República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas PARTE SOLICITANTE: Nemecio Andrés Urbina y Raquel Alejandrina Cartagena Basalo, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.412.048 y 5.970.080, respectivamente. ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE SOLICITANTE: Carmen Salas, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, titular de la cédula de identidad N° 5.245.805, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 63.402. MOTIVO: Partición y Liquidación Amistosa de la Comunidad Conyugal. En fecha 10.11.2011, se recibió ante la Secretaría de este Tribunal, la solicitud presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos Nemecio Andrés Urbina y Raquel Alejandrina Cartagena Basalo, debidamente asistidos por la abogada Carmen Salas, por medio de la cual peticionan amistosamente la partición de los bienes habidos durante la vigencia del vínculo matrimonial que los unía, contraído por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Petare del Distrito Sucre del Estado Miranda, el día 07.06.1983, según consta en la partida de matrimonio N° 230, el cual fue disuelto por sentencia definitivamente firme dictada en fecha 14.04.2011, por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Acto seguido, el día 14.11.2011, se dictó auto por medio del cual se dio entrada a la solicitud y se instó a la parte solicitante a consignar original o copias certificadas del documento de propiedad del bien inmueble objeto de la partición, cuyo requerimiento fue satisfecho en fecha 28.02.2012. En tal virtud, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la petición formulada por los solicitantes, con base en los razonamientos que se esgrimen a continuación: - I - DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA Los ciudadanos Nemecio Andrés Urbina y Raquel Alejandrina Cartagena Basalo, debidamente asistidos por la abogada Carmen Salas, en el escrito de solicitud se adjudicaron los bienes habidos durante la existencia de la relación conyugal que los unía, de la manera siguiente: “…Nuestro vínculo matrimonial fue disuelto en fecha 14 de abril de 2011 a través de sentencia de divorcio definitivamente firme expedida por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, según riela en expediente No. AP31-S-2011-000208, cuya copia certificada anexamos y marcamos con la letra ‘A’. Ahora bien, cumpliendo con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Código Civil Venezolano, acordamos que la liquidación de la comunidad conyugal, se efectúe de la siguiente forma: Dentro de la misma obtuvimos un bien inmueble constituido por un apartamento distinguido con el No. 13-A, del Edificio Loma Alta – Torre D, el cual forma parte de la Etapa I del Parque Residencial Loma Alta, situado en la Urbanización Mirador del Este, con frente a la Calle Urdaneta y Calle El Morro, en Jurisdicción del Municipio Autónomo Sucre del Estado Miranda, construido sobre una parcela de terreno cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan en el Documento de Condominio General del Parque Residencial Loma Alta, Etapas I y II, y su aclaratoria protocolizados por ante la Oficina Subalterna del Primero (sic) Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 31 de Octubre de 1.985, bajo el No. 16, Protocolo Primero, Tomo 14, y 31 de Mayo de 1.991, bajo el No. 11, Protocolo Primero, Tomo 26, y en el Documento Particular del Parque Residencial Loma Alta, protocolizado en la misma Oficina Subalterna de Registro, el 12 de Agosto de 1.993, bajo el Nro. 18, Protocolo Primero, Tomo 18. El referido apartamento está situado en la planta décima tercera (13) del Edificio, tiene una superficie de ochenta y seis metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (86,54 m2), está integrado por sala-comedor, balcón, cocina, lavadero, pasillo de circulación, habitación principal con baño incorporado, dos (2) dormitorios y una (sic) baño auxiliar, y sus linderos son: Norte: Con fachada norte del Edificio; Sur: Con Apartamento 13-F, pasillo de circulación y fachada interior del Edificio; Este: Fachada Este del Edificio y Oeste: Con Apartamento 13-B y pasillo de circulación. Le corresponde un (1) puesto para estacionamiento de vehículos distinguido con el mismo número del apartamento, situado conforme lo establece el Documento General de Condominio del Parque Residencial Loma Alta, Etapas I y II, ya citado, el cual formará parte integrante del apartamento. Al inmueble descrito le corresponde un porcentaje de condominio de cero entero un mil seiscientas trece diezmilésimas