TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
(SEDE CONSTITUCIONAL)
Caracas, 20 de julio de 2012
202º y 153º
ASUNTO: AP11-O-2012-000039
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA:
• BLUEFIELDS PUBLICIDAD, C.A., inscrita el 16 de diciembre de 1998 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 63, Tomo 541-A-Sgdo, modificado su estatuto por asiento inscrito por ante la misma oficina de registro el 23 de marzo del 2004, bajo el Nº 33, Tomo 40-A-Sdo, y posteriormente en fecha 27 de fecha de junio de 2008, Nro. 48, Tomo 126-A-Sdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA:
• RICARDO J. GARCÍA GARRIGA, ALAN ALDANA BOTERO y CONNY VIRGINIA AREVALO ROJAS, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 91.307, 105.842 y 105.847, respectivamente.
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE:
• R.B. INVERSIONES, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, el 6 de abril de 1973, bajo el Nro.96, Tomo 7-A.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE:
• ERICK BOSCAN ARRIETA, JOSUÉ BAUTISTA VIVAS, PABLO BENAVENTE MARTINEZ, MARK MELILLI SILVA, MARÍA DINA DE FREITAS, LUZ CHARME, ALEJANDRO GONZÁLEZ ARREAZA, BÁRBARA CAMPISCIANO y LEOPOLDO SARRIA, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 80.156, 124.424, 60.027, 79.506, 64.526, 100.388, 131.593, 146.199 y 127.680, respectivamente.-
MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
I
DE LA NARRATIVA

Visto el anterior libelo de acción de AMPARO CONSTITUCIONAL y los recaudos que lo acompañan, provenientes de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentados en fecha 22 de Marzo de 2012, por la abogada CONNY VIRGINIA AREVALO ROJAS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 105.847, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BLUEFIELDS PUBLICIDAD, C.A., inscrita el 16 de diciembre de 1998 en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 63, Tomo 541-A-Sgdo, modificado su estatuto por asiento inscrito por ante la misma oficina de registro el 23 de marzo del 2004, bajo el Nº 33, Tomo 40-A-Sdo, y posteriormente en fecha 27 de fecha de junio de 2008, Nro. 48, Tomo 126-A-Sdo., parte presuntamente agraviada. La referida acción fue incoada contra la Sociedad Mercantil R.B. INVERSIONES, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, el 6 de abril de 1973, bajo el Nro.96, Tomo 7-A.
Revisado como fue la presente acción de Amparo Constitucional y los recaudos que los acompañan, este Tribunal mediante auto de fecha 28 de Marzo de 2012, procedió a la admisión del mismo, ordenándose para ello la notificación de la parte presuntamente agraviante y del Fiscal del Ministerio Público.
Mediante diligencia suscrita en fecha 29 de Marzo de ese mismo año, la representación judicial de la parte accionante, consignó los fotostatos requeridos para la elaboración de la boleta de notificación dirigida al Fiscal del Ministerio Público y a la parte presuntamente agraviante. Igualmente, solicitó pronunciamiento sobre la Medida Cautelar solicitada.
Seguidamente, en fecha 2 de Abril de 2012, el apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada consignó a los autos la Inspección Ocular, realizada por la Notaría Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, motivo por el cual revisadas como fueron dichas actas, este Juzgado procedió a decretar Medida Cautelar Innominada, ordenando la restitución del Servicio Eléctrico del inmueble en donde funcionada la empresa BLUEFIELDS.
En fecha 17 de abril de 2012, se agregó a los autos las resultas de comisión provenientes del Juzgado Quinto de Municipio Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 07 de Mayo de 2012, el ciudadano MIGUEL RICARDO PEÑA, en su carácter de Alguacil Titular del Circuito Judicial de Primera Instancia Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, dejó constancia que el día 04 de Mayo de ese mismo año, se traslado al domicilio procesal de la Sociedad Mercantil R.B. INVERSIONES, C.A., con la finalidad de notificar a dicha empresa en la persona de cualesquiera de sus representantes ciudadanos ROBERTO BREWER MENDOZA y/o CRISTOBAL BREWER MENDOZA, siendo atendido por la ciudadana FANNY LÓPEZ, la cual le informó al mencionado funcionario que los ciudadanos solicitados, no laboran en la dirección indicada, por tal razón procedió a consignar a los autos las resultas de notificación.
Mediante diligencia de fecha 14 de Mayo de 2012, la abogado CONNY AREVALO ROJAS, plenamente identificada en autos, solicitó que la notificación de la parte presuntamente agraviante, se realizada por correo certificado.
Por su parte, el ciudadano JAVIER ROJAS MORALES, en fecha 15 de Mayo de 2012, actuando en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial, dejó constancia que el día 09 de Mayo de ese mismo año, consignó el oficio debidamente firmado y sellado por la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo del Ministerio Público.
Por auto dictado en fecha 16 de Mayo de 2012, este Tribunal acordó de conformidad a lo establecido en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, que la notificación de la Empresa R.B. INVERSIONES, C.A., se practicara por correo certificado.
En fecha 11 de Junio de 2012, se recibieron las resultas de Aviso de Recibo de Citaciones y Notificaciones, Nro. 072325, proveniente del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL).
Cumplidas como fueron las formalidades exigidas por Ley, en fecha 02 de Julio de 2012, este Juzgado procedió a fijar para el día 12 de Julio del año en curso, a las 11:00 a.m, la Audiencia Constitucional Oral y Pública en la presente causa. Siendo la oportunidad fijada por este Juzgado, para la celebración de la Audiencia Oral y Pública, se celebró dicho acto en presencia del Juez y de la Secretaria de este Juzgado, dejándose constancia que en representación de la parte de la presuntamente agraviante compareció el abogado ERICK HUMBERTO BOSCAN ARRIETA, y que la parte presuntamente agraviada no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno. Asimismo, se hizo presente el ciudadano Abg. LUÍS ALVAREZ DOMINGUEZ, en su carácter de Fiscal 84° adscrita a la Dirección en lo Constitucional y Contencioso del Área Metropolitana de Caracas y Vargas.
Ahora bien, estando en la oportunidad de decidir, pasa este Juzgador con sede Constitucional a realizar los siguientes señalamientos:
II
DE LA NATURALEZA

