TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de
Adopción Internacional
Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes
202º y 153º
ASUNTO: AH52-X-2012-000396
_____________________________________________________________________________
DEMANDANTE: Abogado WILLIAM GUSTAVO URIBE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-641.490, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 54.049, actuando en su propio nombre.
DEMANDADA: RAQUEL ALEJANDRA WAHAB VARGAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-11.130.009, asistida por sus apoderadas judiciales Abg. ANA PULIDO y MARIA GONZALEZ, inscritas en los Inpreabogado bajo los Nos. 87.442 y 25.200 respectivamente.
MOTIVO: Intimación de Honorarios Profesionales

I
DE LA DEMANDA
La presente causa se inicia mediante escrito consignado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), en fecha 14/06/2012, incoada por el abogado WILLIAM GUSTAVO URIBE, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 54.049, contra la ciudadana RAQUEL ALEJANDRA WAHAB VARGAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-11.130.009, por INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, en el referido escrito el accionante alegó: que consta suficientemente en autos del presente expediente que en fecha de enero de 2011, procedió a introducir el libelo de la demanda de privación de patria potestad en contra del cónyuge de su mandante ciudadana Raquel Alejandra Wahab Vargas, tal como se evidencia de instrumento poder que corre inserto al folio seis al nueve ambos inclusive del expediente; que no ha podido llegar a un acuerdo amistoso sobre lo adeudado por conceptos de sus honorarios profesionales y por el contrario, después de largos meses de trabajo se le revoca el poder en fecha 08 de junio de 2012, como se evidencia de la diligencia suscrita por la demandada, que corre inserta al folio ciento treinta y tres, cuatro días después le pidió que le consignara un reposo médico para no asistir a la audiencia de mediación preliminar acordada por el Tribunal para el pasado 04 de junio de 2012; que procede a estimar a la ciudadana RAQUEL ALEJANDRA WAHAB VARGAS, antes identificada, sus honorarios profesionales correspondientes a la gestión judicial al pago de la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 34.000,00).

II
DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN
En fecha 08 de noviembre de 2012, comparecieron las Abg. MARIA GONZALEZ y ANA PULIDO, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 25.200 y 87.442, respectivamente, escrito de oposición y alegó: Negaron, rechazaron en todas y cada una de sus partes la demanda mediante la cual pretende el intimante hacerse acreedor de honorarios profesionales; hacen formal oposición a la demanda de intimación de honorarios profesionales antes mencionada en todas y cada unas de sus partes por cuanto todos los honorarios que se pudieron haber causado por su asistencia y representación en la demanda por Privación de Patria Potestad incoada por el Abg. WILLIAM GUSTAVO URIBE, desde el libelo de la demanda, el día 06 de abril de 211, hasta la fecha de la última actuación el día 04 de junio de 2012, ya que la intimada les cancelo en su totalidad sus honorarios, tal como consta de los comprobantes de depósitos efectuados al abogado intimante en original, así como recibos suscritos por el intimante, igualmente como transferencias efectuadas por la intimada a la cuenta del intimante; que el total cancelado por honorarios profesionales asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 36.700,00); que además de la cantidad ante señalada el profesional del derecho antes señalado le ha pedido en varias oportunidades dinero en efectivo a la intimada trasladándose al su sitio de trabajo, igualmente le ha solicitado dinero a sus familiares más allegados de lo cual la intimada tiene suficientes testigos, sin que en ningún momento dicho abogado le extendiera recibos algunos transgrediendo los deberes de la Ley de Abogados, su Reglamento y el Colegio de Ética del Abogado, que le impone a los abogados para con sus clientes o patrocinados; que el mencionado abogado estuvo recibiendo muchas cantidades de dinero que por considerables montos la intimada le extendía en cheques personales y éste no cumplió con su deber de emitirle los recibos correspondientes; es por lo que solicita muy respetuosamente se declare sin lugar la demanda incoada en contra de la ciudadana RAQUEL ALEJANDRA WAHAB VARGAS, antes identificada, por Intimación de Honorarios Profesionales por cuanto los montos solicitados por el intimante ya fueron cancelados en su totalidad en su debida oportunidad, y por cuanto se efectuó una cantidad más elevada de lo expresado por el intimante por pago de lo indebido, además solicita la condenatoria en costa.

