TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 29 de Febrero de 2012
201º y 153º
ASUNTO: AH13-V-2005-000042
ASUNTO ANTIGUO: 2005-142
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
CON FUERZA DE DEFINITIVA.

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil ELECTRÓNICA ZENDER C.A., Inscrita en el Registro mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado miranda, en fecha 04 de Diciembre de 1986, bajo el Nro. 06, tomo 67, A-Pro, y Modificados los estatutos sociales en fecha 26 de mayo de 1993, anotada bajo el Nro. 42, Tomo 83-A-Pro, en la misma Ofician de Registro Mercantil.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos ARNALDO PONCE DELGADO y HENRY YASMIN CALIL, abogados en ejercicio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 900 y 66.876, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedades Mercantiles:
 AUTO ACCESORIOS BUTICAR C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 14 de Febrero de 1.995, bajo el Nro. 54, tomo52-A-Sgdo.
 EL UNIVERSO DE LA SEGURIDAD C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 07 de Julio de 1997, bajo el Nro. 87, tomo 129-A-Qto.
 EL MUNDO DE LAS ALARMAS, C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 13 de Diciembre de 1993, bajo el Nro. 3, tomo 133-A-Sgdo.
 AUTRONICA M.D.L. C:A., Inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 02 de Marzo de 1994, bajo el Nro. 38, tomo 45-A-Pro.
 A.V. POWER IMPORTOR C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 08 de Marzo de 1996, bajo el Nro. 16, tomo 105-A-Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadanos LUÍS AGUANA FIUGUERA, RAUL AGUANA FIGUERA, DOMINGO CHACÓN AGUANA, ELIO ANTONIO GARCÍA, ROGER ARAYA CALLES, MARIA ISABEL MENDOZA, DOLORES SACRISTAN, abogados en ejercicio, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 1.608, 5.473, 496, 12.967, 5.286, 1.149 respectivamente.
MOTIVO: ACCIÓN REIVINDICATORIA.
DE LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS
Se inició el presente procedimiento por libelo de demanda presentado en fecha 30 de Mayo de 2000, ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; sometido a distribución dicho libelo le correspondió su conocimiento al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, contentivo de demanda de ACCIÓN REIVINDICATORIA.
Consignados como fueron los instrumentos fundamentales de la pretensión, el Tribunal admitió la demanda en fecha 05 de Junio de 2000, por el Procedimiento Ordinario.
En fecha 06 de Julio de 2000, la secretaria del Juzgado dejó expresa constancia que se libraron las compulsas a las demandadas
En fecha 26 de Octubre de 2000, el alguacil del Juzgado consignó recibo de la compulsa firmada por el Presidente de la Sociedad Mercantil AUTO ACCESORIOS BUTICAR C.A.
En fecha 02 de Noviembre de 2000, el Alguacil del Juzgado dejó expresa constancia de la imposibilidad para practicar la Citación personal de los representantes legales de las Empresas Co-demandadas Sociedades Mercantiles MUNDO DE LAS ALARMAS C.A., UNIVERSO DE LAS SEGURIDAD, C.A., AUTRONICA M.L.D., C.A., A.V. POWER IMPORT C.A.
En fecha 09 de Noviembre de 2000, el Tribunal libró cartel de Citación previa solicitud de la parte actora, y dicha publicación fue consignado a los autos en fecha 28 de Noviembre de 2000.
En fecha 05 de Diciembre de 2000, la Secretaria del Juzgado dejó constancia del cumplimiento de las formalidades contenidas en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 24 de Enero de 2001, el ciudadano Juan Luís Aguana Figuera, en su condición de apoderado Judicial de las co-demandadas Sociedades Mercantiles A.V. POWER IMPORT C.A., y UNIVERSO DEL LAS SEGURIDAD C.A., se dio por citado en el presente juicio, en la misma fecha y por diligencia separada el Ciudadano Elio García Paris, en su condición de apoderado judicial de la co-demandada Sociedad Mercantil EL MUNDO DE LAS ALARMAS C.A., se dio por citado en la presente causa, impugnó el poder que faculta a los apoderados de las representación judicial del parte actora, para actuar en el presente juicio.
