REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEPTIMO PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 28 de diciembre de 2012 202º y 153º ASUNTO: AP11-O-2012-000197 Por recibido el presente expediente, en virtud de la guardia decembrina que este Juzgado detenta, proveniente del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, contentivo de la solicitud de amparo constitucional interpuesto por la ciudadana Herminia Castellanos, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad No. V-11.644.744, asistida por la abogada Mercedes Benguigui, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 24.956, a fin de intentar la acción de amparo constitucional de conformidad con lo previsto en el Artículo 27 de la Constitución, en concordancia con los Artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en contra de la sentencia dictada en fecha veinte (20) de noviembre de 2012 el Tribunal Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el juicio seguido por Magaly Beatriz Cavalieri de Hung en su contra por cumplimiento de contrato de arrendamiento y demanda subsidiaria de resolución de contrato, contenidas en el expediente signado bajo el No. AP31-V-2012-000879, nomenclatura de dicho Tribunal, por violación al derecho a la defensa, al debido proceso, error judicial, a la tutela judicial y efectiva y abuso de poder. Se observa que entre las argumentaciones fácticas que sustentan el escrito de Tutela Constitucional, la parte accionante alega que conformé lo prevé el Artículo 49 ejusdem, por error de juzgamiento grotesco y con evidente abuso de poder por parte de la presuntamente agraviante que determinaron la improcedencia de su defensa en el cual se estableció unas conclusiones sin el análisis de varias de las pruebas aportadas, y admitió y evacuó unas pruebas sin los procedimientos que señalo detalladamente en su escrito libelar en las normas sobre la materia y arguye que la sentencia impugnada no tiene ninguna motivación por incurrir en lo que la doctrina a denominado el vacio de petición de principio, es decir, dar por demostrado un hecho sin ningún tipo de argumentación, adquiriendo éste meramente formal. Del mismo modo señaló que el Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su sentencia definitiva, ordenó la entrega material del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, por ser este supuestamente de uso comercial, cuando a lo largo del procedimiento, pudo demostrar que el inmueble que arrendó es de uso de vivienda, pero tal y como se encuentran las normativas vigentes sobre la materia inquilinaria, tuvo que suscribir un contrato de arrendamiento en las condiciones en la que se lo presto la propietaria, y con el uso por ella allí señalado, tal es el caso y como podrá observar este Tribunal, que el contrato de no pudo ser Notariado, puesto que para ello era necesario presentar la copia del Titulo de Propiedad, título que indica que este es inmueble destinado a vivienda y no uso comercial. -II- DE LA COMPETENCIA En el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales está consagrada como la norma rectora que fija la competencia por razón del grado, de la materia y del territorio, para conocer de las acciones de amparos constitucionales, al señalar lo siguiente: “Artículo 7.- “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia a fin con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren los hechos, acto u omisión que motivaren al solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia. Sin un Juez se considera incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia. Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal conforme al procedimiento establecido en esta Ley”. Así mismo, ha quedado esclarecido por sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el cómo se distribuirá la competencia del conocimiento de los Amparos Constitucionales en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a través de la decisión dictada en fecha 20-01-2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, expediente N° 00-002 que textualmente establece: “…Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, como lo demuestran las atribuciones que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga a la Sala Constitucional en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la materia tiene la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por otra parte, debido a su condición de Juez natural en la jurisdicción constitucional, la competencia que contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala (téngase presente que la creación de una Sala con competencia, origina un criterio orgánico para delimitar la competencia en el cual se encuentran comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la Constitución).. Por las razones expuestas, esta Sala declara que la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la Ley antes citada, se distribuirá así: 1.- Corresponde a la Sala Constitucional… 2.- Asimismo, corresponde a esta Sala… 3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionado o a fin de amparo, el conocimiento de los amparos que interpongan distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.” En congruencia con lo anteriormente expresado, aprecia este Tribunal que, siendo el acto denunciado como presuntamente lesivo de preceptos constitucionales realizado por las acciones del Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, irrumpió, éste Juzgado resulta competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional y ASÍ SE DECLARA. -III- MERITOS DE LA ADMISION Dicho lo anterior, y previo análisis de los requisitos de inadmisibilidad establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se desprende, sin que ello implique un adelanto de opinión respecto a los hechos denunciados como lesivos hasta los actuales momentos, circunstancia alguna que la haga incursa en cualquiera del condicionamiento especificados en la señalada norma, por lo que al verificarse los requisitos de forma establecidos en el artículo 18 ejusdem la presente acción debe admitirse cuanto ha lugar en derecho y ASÍ SE DECLARA. -IV- Por todo lo antes expuesto y las consideraciones de hecho y de derecho expresadas, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional y en virtud de la guardia decembrina que detenta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por la ciudadana HERMINIA CASTELLANOS de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; en acatamiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01-02-2000, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO y por mandato constitucional vinculante para todos los Tribunales de la República. En consecuencia notifíquese personalmente mediante boleta a la presuntamente agraviante, Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como a la ciudadana MAGALY BEATRIZ CAVALIERI DE HUNG venezolana, con Cédula de Identidad Nº V-3.174.541, en su condición de tercera interesada; anéxese copia fotostática certificada de la querella de amparo y de la presente providencia, una vez sean suministrados los fotostatos requeridos para tal fin por la interesada, a fin de que tengan conocimiento del día y la hora en que se celebrará la audiencia constitucional y pública que se fijará por auto expreso para efectuarse dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la constancia en autos de la última notificación que se practique; particípese mediante oficio de la presente admisión a la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines previstos en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 28 de diciembre de 2012. 202º y 153º. EL JUEZ, RICARDO SPERANDIO ZAMORA LA SECRETARIA YAMILET J. ROJAS M. En esta misma fecha, siendo las 3:01 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. LA SECRETARIA YAMILET J. ROJAS M. Asunto: AP11-O-2012-000197