III
PUNTO PREVIO
Esta Sentenciadora antes de entrar a conocer sobre el mérito de la causa, debe como punto previo al pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, aclarar a las partes que si bien es cierto este Tribunal se acoge al criterio jurisprudencial de la Sentencia dictada en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con Ponencia del Magistrado DR. MARCOS TULIO DUGARTE PADRON, de fecha 14/08/2008, expediente Nº 08-0273, por el carácter vinculante de la misma, sobre el proceso que debe ser aplicado por los Tribunales de la República para los procedimientos de Intimación y Estimación de Honorarios Profesionales de los abogados; en consecuencia este procedimiento es de obligatoria aplicación, y en el caso particular fue tramitado bajo los principios rectores del proceso, de lealtad y probidad y ajustado a derecho, por lo cual pasa a dictar Sentencia en la presente causa con los instrumentos probatorios que la integran, además del criterio del Magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, Expediente signado bajo el Nº 04-143, Sentencia Nº 1136, de fecha 07/10/2004. Y así se decide.

IV
DEL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS

DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE INTIMANTE
1. Copia certificada del Asunto Nº AP51-V-2011-006363, contentivo de la Demanda de Privación de Patria Potestad incoada por la ciudadana RAQUEL WAHAB, contra el ciudadano JOEL AGUILAR, constante de doce (12) folios, a los fines de demostrar las actuaciones realizadas por el Abg. WILLIAM GUSTAVO URIBE, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 54.049. cursa a los folios 62 al 73 respectivamente; A dichos instrumentos esta Sentenciadora los aprecia en todo su valor probatorio, por su condición de documentos públicos, emanados de un funcionario autorizado para expedirlos en el desarrollo de sus actividades, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

