REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 08 de febrero de 2012 201º y 152º ASUNTO: AH11-X-2011-000067 / AP11-V-2011-001377 Vista la solicitud de la medida preventiva establecida en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo primero, formulada por la representación judicial de la parte demandante, en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA sigue la sociedad mercantil CENTRO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES DE CARACAS, C.A., contra la fundación UNIVERSIDAD METROPOLITANA, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre la solicitud y en este sentido es pertinente citar el artículo de la norma adjetiva que regula la materia de las medidas en general: Dispone el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Subrayado y Negrillas del Tribunal). Asimismo, requiere la parte actora medida preventiva de protección innominada, en el sentido de que se declare el goce pacífico del conjunto de inmuebles y el estacionamiento apropiado de la Universidad Metropolitana que detenta como arrendatario su poderdante, hasta que se despejen las incertidumbres del tipo de contrato que rige las relaciones entre su representado y la parte demandada, evitando que la fundación UNIVERSIDAD METROPOLITANA, pueda ejercer una acción que cause una lesión irreparable a su representado. Referido lo anterior, este Tribunal observa: Para asegurar las resultas de un juicio, la ley atribuye expresamente a los Jueces la facultad para decretar las medidas preventivas que se requieran en cada caso concreto. Adicionalmente el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, prevé: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1º) El embargo de bienes muebles; 2º El secuestro de bienes determinados; 3º) La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. ...omissis”. Así las cosas, la procedencia de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los dispositivos parcialmente transcritos, está condicionada al cumplimiento concurrente de varios requisitos, a saber: (a) Que se presuma la existencia del buen derecho cuya protección se persigue con la cautelar (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; y (b) Que exista riesgo de quedar ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva. Por disposición expresa de tales artículos “el solicitante de la medida tiene la carga de acreditar ante el juez, haciendo uso de los medios de pruebas que confiere el ordenamiento, la señalada presunción”. Debe acotarse, respecto de las exigencias mencionadas, que su simple alegación no conducirá a otorgar la protección cautelar sino que tales probanzas deben acreditarse en autos. En este orden de ideas, el Juzgador habrá de verificar en cada caso, a los efectos de decretar la procedencia o no de la medida innomida solicitada, la existencia en el expediente de hechos concretos que permitan comprobar la certeza del derecho que se reclama, el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo y, para los casos de medidas cautelares innominadas, que el peligro de daño o lesión sea grave, real e inminente. Resulta necesario destacar, además, que por tratarse de un medio para garantizar los efectos de la sentencia definitiva, la medida a ser acordada no debe comportar carácter definitivo sino que deberá circunscribirse a la duración de la querella judicial incoada, y en tal orden ser susceptible de revocatoria -motivada- cuando varíen o cambien las razones que inicialmente justificaron su procedencia. Igualmente, tales medidas deben ser lo suficientemente acordes con la protección cautelar adecuada para cada caso, para lo cual, el Juez no podrá incurrir en exceso o disminución en cuanto al ámbito o extensión de la medida. Una medida insuficiente haría nugatoria la protección cautelar y una medida exorbitante constituirá mella de la necesaria ponderación del interés general cuyo garante es la propia Administración Pública, creando a su vez una desigualdad procesal frente a la otra parte en litigio.(Vid. Sentencia Nº 00964 del 1º de julio de 2003). Adicionalmente, cabe acotar que en el supuesto que se pretendiese flexibilizar el criterio señalado, debe el solicitante de la medida cautelar, aportar pruebas suficientes de donde se infiera el peligro de quedar ilusoria la ejecución del fallo, circunstancia que no se evidencia indefectiblemente de las pruebas acompañadas por el actor. Así se precisa. Con base a los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega la medida innominada peticionada por el apoderado judicial de la parte demandante. Así se decide Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo interlocutorio en el Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los ocho (08) días del mes de febrero del año 2012. Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación. La Juez, Sarita Martínez Castrillo La Secretaria, Norka Cobis Ramírez. En la misma fecha de hoy, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia. La Secretaria, Asistente que realizo la actuación: Luis José Rangel Mesa