En fecha 30 de Enero de 2001, la representación judicial de la co-demandada Sociedad Mercantil EL MUNDO DE LAS ALARMAS C.A., se opuso a la medida se secuestro practicada en fecha 02 de Octubre de 2000.
En fecha 06 de Febrero de 2001, el ciudadano LOPE HERNÁN CHACÓN en su condición de Director General de la Co-demandada Sociedad Mercantil ELECTROAUTO BUTICAR, C.A., asistido de abogado, se dio por citado en nombre de su representada.
En fecha 07 de Febrero de 2007, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó se deseche o no se admita la impugnación realizada por el apoderado judicial de la co-demandada Sociedad Mercantil EL MUNDO DE LAS ALARMAS C.A, por cuanto la misma no cumple con las formalidades del Artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, de igual forma por diligencia separada de la misma fecha solicitó se declare extemporánea la oposición a la medida de secuestro.
En fecha 20 de Febrero de 2001, el ciudadano LFARIS DI LILLO DI CICCO, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil AUTOTRONICA M.L.D., asistido de abogado se dio por citado en el presente asunto, en nombre de la co-demandada.
En fecha 28 de Febrero de 2001, el apoderado judicial de la Codemandada Sociedad Mercantil A.V. POWER IMPORT C.A., opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 11mo del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 22 de Marzo de 2001, apoderado judicial de la empresa co-demandada EL MUNDO DE LAS ALARMAS C.A., dio formal contestación a la demanda interpuesta.
En fecha 29 de Marzo de 2001, el ciudadano LFARIS DI LILLO DI CICCO, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil AUTOTRONICA M.L.D, asistido de abogado opuso la cuestión previa del Ordinal 8vo del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 16 de Abril de 2001, la representación judicial de las codemandada Sociedades Mercantiles A.V. POWER IMPORT C.A., y UNIVERSO DEL LAS SEGURIDAD C.A., consignó escrito de pruebas.
En fecha 30 de Abril de 2001, el apoderado judicial de las empresas co-demandadas A.V. POWER IMPORT C.A., y UNIVERSO DEL LAS SEGURIDAD C.A., consignó escrito de conclusiones relativas a la incidencia surgida con motivo de la cuestión previa del ordinal 11ma, del Artículo 346 de la norma adjetiva. Y por diligencia separada ratifico el contenido del escrito repruebas; seguidamente En fecha 02 de Mayo de 2001, el representante legal de la Sociedad Mercantil AUTOTRONICA M.L.D., asistido de abogado, consignó escrito de pruebas de la incidencia y finalmente en fecha 16 de Abril de 2001, el apoderado judicial de la parte actora, consignó las pruebas relativas a la incidencia.
En fecha 15 de Marzo de 2004, el Tribunal Quinto de Primera Instancia declaró Con Lugar la Cuestión previa relativa a la Inadmisibilidad de la Acción propuesta, ordenó el levantamiento de la medida Innominada y de la medida de Secuestro.
En fecha 17 de Marzo de 2004, la representación judicial de la parte accionante, Apelo de la sentencia, y previo cumplimiento de las formalidades contenidas en el Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, oye la apelación en ambos efectos; de dicha apelación tuvo conocimiento el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta misma circunscripción Judicial, quien en fecha 05 de Abril de 2005, declaró Con Lugar la Apelación interpuesta y revocó la sentencia que declaro inadmisible el presente asunto.
Una vez notificadas las partes de la referida sentencia, el Tribunal en fecha 10 de Agosto de 2005, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de origen.
En fecha 29 de Septiembre de 2005, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó a la Juez del Tribunal se inhiba del conocimiento de la causa, por haber emitido opinión en la sentencia interlocutoria revocada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta misma circunscripción Judicial.