DE LAS PRUEBAS APORTDAS POR LA PARTE INTIMADA
1. Recibos varios del año 2011, correspondiente cada uno de fecha a) 15/03/11, por la cantidad de Bs. 4.000,00; b) 04/07/11, por la cantidad de Bs. 1.500,00; c) 03/08/11, por la cantidad de Bs. 3.000,00; d) 09/08/11, por la cantidad de Bs. 3.000,00; e) 25/10/11, por la cantidad de Bs. 1.500,00; cursa a los folios 42 al 46 respectivamente, a los fines de demostrar los pagos pro concepto de honorarios profesionales efectuados a nombre del Abg. WILLIAM GUSTABO URIBE; los mismos se tienen por documentos públicos y auténticos de conformidad con lo establecido en el artículo 1383 del Código Civil, ya que en la actualidad son valorados con el mérito probatorio que emerge de las tarjas, esto conforme a la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2005, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto poseen el logotipo y las siglas identificadoras de la empresa prestadora del servicio, que dan fe de las cantidades allí depositadas, y así se declara.
2. Depósitos varios en la cuenta corriente Nº 0108-0030-71-0100224171, del Banco Provincial, correspondiente al año 2011, quien es titular el ciudadano WILLIAM GUSTABO URIBE REGALADO, correspondiente cada uno de fecha a) 14/11/11, por la cantidad de Bs. 500,00; b) 25/11/11, por la cantidad de Bs. 1.500,00; c) por la cantidad de Bs. 3.000,00; cursa a los folios 47 al 48 respectivamente, a los fines de demostrar los pagos pro concepto de honorarios profesionales efectuados a nombre del Abg. WILLIAM GUSTABO URIBE. los mismos se tienen por documentos públicos y auténticos de conformidad con lo establecido en el artículo 1383 del Código Civil, ya que en la actualidad son valorados con el mérito probatorio que emerge de las tarjas, esto conforme a la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2005, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto poseen el logotipo y las siglas identificadoras de la empresa prestadora del servicio, que dan fe de las cantidades allí depositadas, y así se declara.
3. Depósitos varios en la cuenta corriente Nº 0108-0030-71-0100224171, del Banco Provincial, correspondiente al año 2012, quien es titular el ciudadano WILLIAM GUSTABO URIBE REGALADO, correspondiente cada uno de fecha a) 19/01/12, por la cantidad de Bs. 3.000,00; b) 21/01/12, por la cantidad de Bs. 4.000,00: c) 27/01/12, por la cantidad de Bs. 700,00: d) 15/02/12, por la cantidad de Bs. 4.000,00; cursa a los folios 49 al 50 respectivamente, a los fines de demostrar los pagos pro concepto de honorarios profesionales efectuados a nombre del Abg. WILLIAM GUSTABO URIBE. los mismos se tienen por documentos públicos y auténticos de conformidad con lo establecido en el artículo 1383 del Código Civil, ya que en la actualidad son valorados con el mérito probatorio que emerge de las tarjas, esto conforme a la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2005, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto poseen el logotipo y las siglas identificadoras de la empresa prestadora del servicio, que dan fe de las cantidades allí depositadas, y así se declara.
4. Varias transferencia banco en línea-BBVA Provincial en la cuenta *****4171 del ciudadano WILLIAM GUSTABO URIBE REGALADO, correspondiente cada uno de a) fecha 27/04/12, por la cantidad de Bs. 1.500,00; b) 02/05/12, por la cantidad de Bs. 2.500,00; c) 16/05/12, por la cantidad de Bs. 1.000,00; d)16/05/12, por la cantidad de Bs. 2.000,00; cursa a los folios 51 al 54 respectivamente, a los fines de demostrar los pagos pro concepto de honorarios profesionales efectuados a nombre del Abg. WILLIAM GUSTABO URIBE. los mismos se tienen por documentos públicos y auténticos de conformidad con lo establecido en el artículo 1383 del Código Civil, ya que en la actualidad son valorados con el mérito probatorio que emerge de las tarjas, esto conforme a la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2005, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto poseen el logotipo y las siglas identificadoras de la empresa prestadora del servicio, que dan fe de las cantidades allí depositadas, y así se declara.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad de emitir pronunciamiento con respecto al presente procedimiento, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio procede a dictar el fallo con base a las siguientes consideraciones:
Establece el artículo 22 de la Ley de Abogados lo siguiente:
“El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
La reclamación que surja en el juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 607 del Código de Procedimiento Civil) y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”.
En nuestro Ordenamiento Jurídico, en materia de cobro de honorarios profesionales, se prevé que este procedimiento tendrá dos fases claramente determinadas, una declarativa y otra ejecutiva. En la primera de ella, el sentenciador sólo determinará la existencia o no del derecho del abogado a cobrar honorarios profesionales: la decisión proferida en esta fase, podrá ser objeto del recurso ordinario de apelación e incluso el extraordinario de casación. Si en esta primera etapa del juicio de cobro de honorarios profesionales, se dictamina la procedencia del derecho del abogado a cobrar honorarios y contra tal decisión no son utilizados los recursos señalados, dicha decisión quedará definitivamente firme, y comenzará la fase ejecutiva o de retasa, la cual sólo está referida al quantum de los honorarios a pagar.
En ese mismo orden de ideas, es necesario resaltar la Sentencia vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso COLGATE PALMOLIVE C.A., de fecha 14-08-2008 con Ponencia del Magistrado MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN donde se establece:
“…Al respecto, esta Sala Constitucional desde hace tiempo se ha pronunciado sobre cómo ha de seguirse el procedimiento para la intimación y estimación de honorarios profesionales de los abogados, siendo que en sentencia N° 2796/12.11.2002 (reiterada en la sentencia Nº 1045/26.05.2005), señaló que:
“Ahora bien, observa esta Sala que el supuesto agraviado pretendió, mediante la demanda de amparo, la reposición de la causa al estado de que se le notifique la decisión que ordenó la contestación a la impugnación que hizo la ciudadana Ana Lavinia Uzcátegui sobre su derecho al cobro de honorarios, para que él pueda dar la referida contestación. Ello así, esta Sala considera menester realizar algunas precisiones con referencia al procedimiento para el cobro de honorarios profesionales judiciales de abogado.
Según dispone el artículo 22 de la Ley de Abogados:
´El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 607] y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.´