La Acción de Amparo Constitucional prevista en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ampliamente desarrollada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, a través de sentencias como la del 1 de febrero del 2000 (Caso Emery Mata Millán), está concebida como una Acción Extraordinaria destinada proteger a toda persona natural habitante de la República o jurídica domiciliada en ésta, de los actos, hechos u omisiones provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho acto u omisión originados por los ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen de violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta ley.
Está concebida como un medio de protección de los derechos y garantías constitucionales, aún contra las amenazas de lesión de los mismos.
Así lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal en sentencias como la dictada el 19 de mayo del 2000, caso Centro Comercial Las Torres C.A, fallo Nro. 401, en el cual se estableció:
“…La situación que permite el amparo, radica en que una persona natural o jurídica debido a que otra le infringe sus derechos constitucionales, le lesiona o le amenaza la situación jurídica en que se encuentra, haciéndose irreparable tal lesión o concreta la amenaza, si no se restablece de inmediato la lesión o se detiene la amenaza.

La situación jurídica no es más que la activación de los derechos subjetivos de la persona y quien se encuentra en un estado fáctico en el cual exige de otro u otros que considera obligados al cumplimiento de una prestación, o ejerce una relación directa con bienes jurídica.
Para que el amparo proceda es necesario:
1.- Que el actor invoque una situación jurídica;
2.- Que exista una violación de derechos o garantías constitucionales;
3.- Que tal situación afecte su situación jurídica de manera tal que se sepa cuál era el estado de las cosas antes de la violación o antes de la amenaza;
4.- Que sea necesaria la intervención judicial inmediata para que restablezca la situación, ya que de no ser así el daño se haría irreparable. Estos caracteres surgen de los numerales 2 y 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Es la inmediatez una de las claves del amparo. La necesidad de precaver la lesión irreparable proveniente de la amenaza o de la lesión dañosa. Esta inmediatez ha llevado a que la acción de amparo se llame EXTRAORDINARIA.
Por ello, cuando se puede acudir a las vías judiciales ordinarias, sin que la situación a la lesión se haga irreparable, es a éstas vías a las que hay que acudir. Este es el criterio decisivo en la materia. (sic)”