En fecha 07 de Octubre de 2005, la Juez Provisoria del Juzgado Quinto de Primera instancia se inhibió del conocimiento de la presente causa y ordenó la remisión del expediente al Juzgado distribuidor de turno de primera instancia.
En fecha 01 de Diciembre de 2005, este juzgado le dio entrada y ordenó anotar en el libro de causa.
En fecha 07 de Febrero, 21 de Marzo, 13 de Octubre de 2006, y en fecha 23 de Mayo de 2007, la representación judicial de la parte actora solicitó se pronuncie sobre la cuestión previa opuesta contenida en el Ordinal 8vo del Articulo 346 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 29 de Febrero de 2012 el quien suscribe le presente fallo se abocó al conocimiento de la causa.
DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Dada la evidente inactividad por parte de los intervinientes en esta causa, este Juzgado observa:
Revisadas cuidadosamente las actas procesales bajo estudio se infiere que desde el día 23 de Mayo de 2007, fecha en la cual la representación judicial de la parte actora solicitó se pronuncie sobre la cuestión previa opuesta contenida en el Ordinal 8vo del Articulo 346 del Código de Procedimiento Civil, hasta la presente fecha en la cual el Juzgado se abocó a la causa, la causa estuvo paralizada por más de un (01) año sin que se hubiese verificado actuación alguna por parte de los intervinientes del juicio; lo cual siendo así, hace que este Juzgador considere oportuno señalar el contenido del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”. (Subrayado del Tribunal).
Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem, lo siguiente:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente...”
Por su parte pauta el Artículo 270 ibídem, que:
“La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que, resulten de los autos; solamente extingue el proceso. Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en los cuales no habrá lugar a perención…”
De igual forma, expresa el Artículo 271 del mencionado Código Adjetivo, lo que sigue:
“En ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes de que transcurran noventa días continuos después de verificada la perención”.
En este orden de ideas, considera este Tribunal pertinente transcribir en forma parcial la Sentencia de fecha 10 de Agosto del Año 2007, dictada por la sala de Casación Civil, en el expediente signado con el Nº AA20-C-2006-001089, la cual es del tenor siguiente:
“…En torno a la figura procesal de la perención de la instancia, cabe señalar sentencia Nº 853 de la Sala Constitucional, de este Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 5 de mayo de 2006, expediente Nº 02-694, que dispone lo siguiente: ‘...Evidentemente que esa situación constituye el supuesto de hecho regulado en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente señala lo siguiente (…) Los efectos de esa norma, son de orden público, y por tanto deben ser declarados de oficio por el juez. Un dispositivo similar contenido en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el artículo 86, fue utilizado como base por la Sala Político Administrativa para dictar un número importante de sentencias en las cuales se declaraba la perención de la instancia, precisamente, debido a la falta de actividad de las partes; así entonces es pertinente citar el fallo Nº 95 dictado por la mencionada Sala el 13 de febrero de 2001, en el que se estableció el siguiente criterio: ‘...De manera, pues, que a los efectos de declarar la perención en un procedimiento que se tramite ante el Tribunal Supremo, no puede tenerse el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como norma de preferente aplicación y por tanto ha de concluirse que adquieren su pleno valor las reglas sobre la materia estatuidas en el artículo 86; conforme a cuya lectura aparece como obligada conclusión, que basta para que opere la perención, independientemente del estado en que se encuentre, que la causa haya permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del procedimiento, transcurrido el cual, la Sala, sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte. Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa...”.(Subrayado de este fallo). Es necesario señalar, que del extracto anterior solo se quiere destacar lo relativo a la condición objetiva establecida en el derogado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y que es la misma condición contenida en el vigente artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ello debido a que esta Sala Constitucional corrigió el criterio de la Sala Político Administrativa, según el cual la perención procedía independientemente del estado en el que se encontrara la causa (Vid. sent. Nº 956 del 1 de junio de 2001 y 2673 del 14 de diciembre de 2001). El criterio expuesto por la Sala Político Administrativa, en el fallo Nº 95 dictado el 13 de febrero de 2001, fue mantenido en fallos posteriores a esa fecha, en los que básicamente, la motivación se resumía en el siguiente argumento: “...Por tanto, habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito, resulta forzoso para esta Sala declarar la perención en la presente causa...”