Por su parte el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
´Si por resistencia de una parte a alguna medida legal del Juez, por abuso de algún funcionario, o por alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamare alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra parte conteste en el siguiente, y hágalo ésta o no, resolverá a más tardar dentro del tercer día, lo que considere justo; a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días sin término de distancia. Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario decidirá al noveno día.´
Ahora bien, el procedimiento para el cobro de honorarios profesionales judiciales y extrajudiciales está dispuesto en la Ley de Abogados y su Reglamento y en el Código de Procedimiento Civil, pero esta Sala aprecia que existe confusión acerca del procedimiento aplicable.
Así, en un caso como el de autos, de cobro de honorarios profesionales en el curso de un juicio de partición y liquidación de comunidad conyugal, el abogado estima sus honorarios ante el Juzgado que cursa la causa, luego el tribunal intima al pago de esos honorarios, posteriormente el cliente impugna o no dicha intimación o puede acogerse al derecho de retasa y el abogado contesta, al día siguiente, la referida impugnación.
En relación con el procedimiento de estimación, cobro e intimación de honorarios judiciales, señala el profesor Vicente J. Puppio, en su obra Teoría General del Proceso, que:
´El cobro de honorarios y la retasa previstos en la Ley de Abogados y su Reglamento.
En el antiguo Derecho Romano recibir dinero por trabajos era propio de actividades serviles. Al morir el cliente el abogado a cambio de su actividad participaba en la herencia y recibía bienes: pieles, joyas, telas, etcétera.
Según el artículo 22 de la Ley de Abogados, el ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios. Se pueden presentar diferencias con el cliente y ello puede dar lugar al reclamo:
a) Por actuaciones extrajudiciales y se tramita por el procedimiento del juicio breve conforme al artículo 881 del Código de Procedimiento Civil.
b) Por actuaciones judiciales. La incidencia se decide conforme al artículo 607 eiusdem (antes, artículo 386 del derogado). En este caso los honorarios se reclaman en diligencia o por escrito, agregados al expediente del juicio donde se realizaron las actuaciones que los causaron.
Estimar significa decir cuánto valen los honorarios.
Intimar significa cobrar, notificar el cobro para que el cliente diga: si debe; si no debe; o si debe, pero no es el monto estimado, por lo cual ejerce la retasa.
Luego de citado para el décimo día, el intimado puede:
* Aceptar el cobro.
* Rechazar el cobro.
* Rechazar el cobro y pedir la retasa.
Si el cliente rechaza o impugna el cobro, se abre la incidencia del artículo 607 eiusdem.
El abogado contesta el mismo día o al siguiente de la impugnación.
El juez decide dentro del tercer día de despacho, a menos que haya necesidad de esclarecer un hecho, en este caso se abre a pruebas por ocho días de despacho y decide al noveno. Esta incidencia tiene Recurso de Casación.
Estando firme la sentencia que declare el derecho a cobrar, el cliente puede ejercer la retasa. Ésta consiste en que dos retasadores y el juez deciden el monto a pagar.” (Puppio, Vicente J., Teoría General del Proceso, Segunda Edición, 1998, pp 70)´” (subrayado del fallo original y negrillas de este fallo).