Dicho lo anterior, quien sentencia infiere que el caso bajo análisis encuadra perfectamente en el criterio jurisprudencial anteriormente trascrito, toda vez que el querellante en Amparo denuncia la violación de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 52, 58 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.-

III
DE LA COMPETENCIA

Ahora bien, establecida como ha sido la naturaleza de la Acción de Amparo Constitucional, debe este Sentenciador establecer su competencia para decidir el presente asunto, y en tal sentido nos encontramos que, la presente Acción de Amparo se ha intentado contra la Sociedad Mercantil R. B. INVERSIONES, C.A., en tal sentido el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece:

“Artículo 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriera el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley” (Sic.) (Subrayado del Tribunal).-

En Venezuela todos los Tribunales de la República tienen jurisdicción constitucional, y por tal motivo cualquier Juez de la República tiene que hacer valer la Constitución, como norma suprema ante cualquier acto o amenaza de derecho constitucional a cualquier persona natural o jurídica presente en la República, entonces para la determinación de la competencia de la Acción de Amparo planteada debe tomarse en cuenta la naturaleza misma y las consecuencias de dicha pretensión, pues debe conocer el juez de primera instancia que sea competente con la materia afín según la naturaleza del derecho vulnerado o amenazado de violación.
En el caso bajo estudio la solicitud de protección constitucional fue interpuesta contra la conducta lesiva asumida por la empresa R. B. INVERSIONES, C.A., en consecuencia es competente este Juzgado para conocer de la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, antes citado. Así se establece.-
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, establecida como ha sido la competencia para conocer del presente caso pasa este Sentenciador actuando en sede constitucional a pronunciarse sobre la acción de amparo interpuesta y al respecto observa:
Cumplidas como fueron las formalidades exigidas de Ley, este Tribunal procedió a fijar el día y la hora para la celebración de la Audiencia Oral Pública, la cual se celebró en presencia de la parte presuntamente agraviante la cual estuvo representada por el abogado ERICK HUMBERTO BOSCAN ARRIETA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 80.156, así como en presencia del ciudadano Abg. LUÍS ALVAREZ DOMINGUEZ, en su carácter de Fiscal 84° adscrita a la Dirección en lo Constitucional y Contencioso del Área Metropolitana de Caracas y Vargas. En dicho acto se evidenció que la parte presuntamente agraviada no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno, por tal motivo se le concedió el derecho a palabra a la representación del Fiscal del Ministerio Público, la cual solicitó en dicho acto se declarara terminado el procedimiento, en virtud de la incomparecía por parte del accionante.

Es importante destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de febrero 2000, caso José Amado Mejias y el del 05 de junio del 2002, sentencia 1164, estableció los efectos de la no comparecencia de las partes a la audiencia constitucional, en lo que respecta específicamente a la no comparecencia del accionante de amparo señaló:

“En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso. (…)

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

Asimismo, esta Sala en Sentencia de fecha 2 mayo de 2001, estableció:

“Siendo la oportunidad correspondiente para decidir esta Sala considera necesario advertir que en el proceso de amparo establecido en la sentencia N° 10, del 1° de febrero de 2000, se acordó que el accionante en amparo debe concurrir a la audiencia constitucional y explanar oralmente los motivos en que funda su amparo, ya que el meollo del proceso oral es la audiencia constitucional, no bastando para el accionante la presentación de la solicitud escrita de amparo....omissis...

