes en su función de administrar justicia, sino a las atribuciones de otros órganos del poder público, como lo son los órganos administrativos. Por lo tanto cuando un trabajador sea despedido y éste goce de inamovilidad laboral (cuando esta, por ejemplo, es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las facultades que la Constitución y la Ley le confieren), se requiere de la calificación previa de unos organismos dependientes del Estado, como lo son las Inspectorías del Trabajo.
En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN en el presente asunto. Se ordena la remisión del expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para que conozca de la consulta obligatoria de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE esta decisión.
La Juez,
Yrma Romero M.
El Secretario,
MARIO COLOMBO
NOTA: En el día de hoy, se dictó, publicó y diarizó la presente decisión.
El Secretario,
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