El criterio anterior establecido en la sentencia N° 159/25.05.2000 de la Sala de Casación Civil (Vid. entre otras sentencias de la Sala de Casación Civil N°90/27.06.1996, N° 67/05.04.2001 y N° RC-00106/25.02.2004) que fueron acogidas por las sentencias N° 935/20.05.2004, N° 2.462/22.10.2004, N° 539/15.04.2005, N° 1013/26.05.2005, N° 1043/01.06.2007 y N° 2331/18.12.2007 de esta Sala, lo cual se desarrolla con posterioridad en la sentencia N° 1392/28.06.2005, que dice:
“De lo anterior se deriva entonces, que cuando se pretenda el cobro de honorarios profesionales derivados de actuaciones judiciales, se debe interponer mediante diligencia o escrito presentado ante el Tribunal, agregados al expediente del juicio donde se realizaron las actuaciones que los causaron; seguidamente se inicia una primera etapa que va destinada al establecimiento del derecho al cobro de dichos honorarios profesionales por quien los reclama, la cual debe decidir el órgano jurisdiccional conforme a lo previsto en el artículo 607 eiusdem (antes, artículo 386 del derogado).
Producida la citación del intimado, el mismo tiene la opción de aceptar o rechazar el cobro, o rechazar el cobro y acogerse al derecho de retasa; si el accionado rechaza o impugna el cobro, se abre la incidencia establecida en el prenombrado artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, la cual debe ser contestada por el abogado intimante en el mismo día o al día siguiente de la impugnación; debiendo ser decidida por el juez de la causa dentro del tercer día de despacho siguiente, a menos que haya necesidad de esclarecer un hecho, caso para el cual se abrirá a pruebas por ocho días de despacho y se decidirá al noveno (esta incidencia tiene inclusive recurso de casación). Estando firme la sentencia que declare el derecho a cobrar, el intimado puede ejercer el derecho a la retasa, el cual consiste en que dos retasadores y el juez decidirán el monto a pagar.
Cuando el cobro de honorarios profesionales sea derivado de actuaciones extrajudiciales, éste se tramitará por el procedimiento del juicio breve conforme al artículo 881 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo así se concluye entonces, que ante la existencia de procedimientos disímiles para tramitar el cobro de honorarios profesionales derivados tanto de actuaciones judiciales como extrajudiciales, la acumulación de los mismos resulta prohibida en derecho, lo cual no fue observado por el juez de la causa al momento de admitir la pretensión de estimación e intimación de honorarios profesionales incoada por el abogado Vicente Calderón Terán en contra del ciudadano Carlos Pinzón La Rotta -parte agraviada-, lo cual tal como se evidencia de autos, fuera advertido por éste en el referido procedimiento.” (Negrillas de este Tribunal).
Del mismo modo, esta Sala en sentencia N° 3325/04.11.2005 (reiterada en la sentencia N° 1757/09.10.2006) estableció que:
“Ahora bien, en una pretensión por cobro de honorarios profesionales pueden presentarse diferentes situaciones, razón por la cual debe establecerse de forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos casos y por vía de consecuencia, el tribunal competente para interponer dicha acción autónoma, ello con el propósito de salvaguardar el principio del doble grado de jurisdicción y los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso...
…Por ello, cabe distinguir cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustanciación diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al cliente a quien representa o asiste en la causa, a saber: 1) cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en primera instancia; 2) cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo; 3) cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y, 4) cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se condenó al demandado.
A juicio de la Sala, en el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual el abogado pretende demandar los honorarios profesionales causados a su cliente, se encuentre en un tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental...
…Ahora bien, se observa de la jurisprudencia de esta Sala que de acuerdo con la Ley de Abogados, se distinguen dos clases de honorarios de abogados: a) los honorarios causados con ocasión de un conflicto judicial y b) los honorarios causados por trabajos efectuados fuera del recinto judicial, es decir, los extrajudiciales. Los honorarios que se causan con ocasión de un juicio, se estiman en el mismo expediente siempre y cuando éste no hay concluido (Vid. sentencia de esta Sala N° 1757/09.10.2006). El abogado presenta una estimación por partidas con indicación de las respectivas actuaciones y solicita del tribunal la intimación al deudor. El tribunal acuerda la intimación (orden de pago) y fija el término de diez días hábiles para que el intimado pague los honorarios al abogado, pudiendo en ese acto acogerse al derecho del abogado a cobrar los honorarios estimados u oponerse a todas las defensas que creyere conveniente alegar. En este caso, la decisión que dicte el tribunal tiene apelación e incluso recurso de casación. En el segundo caso, cuando se trata de honorarios extrajudiciales de acuerdo al mismo artículo 22 de la Ley de Abogados, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve ante el tribunal competente por la cuantía. Dispone este artículo que la "parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de contestación a la demanda". Es decir, que el derecho a la retasa lo puede ejercer quien fuere intimado al pago de honorarios profesionales judiciales como en el caso de honorarios profesionales extrajudiciales demandados donde se siga el procedimiento breve, todo lo cual es acorde con las sentencias de la Sala de Casación Civil N° 159/25.05.2000, N° 90/27.06.1996, N° 67/05.04.2001 y N° RC-00106/25.02.2004.