por ciento (0,1613%) sobre las cargas y derechos de la comunidad de la Torre ‘D’. El referido inmueble está libre de todo gravamen y medidas y nada adeuda por concepto de Impuestos Nacionales ni Municipales y nos pertenece según se evidencia del documento debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, Baruta, de fecha 02 de marzo de 1995, anotado bajo el No. 5, Tomo 33, Protocolo Primero y del cual anexamos en copia simple marcado ‘B’. Ahora bien, hemos decidido en liquidar nuestra comunidad de gananciales, la cual versa sobre el inmueble antes descrito de la siguiente forma: El ciudadano Nemecio Andrés Urbina, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-6.412.0148, (sic) cede a través de la presente solicitud, a la ciudadana Raquel Alejandrina Cartagena Basalo, mayor de edad, venezolana, divorciada y titular de la cédula de identidad No. V-5.970.080, el cincuenta por ciento (50%) que le corresponden sobre los derechos de propiedad del mismo. Consecuencialmente las partes solicitantes declaran que no tienen nada que reclamarse y declaran estar conformes con esta solicitud. Solicitamos al ciudadano Juez, se sirva admitir la presente solicitud de liquidación de comunidad conyugal e impartir su homologación…”. - II - DE LA COMPETENCIA Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes: La competencia consiste en la distribución del poder jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3° y 4° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso. En tal sentido, el artículo 3° de la Resolución N° 2009-0006, dictada en fecha 18.03.2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: “Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en material civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, por lo que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa. Así se declara. - III - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Plateada en estos términos la presente solicitud, procede de seguida este Tribunal a pronunciarse respecto a la partición amistosa celebrada entre las partes, previas las consideraciones siguientes: El Matrimonio puede ser considerado como una unión entre un hombre y una mujer que cuenta con un reconocimiento social, cultural y jurídico, ya que tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar, aunque también para proporcionar un marco de protección mutua o de protección tanto jurídica como económica y emocional de la descendencia. Produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son las obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos sucesorales y el régimen económico, que encuentran en el Código Civil y demás leyes aplicables su reglamentación. En conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Civil, el matrimonio se disuelve por dos (02) razones fundamentales, las cuales son: a) Por la muerte, debido que ante la desaparición física de uno de los esposos, el vínculo entre ambos deja de existir y de producir efectos jurídicos válidos. b) Por el divorcio, que es el medio utilizado como procedimiento especial destinado a lograr el cese de la relación conyugal. Así pues, el divorcio es la separación y ruptura del matrimonio que se encuentra constituido legalmente entre un hombre y una mujer, la cual puede darse por una causal citada en la ley, que al ser puesta en consideración ante el juez competente en lo civil, tendrá la facultad de declarar disuelto el vínculo matrimonial, mediante sentencia judicial, en donde también se definirá todo lo que haya producido ese matrimonio, facultando además a los cónyuges a contraer nuevo matrimonio luego de pasado el tiempo que establece la ley, así como a liquidar la comunidad de gananciales. Cuando la pareja decide llegar a un acuerdo previo al matrimonio para regular su patrimonio dentro de la vida conyugal, se habla de Capitulaciones Matrimoniales, caso contrario, si no es llevado a cabo este procedimiento, la ley procura un régimen supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales. Las Capitulaciones Matrimoniales son acuerdos que realiza la pareja próxima a casarse para determinar el tratamiento que será aplicado a sus bienes patrimoniales durante la existencia del matrimonio, las cuales se caracterizan por ser: i) Bilaterales, debido a que son realizados por los contrayentes; ii) Accesorias, puesto que no podrán celebrarse de manera independiente al matrimonio, toda vez que si éste no llega a realizarse o es declarado nulo, las capitulaciones no surten efecto alguno; iii) Solemnes, debido a que su instrumentación y debida ejecución requiere