La audiencia oral no es un inútil formalismo, sino que es la clave del proceso oral que se funda en el principio de inmediación y, es por ello que, las afirmaciones del accionante deben vertirse en la audiencia, para ser escuchadas y controladas no sólo por las partes, sino por el juzgador.

Se desprende entonces, de las decisiones citadas supra que, efectivamente, el efecto de la no comparecencia del presunto agraviante a la audiencia constitucional, produce los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, con respecto a la no comparecencia de la parte presuntamente agraviada, su efecto es la terminación del procedimiento, a no ser que el órgano jurisdiccional considere que los hechos alegados afectan el orden público.

De manera que, quien aquí decide, acogiéndose al criterio señalado en los referidos fallos, y ante la incomparecencia de la parte solicitante del amparo a la audiencia Constitucional celebrada en fecha 26 de agosto de 2010, y por cuanto de los hechos alegados por la parte accionante en el escrito libelar no se desprende vulneración alguna al orden público y a las buenas costumbres; declara terminado el presente procedimiento por abandono del trámite. ASÍ SE DECIDE
La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias. (…)”
…OMISSIS…
En este sentido, debe destacarse que esta Sala Constitucional, en el proceso de Amparo contenido en la sentencia del 1 de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt y otros), estableció los efectos de la no comparecencia de las partes a la audiencia constitucional cuando señaló: ‘La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público (…)

“…La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…)”(Negrillas del Tribunal).

AsÍ las cosas tenemos que el autor FREDDY ZAMBRANO, en su obra “El Procedimiento de Amparo Constitucional” (2003), segunda edición, al tomar en cuenta la incomparecencia de las partes a la audiencia constitucional, manifiesta que si “No comparecen al acto ninguna de las partes: se declara desistido el procedimiento, con las consecuencias establecidas en el numeral anterior”, es decir, queda desistido el recurso, a menos que, se trate de un derecho de eminente orden público o que se afecte las buenas costumbres.

De igual modo, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1524 de fecha 13 de agosto de 2001, caso: B.D. TOX, C.A., precisó:
“…que la audiencia constitucional constituye el momento más importante y esencial del juicio de amparo constitucional, y el Juez con el respaldo probatorio y documental correspondiente, que se consolida en dicho acto, dicta su decisión fundado en lo que expresan las partes en la audiencia oral. Es pues por el carácter esencial de este acto que el mismo debe revestir la formalidad, seriedad y atención del Juez que conozca del proceso. Como consecuencia de lo anterior, es por lo que la no presencia del agraviante en la audiencia oral resulta la aceptación de los hechos, y la no presencia del agraviado resulta el desistimiento del proceso o abandono del trámite…”.

De lo anterior parcialmente transcrito, se desprende que la falta de comparecencia por parte de la presunta agraviada, al acto de celebración de la Audiencia Oral y Pública, en el cual es la oportunidad procesal que tienen las partes para exponer sus alegatos y defensas, y viendo que el efecto a dicho acto produce como consecuencia, es la terminación del procedimiento por abandono de tramite, y por cuanto se dieron cumplimiento a todos los trámites legales relativos y que en la presente causa no se encuentra afectado el orden público, debe forzosamente declarar Terminado el Procedimiento por Abandono de Trámite. Así se decide.
V
DISPOSITIVA

Por las razones y consideraciones que anteceden, este Juzgado Undécimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: Terminado el Procedimiento por Abandono del Trámite por pérdida del interés procesal, en consecuencia, se da por terminado el presente procedimiento.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la acción.
Publíquese y Regístrese.
Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Juzgado, conforme a los artículos 248 y 522 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Undécimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los veinte (20) días del mes de Julio del año Dos Mil Once (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ,

Dr. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
LA SECRETARIA,

Abg. SHIRLEY CARRIZALES.

En esta misma fecha, siendo las 2:28 pm, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

ABG. SHIRLEY CARRIZALES.
Exp. Nro. AP11-O-2012-000039
AEVR/SCM/Eliza