Sin embargo, no puede escapar de esta Sala que mediante sentencias Nros. RC-0089/13.03.2003 y RC-00959/27.08.2004, entre otras con posterioridad, la Sala de Casación de Casación Civil cambió el criterio anteriormente señalado y seguida por ella, estableciendo que conforme a las disposiciones de los artículos 22 de la Ley de Abogados y 22 de su Reglamento, el abogado que tenga una controversia con su cliente con respecto a su derecho a percibir sus honorarios por actuaciones judiciales, mediante escrito presentado en el expediente en el que se encuentren tales actuaciones judiciales, hará valer su pretensión declarativa en la que señale las actuaciones de las que se dice acreedor; por lo que el Tribunal, por su parte, desglosará el escrito y formará un cuaderno separado si es tramitado incidentalmente y, de acuerdo a la letra del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil (correspondiente al artículo 386 del mismo Código derogado) emplazará al demandado en tal pretensión para el día siguiente a su citación, la que se verificará en la forma ordinaria, a fin de que, a título de contestación, señale lo que a bien tenga con respecto a la reclamación del abogado, y hágalo o no, el Tribunal resolverá lo que considere justo dentro de los tres días siguientes, a menos que considere que existe algún hecho que probar, en cuyo caso, en vez de resolver la controversia, abrirá una articulación probatoria de ocho días para luego resolverla al noveno, es decir, al día siguiente del vencimiento de los ocho días.
Como se puede notar, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, no ha sido pacífica en su criterio con respecto al procedimiento que se debe seguir para la intimación y estimación de los honorarios profesionales de los abogados en las causas no concluidas –proceso que es seguido por los tribunales de instancia, siendo que el criterio de esta Sala ha sido el primero señalado y no éste último.
En tal sentido es incuestionable la función social que para el abogado representan sus honorarios profesionales, pues en ellos encuentra la remuneración que como contraprestación de sus servicios tiene derecho conforme al artículo 22 de la Ley que rige su ejercicio. De allí que la Ley haya dispuesto de vías procesales expeditas para hacer efectivo ese derecho, las que variarán según la naturaleza de sus actuaciones judiciales o extrajudiciales.
…Especial atención merece en esta oportunidad el procedimiento correspondiente para hacer efectivo el cobro de honorarios profesionales judiciales, pues su desarrollo, de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Abogados y al artículo 22 de su Reglamento, necesariamente, se verifica en dos fases distintas, una declarativa y otra estimativa.
En efecto, la controversia que exista entre el abogado y su cliente con respecto al derecho de aquél a cobrar honorarios profesionales se seguirá según lo indica el artículo 22 de la Ley de Abogados conforme al artículo 386 del Código de Procedimiento Civil derogado, cuyo texto se corresponde con el artículo 607 del mismo Código vigente, para que, una vez establecido el derecho pretendido por el abogado, entonces éste pueda estimar e intimar el valor que considera apropiado por las actuaciones cumplidas y cuyo derecho fue reconocido, dando lugar entonces a la fase estimativa del procedimiento.
Obsérvese que aun cuando la pretensión del abogado es autónoma e independiente de lo litigado en el juicio en el que prestó sus servicios, ésta se desarrolla como si se tratare de una incidencia, en cuaderno separado al expediente en el que se cumplieron tales actuaciones, tal como se indicó en la sentencia de esta Sala N° 1757/09.10.2006. Como se señaló anteriormente, la primera fase del procedimiento está destinada especialmente a establecer si el abogado tiene o no derecho a percibir honorarios por las actuaciones que al efecto señale; por tanto, no es necesario que el abogado que pretenda el reconocimiento de su derecho, de una vez estime el valor de sus actuaciones, pues tal actividad, a la letra del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados está reservada para una oportunidad distinta, esto es, una vez que se encuentre firme la decisión que declare el derecho del abogado a percibir sus honorarios profesionales. No obstante lo anterior, a los mismos efectos establecidos en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, el abogado deberá estimar prudencialmente el valor de su demanda.