del cumplimiento de determinadas formalidades establecidas en la ley; iv) Personalísimas, pues son llevadas a cabo exclusivamente por los contrayentes; v) Inapelablemente anteriores al Matrimonio, ya que deben ser pactadas previa a la celebración del matrimonio; vi) Inmutables, por cuanto no pueden modificarse después de verificarse el casamiento civil. Por otro lado, se encuentra el régimen legal supletorio denominado Comunidad Limitada de Gananciales, que entra en escena cuando los futuros cónyuges no ejercen el derecho que les otorga la ley para elegir su régimen patrimonial matrimonial, supliendo el vacío que podría causar esa falta de escogencia. El artículo 148 del Código Civil, establece: “Artículo 148.- Entre marido y mujer, si no hubiere convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”. Por su parte, el artículo 149 ejúsdem, expresa: “Artículo 149.- Esta comunidad de los bienes gananciales comienza precisamente el día de la celebración del matrimonio; cualquiera estipulación contraria será nula”. Entre tanto, el artículo 156 ibídem, prevé: “Artículo 156.- Son bienes de la comunidad: 1. Los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio, a costa del caudal común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges. 2. Los obtenido por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges. 3. Los frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges”. Así, la Comunidad Limitada de Gananciales puede definirse como un género de comunidad restringida, constituido por la propiedad compartida de un conjunto de bienes, que se consideran comunes a ambos cónyuges, representados por las ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el matrimonio, manteniendo esa propiedad al margen de la existencia de bienes propios de cada esposo y se extingue por las causas taxativamente establecidas en la ley. Al respecto, el artículo 173 del Código Civil, contempla: “Artículo 173.- La comunidad de los bienes en el matrimonio se extingue por el hecho de disolverse éste o cuando se le declare nulo. En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe no tendrá parte en los gananciales. Si hubiera mala fe de parte de ambos cónyuges, los gananciales corresponderán a los hijos, y sólo en defecto de éstos a los contrayentes. También se disuelve la comunidad por la ausencia declarada y por la quiebra de uno de los cónyuges y por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por este Código. Toda disolución y liquidación voluntaria es nula, salvo lo dispuesto en el artículo 190”. El anterior precepto legal preceptúa las causas de extinción de la comunidad de bienes, cuando precisa que la misma se extingue: 1) Por la disolución del vínculo conyugal. 2) Por la anulación del matrimonio. 3) Por la ausencia declarada de uno de los cónyuges. 4) Por la quiebra de uno de los cónyuges. 5) Por la separación judicial de bienes, en los casos autorizados por la ley. Ahora bien, el vínculo matrimonial contraído entre los solicitantes por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Petare del Distrito Sucre del Estado Miranda, el día 07.06.1983, según consta en la partida de matrimonio N° 230, fue disuelto por sentencia definitivamente firme dictada en fecha 14.04.2011, por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en el artículo 185-A del Código Civil. En tal sentido, el artículo 186 ejúsdem, puntualiza: “Artículo 186.- Ejecutoria la sentencia que declaró el divorcio, queda disuelto el matrimonio, y cesará la comunidad entre los cónyuges y se procederá a liquidarla. Las partes podrán contraer libremente nuevo matrimonio observándose lo dispuesto en el artículo 57”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En atención a la anterior disposición jurídica, la comunidad de bienes cesa una vez ejecutoriada la sentencia que disuelve el matrimonio y por tanto, a partir de ese momento podrán las partes liquidarla por medio de demanda principal o por convenio de partes. El artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, consagra: “Artículo 788.