REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Vigésimo Octavo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, diez de diciembre de dos mil doce 202º y 153º ASUNTO: AP21-L-2012-002997 Visto el escrito transaccional que antecede, este Tribunal procede a pronunciarse en cuanto a la solicitud de homologación correspondiente. Así, el referido escrito se encuentra suscrito por el ciudadano DIOGENES OROPEZA, abogado inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 88.489, apoderado judicial del ciudadano RANDALL EDUARDO OROPEZA RIVEROL, parte actora en la presente causa, representación que se verifica de autos, por una parte y, la ciudadana FLORANYEL SALCEDO BRITO, abogada inscrita en el IPSA bajo el Nº 95.980, quien actúa en su condición de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil “ATENTO VENEZUELA, S.A” parte demandada en el presente procedimiento. Este Juzgado para decidir observa: La transacción, es por definición un contrato por medio del cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual (artículo 1713 del código Civil). La doctrina, respecto a dicho contrato ha señalado que es un negocio jurídico sustantivo, que establece un contrato entre las partes transigentes cuyo objeto es la causa o relación sustancial (lo que se discute, el objeto de litis) y que está sometida a beligerancia en el juicio, y que por un acuerdo en virtud de mutuas concesiones desaparece por vía de consecuencia la relación procesal continente. Ha dicho la Sala Político Administrativa del TSJ que “….la transacción es un convenio jurídico que (…) pone fin al litigio pendiente antes del pronunciamiento definitivo del juez en el juicio (…) como todo acuerdo, la transacción está sometida a todas las condiciones requeridas para la validez de los contratos en general, muy especialmente, aquellas que aluden a la capacidad y poder de disposición de las personas que lo suscriben…” (sent. 24/1/2001, exp. 1623) En cuanto a la homologación de un acto de composición procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia que dicta el 26 de mayo de dos mil cuatro, estableció lo siguiente: “…..De allí, que ante la presencia de los actos de autocomposición procesal, el juez debe examinarlos para verificar si cumplen los extremos legales, incluso calificar si realmente se está ante un acto de autocomposición procesal. Es necesario verificar si existe realmente una transacción, un desistimiento o un convenimiento…. “ De allí, que este Juzgado pasa a verificar si el acuerdo presentado por las partes cumple con los requisitos exigidos para su validez y eficacia. En este sentido, se observa que el ciudadano DIOGENES OROPEZA ALVIAREZ, abogado antes identificado, cuanta con facultad expresa no solo para transigir, sino que además para recibir cantidades de dinero a favor de su poderdante, facultades que se verifican de documento poder que corre inserto en los folios (13 y 14 del físico del expediente) y que la ciudadana FLORANYEL SALCEDO BRITO, apoderada judicial de la Sociedad Mercantil “ATENTO VENEZUELA, S.A”, igualmente posee tales facultades (ver folio 18 al 30) ambos inclusive) motivo por los cuales se ha cumplido con uno de los presupuestos para impartir la homologación solicitada. Así se decide. De la misma manera, se observa que la transacción celebrada por las partes ha sido presentada por escrito constante de diecinueve (19) folios útiles y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la han motivado y del derecho comprendido en los mismos. Por otra parte, la manifestación de voluntades contenidas en el acuerdo transaccional ha sido presentada ante un Juez del Trabajo, esto es, ante un funcionario competente. Finalmente, visto que en el escrito transaccional, las partes mediante recíprocas concesiones, acordaron la cancelación de la cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON 00/100 (Bs.F. 16.363,00), pago efectuado al ciudadano RANDALL EDUARDO OROPEZA RIVEROL, mediante dos cheques librados contra el BANCO PROVINCIAL, identificados con los Nros. 11890882 y 11893132, de fechas 21/11/2012 y 28/11/2012,respectivamente este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (aún vigente), el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como lo artículo 257, 258, numeral 2 del articulo 89 todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta. Se acuerda expedir las copias certificadas solicitadas de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Finalmente visto el cumplimiento íntegro del pago acordado en la presente transacción, este Tribunal da por terminado el presente asunto ordenando su cierre y archivo informático. Así se decide. El Juez El Secretario Abg. Danilo Serrano Abg. Berlice González Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión dada firmada y sellada en la sede del despacho en Caracas, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2012, años 202° de la independencia y 153° de la federación, respectivamente.- Cúmplase con lo ordenado.- Se ordena la publicación de la presente decisión en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Gobierno Judicial. Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. El Secretario Abg. Berlice González AP21-L-2012-002997 Ds/bg.-