REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 18 de abril de 2012
201º y 153º

ASUNTO: AH1C-M-2006-000054
Sentencia Interlocutoria.-

PARTE INTIMANTE: DISTRIBUIDORA ALCAR, S.R.L., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil bajo el Nº 43, tomo 105-A, en fecha 15 de Octubre de 1976.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE INTIMANTE: CLAUDINA RODRIGUEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 66.923.-

PARTE INTIMADA: SABINO SOCAS SOCAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad No. V.-1.876.036.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE INTIMADA: No tienen apoderado judicial alguno acreditado en autos.

MOTIVO: EJECUCION DE HIPOTECA
I
ANTECEDENTES
Se inició la presente causa mediante libelo de demanda incoado por la DISTRIBUIDORA ALCAR, S.R.L, a través de su apoderada judicial, contra el ciudadano SABINO SOCAS SOCAS, ante el Juzgado Distribuidor de turno para la fecha de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de Enero de 2006, correspondiéndole conocer de la misma a este Juzgado.
Consignados como fueron recaudos, este Juzgado procedió a admitir la demanda por el procedimiento respectivo en fecha 10 de Agosto de 2006, ordenándose la intimación de la parte demandada.-
En fecha 09 de Enero de 2007, el secretario para la fecha dejo constancia de haberse librado boleta de intimación a la parte demandada.
En fecha 29 de Enero de 2007, compareció la alguacil ROSA LAMON, con el objeto de dejar expresa constancia de haber intimado a la parte demandada, consignando en esa misma oportunidad recibo de citación debidamente firmado.
Por auto de fecha 07 de Enero de 2008, el Dr. Luis Tomar, se aboco al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encontraba para la fecha.
En fecha 28 de Febrero de 2008, se dicto sentencia mediante la cual se declaro firme el decreto de ejecución de hipoteca.
Ahora bien, pasa de seguidas esta Sentenciadora a revisar las actas que conforman el presente expediente por haberse percatado de la existencia de un vicio procesal que acarrea la reposición de la causa:

II
PUNTO PREVIO
DE LA REPOSICION DE LA CAUSA
En efecto, consta en la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 28 de Febrero de 2008, en la cual se declaro firme el decreto de ejecución de hipoteca, que se ordeno la notificación de las partes incursas en el presente procedimiento. Ahora bien, luego de una lectura realizada a las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que se procedió a la ejecución del referido fallo sin encontrarse a derecho la parte intimada.

En este sentido y a los fines de fundamentar lo anterior, cabe destacar que el Estado debe garantizar al ciudadano el conjunto mínimo de garantías procesales sin lo cual el proceso judicial no será justo, razonable y confiable, garantías éstas que permiten la efectividad de la justicia, que aseguran el derecho material de los ciudadanos frente a los Órganos de Administración de Justicia y que le establecen limitaciones al poder ejercido por el Estado por conducto de los Tribunales para afectar a los ciudadanos.

En tal sentido la jurisprudencia ha señalado que el debido proceso, como medio idóneo para garantizar el derecho fundamental a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley.-

Dentro de las garantías constitucionales procesales mínimos que debe contener todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, se encuentra precisamente el derecho que tiene todo ciudadano a ejercitar sus defensas y a la prohibición de la no indefensión. El derecho a la defensa de todo ciudadano involucra el derecho a impugnar, alegar, excepcionar los elementos de hecho o de derecho que beneficien a sus intereses, a probar, a recurrir del fallo que le perjudique.-

En este mismo orden de ideas, cabe destacar que la doctrina pacífica y reiterada del más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento.-

El derecho a la defensa está indisolublemente ligado a las condiciones de modo, tiempo y espacio fijados en la Ley para su ejercicio. Estas formas procesales no son caprichosas, si persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes. Por el contrario una de sus finalidades es garantizar el ejercicio eficaz del derecho a la defensa.

El principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, caracterizan el procedimiento civil ordinario; y, en consecuencia, no es convencional por el contrario, su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o el juez.-

Por esa razón la Sala de Casación Civil, ha establecido de forma reiterada que no es potestativote los tribunales subvertir las reglas con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público.-

En efecto, establece el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil:
“Salvo lo dispuesto en el artículo 209, la sentencia podrá limitarse a ordenar la reposición de la causa, por algún motivo legal, al estado de que en la propia sentencia se determine”.-
En el sistema venezolano, en relación con las nulidades de los actos de procedimiento, el Juez sólo en dos casos puede declarar la nulidad de un acto procesal, a saber:
a) Cuando la nulidad se encuentre establecida expresamente en la ley, y,
b) Cuando se haya dejado de cumplir en el acto, alguna formalidad esencial para su validez.-

