REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 5 de Marzo de 2012 201º y 153º ASUNTO: AH13-V-1997-000015 DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE DEMANDANTE: ciudadano CARMELO LAURICELLA CHARELLI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.004.779 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: MARIO VILLARROEL LANDER, NORKA SIERRAALTA DE VILLARROEL, MORRIS JOSE SIERRAALTA, GUIDO MEJIA, MARIO VILLARROEL SIERRAALTA, AMIR NASSAR Y MIGUEL VILLARROEL, abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 6.097, 6.108, 13.856, 13.983, 55.350, 57.778 Y 66.386, RESPECTIVAMENTE. PARTE DEMANDADA: COMERCIALIZADORA AEROPOLKA S. A. APODERADO DE LA DEMANDADA: Ciudadana GLORIA VIRGINIA AHUMADA, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 26.818 MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Se inició el presente procedimiento por libelo de demanda presentado en fecha 31 de marzo de 1997, ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; sometido a distribución dicho libelo le correspondió su conocimiento a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, contentivo de demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO Consignados como fueron los recaudos, este Juzgado, admitió la demanda en fecha 03 de Junio de 1997, por los tramites del Procedimiento Ordinario, establecido en el artículo 340 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.. Habiendo resultado infructuosas todas las gestiones tendentes a lograr la citación personal de la parte demandada, se acordó a solicitud de la parte accionante la citación por Carteles, mediante auto de fecha 07 de julio de 1997, librándose el Cartel a publicarse en los diarios El Universal y Ultimas Noticias en fecha 22 de Julio de 1997 En fecha 20 de octubre de 1997, comparece el ciudadano Carlos Eduardo Gómez Baldo, en su carácter de Presidente de la empresa demandada y haciéndose asistir se da por citado en nombre de su representada. En la oportunidad de dar contestación a la demanda, consigna la parte demandada escrito de fecha 22 de diciembre de 1997, promoviendo cuestiones previas. Mediante escrito de fecha 22 de Enero de 1998, la parte actora, consigna escrito dando Contestación a las cuestiones previas. En fecha 27 de Noviembre de 2000, este Juzgado procede a dictar sentencia declarando Sin Lugar las cuestiones previas planteadas, ordenándose la notificación de las partes en virtud de haberse dictado el fallo en cuestión fuera del lapso de ley. Mediante auto de fecha19 de diciembre de 2000, se acuerda la notificación mediante boleta de la parte demandada, dejándose constancia en fecha 14 de febrero de 2001, la imposibilidad de practicar la misma. En fecha 1º de marzo de 2012, quien suscribe el presente fallo se Abocó al Conocimiento de la presente causa. Del examen de las actas que conforman el presente expediente y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, este Juzgador observa que desde el 14 de Febrero de 2001, fecha en la que se deja constancia de la imposibilidad de practicar la Notificación de la Sentencia Interlocutoria a la parte demandada, ninguna de la partes han impulsado el juicio a los fines de la continuación de la causa, a objeto de trabar la litis. DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado acerca de la perención, en sentencia Nº 80, de fecha 27 de enero de 2006 en el caso Iván Ramón Luna Vásquez, en los siguientes términos: “…En razón de lo anterior, es necesario concluir lo siguiente: 1. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de la perención de la instancia, ésta ha sido reconocida como una institución eminentemente sancionatoria desde que está predeterminada a la extinción del proceso y a impedir además que pueda demandarse nuevamente hasta que transcurra el lapso de noventa días. 2. Es de naturaleza irrenunciable por las partes, lo cual hace que ocurridos los supuestos objetivos de procedencia, ella opera de pleno derecho sin que se pueda convalidar por acto posterior alguno. 3. El juez puede decretarla de oficio, para lo cual sólo bastará que concurran las circunstancias que regulan la materia…” Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia. En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil….”(Subrayado del Tribunal). Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem lo siguiente: “Artículo 269: La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía de que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir a través de la sentencia o por las llamadas formas de autocomposición procesal, y la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Esta institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para este Juzgado concluir que el supuesto de hecho establecido en el encabezado del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente asunto, por cuanto de las actas procesales se evidencia que desde el 14 de febrero de 2001, hasta la presente fecha, ha trascurrido sobradamente mas de un (1) año sin que la parte accionante realizara ningún acto, ni alguna otra actuación con el objeto impulsar el procedimiento a fin de trabar la litis, razón por la cual juzga que en el expediente se configuró la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA por falta de impulso procesal, lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, con arreglo a lo pautado en el Ordinal 5° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y así finalmente se decide. DE LA DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, cinco (5) de Marzo del año Dos Mil Doce (2012). Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación. EL JUEZ LA SECRETARIA ACC. DR. JUAN CARLOS VARELA AURORA MONTERO B. En la misma fecha, siendo las 03: 19 p.m. se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA ACC. AURORA MONTERO B.