Entonces, conforme a las disposiciones que se examinan (artículos 22 de la Ley de Abogados y 22 de su Reglamento) y la sentencia de esta Sala N° 1757/09.10.2006, el abogado que tenga una controversia con su cliente con respecto a su derecho a percibir honorarios por actuaciones judiciales, mediante diligencia o escrito presentado en el expediente en el que se encuentren tales actuaciones judiciales, hará valer su pretensión declarativa en la que señale las actuaciones de las que se dice acreedor, cuando el juicio no ha terminado. El Tribunal, por su parte, desglosará el escrito y formará un cuaderno separado si es tramitado incidentalmente y, de acuerdo a la letra del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil (correspondiente al artículo 386 del mismo Código derogado) emplazará al demandado en tal pretensión para el día siguiente a su citación, la que se verificará en la forma ordinaria, a fin de que, a título de contestación, señale lo que a bien tenga con respecto a la reclamación del abogado, y hágalo o no, el Tribunal resolverá lo que considere justo dentro de los tres días siguientes, a menos que considere que existe algún hecho que probar, en cuyo caso, en vez de resolver la controversia, abrirá una articulación probatoria de ocho días para luego resolverla al noveno, es decir, al día siguiente del vencimiento de los ocho días.
Debe observarse que la decisión del Tribunal en esta fase del procedimiento, sea que se dicte dentro de los tres días siguientes al emplazamiento, sea que se dicte después de vencida la articulación probatoria, sólo puede juzgar sobre el derecho del abogado a percibir honorarios por las actuaciones judiciales en las que dice haber participado, bien como representante o como asistente, sin que pueda declarar la confesión ficta del demandado, pues tal sanción no está expresamente prevista para el caso concreto. Dicha decisión, es apelable libremente, y la sentencia que la resuelva es recurrible en casación conforme a los límites propios de este recurso previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.
Debe observarse que la decisión del Tribunal en esta fase del procedimiento, sea que se dicte dentro de los tres días siguientes al emplazamiento, sea que se dicte después de vencida la articulación probatoria, sólo puede juzgar sobre el derecho del abogado a percibir honorarios por las actuaciones judiciales en las que dice haber participado, bien como representante o como asistente, sin que pueda declarar la confesión ficta del demandado, pues tal sanción no está expresamente prevista para el caso concreto. Dicha decisión, es apelable libremente, y la sentencia que la resuelva es recurrible en casación conforme a los límites propios de este recurso previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto al trámite en segunda instancia, éste se corresponderá con el del procedimiento ordinario, ante la falta de regulación expresa en la Ley al respecto y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del mismo Código.
De acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados, una vez que concluye la primera fase del procedimiento, la declarativa, se dará inicio a la segunda fase del procedimiento, esto es, la estimativa. En esta fase es que el abogado estimará sus honorarios profesionales, siempre y cuando, obviamente, hubiere obtenido el reconocimiento judicial del derecho a percibir honorarios profesionales por cada una de las actuaciones que ha de estimar, pues en definitiva cada una constituye título suficiente e independiente generador de derecho.
En lo sucesivo el trámite seguirá, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 al 29 de la Ley de Abogados y, conforme al artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, por las normas de este Código en todo lo que no constituya especialidad así como respecto a la ejecución. Esto es, hecha la estimación de las actuaciones por el abogado, el Tribunal intimará en la forma ordinaria al deudor para que dentro de los diez días siguientes se acoja al derecho de retasa. De no hacer uso de ese derecho el intimado, los honorarios estimados quedarán firmes y de hacerlo se procederá en la forma prevista en la Ley para la designación de los jueces retasadores y posterior pronunciamiento de la correspondiente decisión.
Obsérvese que esta segunda fase, la estimativa, constituye un precedente legal del procedimiento por intimación incorporado al Código de Procedimiento Civil en su reforma de 1986, pues en ambos el demandado es intimado para que dentro de los diez días siguientes, se oponga al procedimiento monitorio o se acoja al derecho de retasa en este especial procedimiento, con el apercibimiento que, de no hacerlo, quedará firme el decreto intimatorio o las sumas estimadas por el abogado según el caso.
Por mandato expreso del artículo 23 de la propia Ley de Abogados, cuando el abogado pretenda reclamar honorarios profesionales al condenado en costas, deberá seguir el mismo procedimiento correspondiente al que debe instaurar cuando ha de reclamar los honorarios a su cliente por actuaciones judiciales. Sin embargo, a diferencia de la reclamación que hace el abogado a su cliente por honorarios profesionales, que no tienen otra limitación que la prudencia y los valores morales del abogado que los estima y la valoración técnica de los jueces retasadores, en caso de constituirse el correspondiente Tribunal, los honorarios profesionales que a título de costas debe pagar la parte vencedora a su adversaria, no pueden exceder del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado…”