. El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente: ‘...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención...’. Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia. Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito. En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia N° 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló: ‘De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia”. (Subrayado del presente fallo). (…) Quedando establecido con esta sentencia, que a criterio de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, la perención de la instancia opera de pleno derecho y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia, aclarando que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, mas no si en la causa no se había dicho “vistos” y estaba pendiente una decisión interlocutoria. (…) a criterio de esta Sala de Casación Civil, la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria de cuestiones previas y a cualquiera otra que sea menester que el Juez dicte para la prosecución del juicio. Con lo cual, se hace evidente la contradicción entre los criterios de procedencia de la perención de la instancia en estos dos fallos, dado que la Sala Constitucional admite la procedencia de la perención de la instancia en las causas que están en espera de una sentencia interlocutoria y la Sala de Casación Civil, que no es procedente la perención de la instancia en ese supuesto, en consecuencia esta Sala de Casación Civil, con el fin de unificar los criterios interpretativos restrictivos de las normas, con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, deja establecido que la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica sólo a la sentencia definitiva que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Así se decide…”
Igualmente la Sala Constitucional, se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de Enero de 2006, caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos:
“….En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente: 1.- Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días. 2.- Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno. 3.- El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…” Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia. En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal).
Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir sea en forma normal con la sentencia o a través de las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca.
En este orden es de señalar que dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, puesto que faculta al Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido.
En este sentido ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político-Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
Así las cosas y con vista a los criterios jurisprudenciales trascritos, los cuales por compartirlos los hace suyo este Juzgador en franco acatamiento al deber que tiene el Juez de coadyuvar a la uniformidad en la interpretación en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, y aplicados analógicamente al punto bajo estudio puede destacarse en este asunto en particular que, si bien se estaba a la espera de la decisión referida a la cuestión previa opuesta, correspondía a las partes insistir en la emisión de tal veredicto para así dar continuación al proceso y esto no ocurrió así. En adición, el fallo esperado comprende una decisión interlocutoria, en otras palabras, éste no resolvería el fondo del asunto planteado, todo lo cual encuadra en el criterio jurisprudencial primeramente transcrito, pues desde la fecha en que la apoderada de la parte actora realizó la última diligencia de impulso del proceso, hasta la fecha el 23 de mayo de 2007, fecha en la cual la misma representación judicial solicitó al Tribunal que se pronuncie sobre las cuestiones previas opuestas las partes no efectuaron ningún acto del procedimiento tendente a impulsarlo, lo cual no debe pasarse por alto, puesto que con tal actuación se verifica una la falta de interés de las partes de continuar con la presente demanda, y así se precisa.
En consecuencia, con vista a la determinación anterior inevitablemente este Tribunal, obrando según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, y de acuerdo a las atribuciones que le impone la ley al Juez, pues, tiene por norte descubrir la verdad de los hechos y actos de las partes, a fin de procurar conocer la causa en los límites de su oficio, ateniéndose a las normas de derecho, y al tener como límite de actuación y juzgamiento lo que hubiese sido alegado y probado en autos, forzosamente debe DECLARAR PERIMIDA LA INSTANCIA, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 eiusdem; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, y así se deja establecido finalmente.
DE LA DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Veintinueve (29) días del mes de Febrero de 2012. Años 201º y 152º.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
DR. JUAN CARLOS VARELA RAMOS
AURORA MONTERO
En la misma fecha, siendo las 09:27 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.
LA SECRETARIA,
JCVR/DPB/DAY.