Es así como conforme a la Doctrina, en el primer caso, es de obligatorio cumplimiento para el Juez declarar la nulidad, por imponérselo así la propia ley. En el segundo caso, el Juez deberá declarar la nulidad del acto procesal cuando se hubiere dejado de llenar un requisito esencial a su validez.-
La consecuencia de la declaratoria de la nulidad de un acto es la REPOSICION DE LA CAUSA al estado que en la misma sentencia se señale, tal y como lo establece la norma supra citada, pero ésta, por los efectos que produce en los actos consecutivos del acto irrito, y muy especialmente a la economía procesal, por obra de la jurisprudencia, ha ido adquiriendo contornos cada vez más limitados, y así se tiene sentado tanto en la Doctrina como en la Jurisprudencia patria, como rasgos característicos de la reposición los siguientes:
1°) La reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsanarse de otro modo, pero no se declara la nulidad del acto y la reposición, si esta a alcanzado el fin al cual estaba destinado;
2°) Con la reposición se corrige la violación de la ley que produzca un vicio procesal, y no la violación de preceptos legales, que tengan por objeto, no el procedimiento sino la decisión del litigio o de alguna de las cuestiones que lo integran, porque entonces en error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y aplicación que el Tribunal de Alzada de a las disposiciones legales que se pretendan violadas;
3°) Las reposición no puede tener por objeto subsanar desacierto de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten al orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera.-

Por lo que conforme al criterio del procesalista patrio Arístides Rengel Romberg, la reposición sólo seria justificada cuando el acto procesal viciado fuese esencial para la validez de los actos consecutivos.-

Es así como la doctrina de la Sala de Casación Civil ha elaborado una teoría sobre las nulidades procesales que consiste en indagar si el acto sometido a impugnación satisface o no los fines prácticos que persigue, pues en caso afirmativo, la orientación es declarar la legitimidad del acto que aún afectado de irregularidades, pudo de todos modos realizar lo que en esencia era su objetivo según el principio establecido en la parte in fine del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.-
Desde la vigencia de esta disposición legal es obligación de los jueces examinar, si la violación de la legalidad de los actos procesales, produce menoscabo en el derecho de defensa para concluir si la reposición cumple un fin procesalmente útil.-

La ley no expresa cuando debe considerarse que ha sido omitido un requisito esencial para la validez del acto, quedando a la libre apreciación del Juez, en tanto que doctrinariamente, y así lo ha admitido la jurisprudencia, que existe falta de un requisito esencial del acto, cuando la omisión de la formalidad desnaturaliza el acto y le impide alcanzar el fin para el cual ha sido preordenado por la ley.

Ahora bien, de la norma y jurisprudencia antes transcrita, la cual acoge este Tribunal, de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, y dado que en la presente causa existe un vicio procesal, tal y como lo fue pasar por alto la notificación del ciudadano SABINO SOCAS SOCAS, antes identificado, de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 28 de Febrero de 2008. En tal sentido, y en derecho a la defensa y debido proceso, garantías constitucionales éstas, que deben reinar en todo proceso y ser amparadas por los administradores de justicia, resulta forzoso reponer la causa al estado en que se notifique de la decisión antes mencionada, ello en virtud de los planteamientos antes expuestos. Y así será declarado en la dispositiva del presente fallo.

III
DECISION
Por todo lo antes expuesto este Tribunal Duodècimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ha decidido lo siguiente:
Primero: REPONER LA PRESENTE CAUSA, al estado en que se encontraba para el día veintiocho (28) de Febrero de 2008. Por consiguiente se declaran nulas las actuaciones posteriores a partir del veintiocho (28) de Febrero de 2008, fecha exclusive.
Segundo: Notificar a la partes de la presente decisión, todo ello conforme a lo establecido en el articulo 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.

Dada la naturaleza de la presente decisión no hay especial condenatoria en costas.-
Publíquese y regístrese.-
Déjese copia de la presente sentencia interlocutoria en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de Abril del Dos Mil Doce (2.012).- Años 152 de la Independencia y 201 de la Federación.-
LA JUEZ,

DRA. BELLA DAYANA SEVILLA JIMENEZ.-
LA SECRETARIA,

ABG. JENNY VILLAMIZAR.-
En la misma fecha, siendo las (11:56 a.m.,) se registró y publicó la anterior decisión.

LA SECRETARIA,


ABG. JENNY VILLAMIZAR.-


BDSJ/JV/FB-04.
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