Como complemento del anterior criterio Jurisprudencial la doctrina de la Sala de Casación Civil ha sido reiterada, en sentencia de fecha 13 de abril de 2000, juicio Maria Campagnone y otra contra Iral, S.R.L, expediente No. 00-056, sentencia No. 79, en la cual dispuso:
“…En el procedimiento por cobro de honorarios profesionales, se encuentra claramente definidas dos (2) etapas: la declarativa, en la cual el sentenciador sólo determina la procedencia o no del derecho de los abogados a cobrar los honorarios reclamados; y la ejecutiva, que comienza con la sentencia definitivamente firme que declara procedente el derecho a cobrar los honorarios y concluye con la determinación del quantum de dichos horarios…”
La segunda fase o fase ejecutiva comienza a partir de la sentencia declarativa del derecho de cobrar honorarios o a partir del momento en que la intimada se acoge al derecho de retasa. En éste último supuesto, efectivamente no se haría necesario esperar un pronunciamiento sobre el derecho que pudiera existir en el abogado intimante, ya que el mismo estaría siendo reconocido, de manera voluntaria, por quien estaría obligado.
La retasa, como señala Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano Volumen II, editorial Arte, segunda edición, Caracas 1992, Pág. 515, es la impugnación de la estimación de honorarios que hace la parte intimada por considerar a los honorarios exagerados. Lo que indica que, con la retasa se pretende impugnar el quantum, pero no el derecho en sí de cobrar honorarios profesionales.
Por tanto, si el ejercicio del derecho de acogerse a retasa se practica, conforme al artículo 25 de la Ley de Abogados, dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago, se estaría reconociendo que existe el derecho del cobro de los honorarios intimados, mas no la conformidad con la cantidad de los mismos.
Por otra parte, de la revisión de las actas procesales, este Tribunal observó que el intimado en el escrito de contestación negó, rechazó y contradijo el derecho del intimante a cobrar honorarios profesionales y no se acogió al derecho a retasa, no significando ello, que el mismo haya reconocido o confesado el derecho que le asiste a su contraparte a cobrar dichos honorarios, y así se decide.
En virtud de lo anterior, debe esta Sentenciadora limitar su proceder en esta primera etapa del proceso, a decidir la procedencia o no del derecho del accionante a cobrar honorarios profesionales, pues la parte intimada probó haber realizado los pagos correspondientes a los honorarios profesionales, que le pudieran corresponder al referido Abogado, tal como se evidencia de los depósitos bancarios que rielan de los folios 42 al 54 del presente asunto. Así se decide.
Por lo antes expuesto es Órgano Jurisdiccional forzosamente debe declarar sin lugar la demanda de Intimación de Honorarios Profesionales incoada por el abogado WILLIAM GUSTAVO URIBE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-641.490, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 54.049, contra la ciudadana RAQUEL ALEJANDRA WAHAB VARGAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-11.130.009, y así se declara.
Ahora bien, se observa que en el escrito de Intimación de Honorarios Profesionales el intimante solicitó el pago de la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 34.000,00), así la cosa del estudio realizado en el presente asunto, se demostró que existe una diferencia por la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS BOLIVARES, cantidad esta, que debe ser cancelada por el intimante a la ciudadana RAQUEL ALEJANDRA WAHAB VARGAS, titular de la cédula de identidad Nº V-11.130.009.
Por otro lado, la parte intimada señala en su escrito de contestación, la condenatoria en costa del intimante, en ese sentido debemos señalar:
“…la palabra costa ha de entenderse a la totalidad de gastos o inversiones económicas que ocasiona la substanciación de un proceso, ya sea mediata o inmediatamente.
En sentido estricto, para Carnelutti, F. (1944), se comprende en este concepto sólo los gastos necesarios para el movimiento del mecanismo procesal, pero en sentido amplio se añaden a tales gastos las mayores pérdidas que el proceso lleva consigo, como por ejemplo, aquellas sufridas por el demandado que ha debido abandonar o descuidar su trabajo para defenderse…”
En la doctrina patria, el Dr. Borjas las define como:
“Todos los gastos hechos por las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales; pues aunque la justicia se administra gratuitamente como en otra ocasión lo hemos expuesto, en el sentido de que el Estado, y no los litigantes, pagan a los jueces para que ejerzan sus funciones, es inevitable hacer en todo juicio y en toda actuación judicial erogaciones diversas, exigidas por circunstancia múltiples, y a las cuales debe atender, llegado el caso, la parte que solicita o ejecuta el acto que las ocasiona, en tanto que, por sentencia, no se condene a la otra parte a reintegrárselas. Son de tal naturaleza los impuestos o derechos del físico, el papel sellado y las estampillas; los derechos arancelarios, o fijados en las leyes de arancel judicial, los que deben ser pagados a los porteros por citaciones, a los secretarios o cancilleres por las copias certificadas y las tasaciones de costas; lo que corresponde a los asociados, asesores, intérpretes, prácticos, expertos, retasadores, etc.; las indemnizaciones a los testigos que la exigieran legítimamente; los gastos requeridos para la practica de inspecciones oculares y otros actos que deben practicarse fuera del tribunal; los honorarios de los abogados, y todos los demás gastos diversos en el proceso y con ocasión de él desde que se le inicia hasta su complemento término siempre que conste del expediente respectivo”.
En la doctrina extranjera el eminente procesalista Jaime Guasp explica que costa es: “Aquella porción de los gastos procesales cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso determinado y reconocen es este proceso como causa inmediata o directa de su patrimonio”.
En consecuencia, y con base a lo expuesto este Tribunal condena en costa a la parte intimante Abogado WILLIAM GUSTAVO URIBE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-641.490, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 54.049, por haber resultado totalmente vencido en el presente proceso, y así se establece.
V
DISPOSITIVO
Este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: NO HAY DERECHO AL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, interpuesto por el abogado WILLIAM GUSTAVO URIBE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-641.490, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 54.049, contra la ciudadana RAQUEL ALEJANDRA WAHAB VARGAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-11.130.009.

REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE
Dado, firmado y sellado en la Sala de despacho del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niña y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZ,

BETILDE ARAQUE GRANADILLO
EL SECRETARIO,

ENDER PEREZ

En esta misma fecha y previo el anuncio de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, déjese copia de la misma en el copiador de sentencias de este Tribunal, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO,

ENDER PEREZ

BAG/EP/Johan Arrechedera
ASUNTO: AH52-X-2012-000396
Motivo: Intimación de Honorarios Profesionales