- Lo dispuesto en este Capítulo no coarta el derecho que tienen los interesados para practicar amigablemente la partición; pero si entre los interesados hubieres menores, entredichos o inhabilitados, será necesaria la aprobación del Tribunal competente, según el Código Civil y las leyes especiales”. El anterior precepto legal faculta a toda persona que se encuentre en comunidad de bienes con otra a practicar amigablemente la partición de los mismos, mediante la presentación del escrito que contendrá el acuerdo de voluntades ante la autoridad judicial competente, quien lo aprobará si no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. Tal acuerdo de voluntades realizado por las partes con ocasión a la liquidación de la comunidad de gananciales constituye un contrato, el cual es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, según lo dispuesto en el artículo 1.133 del Código Civil. En este contexto, el Dr. José Melich Orsini, en su obra “Doctrina General del Contrato”, apunta que el contrato es, pues, un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no sólo es eficaz en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal (de contenido patrimonial o extra-patrimonial) entre las partes, esto es, derechos de créditos (lo que se llama eficacia personal del contrato), sino que también puede afectar el estado de los derechos reales (la llamada eficacia real del contrato). El artículo 1.713 ejúsdem, define: “Artículo 1.713.- La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) Por su parte, el artículo 1.718 ejúsdem, dispone: “Artículo 1.718.- La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”. En lo que se refiere a la transacción, el procesalista Jaime Guasp, expresa que “…es un verdadero negocio jurídico, puesto que se compone de declaraciones de voluntad privadas que tienden a producir inmediatamente efectos de tal carácter. Y puesto que las declaraciones de voluntad no aparecen la una al lado de la otra, sino la una frente a la otra, puede hablarse de la transacción como de un contrato…”. (Guasp, Jaime. Compendio de Derecho Procesal Civil. Tomo I, página 499) En lo que respecta a la necesidad de homologación del contrato transaccional para que éste adquiera ejecutoriedad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2212, dictada en fecha 09.11.2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, expediente Nº 00-0062, caso: Agustín Rafael Hernández Fuentes, precisó lo siguiente: “…De acuerdo a la doctrina expresada por la Sala, los efectos procesales de la transacción referidos a su ejecutoriedad, no se producen sino a partir de su homologación, por lo que en ausencia de ésta no es posible obtener su cumplimiento. Es claro que la falta de homologación de la transacción no afecta la validez de ésta como contrato, sino su ejecutoriedad, es decir, la posibilidad de ejecutar inmediatamente lo acordado, sin la cual, no es susceptible de ejecución y, por lo tanto, carece de eficacia con respecto a las relaciones jurídicas surgidas como consecuencia de las recíprocas concesiones realizadas por las partes. En suma, la homologación es la confirmación judicial de determinados actos de las partes (en el caso de autos la transacción), para la debida constancia y eficacia, de modo que su ejecutoriedad depende de dicha confirmación…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal) En vista de lo anterior, estima este Tribunal que los solicitantes demostraron la disolución del vínculo matrimonial que los unía, conforme se evidencia de las copias certificadas de la sentencia que declaró el divorcio, así como la capacidad requerida para disponer del bien inmueble objeto de la liquidación, según se desprende de las copias certificadas del documento de propiedad que así lo acredita, razón por la que habiéndose corroborado además que el convenio celebrado amistosamente por los peticionantes no versa sobre materias en las cuales estén prohibidas las transacciones, es por lo que debe procederse a su aprobación, en atención a los términos propuestos. Así se declara. - IV - DECISIÓN En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, imparte la HOMOLOGACIÓN a la solicitud de Partición y Liquidación Amistosa de la Comunidad Conyugal, presentada por los ciudadanos Nemecio Andrés Urbina y Raquel Alejandrina Cartagena Basalo, debidamente asistidos por la abogada Carmen Salas, en los mismos términos por ellos expuestos en el convenio explanado en el escrito de solicitud que encabeza las presentes actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.713 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en aplicación de lo previsto en el artículo 1.718 del Código Civil. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil doce (2.012).- Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación. El Juez Titular, César Luis González Prato La Secretaria Accidental, Xiomara Margarita García Delgado En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo la una y veinte de la tarde (1:20 p.m.). La Secretaria Accidental, Xiomara Margarita García Delgado CLGP.- Exp. N° AP31-S-2011-010646