REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 18 de Mayo de 2012 202º y 153º ASUNTO: AP11-V-2010-000466 PARTE ACTORA: ciudadano RAFAEL AUGUSTO DABOIN PÉREZ , venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-15.147.216. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: LUIS FRANCISCO MELÉNDEZ MARTÍNEZ y NORWILL LARA, venezolanos, mayores de edad, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 124.049 y 136.650, respectivamente.- PARTE DEMANDADA: ciudadano TOMÁS SEBASTIAN REYES BACALLADO, venezolano, de profesión comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-11.225.061, domiciliado en la Urbanización El Castaño, Villa El Castaño, Casa N° 16, en la ciudad de Maracay – Estado Aragua. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.- - I - SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA Se inició el presente proceso a través del libelo de demanda constante de cuatro (04) folios útiles y los recaudos que lo acompañan, los cuales fueron presentados el 27 de mayo de 2010, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; por el abogado LUÍS FRANCISCO MELÉNDEZ MARTÍNEZ, quien en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL AUGUSTO DABOIN PÉREZ, procedió a demandar por DAÑO MORAL al ciudadano TOMÁS SEBASTIAN REYES BACALLADO.- Habiendo correspondido el conocimiento de la presente causa a este Juzgado, previa distribución, fue admitida la pretensión por auto de fecha 3 de junio de 2010, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada a fin que compareciera por ante este Tribunal dentro de los veinte días de despachos siguientes, más dos (02) que se le conceden como término de la distancia que correrán con prelación al anterior, una vez conste en autos su citación, dentro de las horas de despacho a fin de dar contestación a la demanda, instándose a la parte actora a consignar los fotostatos respectivos a fin de elaborar la compulsa respectiva, asimismo se libró despacho de comisión al Juzgado distribuidor del Municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (con sede en Maracay).- Mediante diligencia presentada en fecha 4 de junio de 2010, la representación judicial de la parte actora, consignó los fotostatos para la elaboración de la compulsa, librándose al efecto la misma, en fecha 7 de junio de 2010, adjunto al despacho de comisión, mediante oficio Nº 218-2010, dirigido al Juzgado Distribuidor del Municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (con sede en Maracay).- Posteriormente, en fecha, 08 de agosto de 2011, el apoderado actor, dejó constancia de haber retirado despacho de comisión, compulsa y oficio, a los fines de practicar la notificación de la demandada.- Finalmente, por auto dictado en esta misma fecha se agregó oficio Nº: 608-12 proveniente del Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, contentivo de las resultas de comisión sin cumplir constante de quince folios útiles.- - II - MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR En el caso bajo estudio, se evidencia de las actas que conforman el presente expediente, que desde el día 7 de junio de 2010, fecha en al cual se libró Oficio Nº 218-2010, dirigido al Juzgado Distribuidor del Municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (con sede en Maracay), contentivo del despacho de comisión a efectos de la práctica de la citación de la parte demandada, hasta el 08 de agosto de 2011, oportunidad en la cual compareció la representación actora, retirando el mencionado despacho de comisión, compulsa y oficio librados, transcurrió holgadamente el lapso de perención establecido en la norma civil adjetiva, es decir, que durante más de un año, no hubo constancia a los autos de este expediente de la que se haya verificado diligencia alguna dirigida a impulsar la citación de la parte demandada, para la continuación del proceso o impulso del mismo, con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual evidencia inactividad por parte de la actora; en tal sentido, señala el artículo 267 del referido Código lo siguiente: “...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez, después de vista la causa, no producirá la perención.” Por su parte, la norma contenida en el artículo 269 ejusdem, establece lo que sigue: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. (subrayado de este fallo). De las disposiciones precedentemente transcritas, esta Juzgadora observa que la perención se consuma una vez que se dan los supuestos establecidos taxativamente en la norma que prevé el artículo 267 ejusdem, antes citado, sin necesidad que ocurra alguna otra circunstancia o que sea alegada por alguna de las partes. Por su parte, el tratadista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido en este sentido que un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por la no realización de actos de impulso procesal, y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso; y, por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 211 de fecha 21 de junio del año 2.000, expresó: “...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...”. Es así como la misma Sala, en la sentencia Nº 156 de fecha 10 de agosto de 2000, estableció que: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”. Igualmente, la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, ha establecido lo siguiente: “…la perención de la instancia es un medio de extinción del proceso que opera como sanción a la inactividad de las partes en la realización de los actos procesales tendentes a impulsar el proceso, a fin de evitar que éste se convierta en una litis interminable cuya decisión definitiva resulte ineficaz.- De tal modo, que el decreto de perención de la instancia no ataca en modo alguno la pretensión que originó el proceso extinguido ni las decisiones dictadas en el mismo, así como tampoco las pruebas promovidos por las partes.- “… En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verificara de derecho, la que no es renunciable por las partes.- “…La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho.- Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió.- El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.- Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Sala Constitucional. S.n. 956 de 01-06-2001. Caso: Valero Portillo. Exp. N. 00-1491.- Sala Constitucional. S.n. 137 de 09-02-2001. Caso: Cadenas de Tiendas Venezolanas, Cativen, s.a. (Cada). Exp. N. 1626.- Conforme a la norma y a las jurisprudencias antes parcialmente transcritas y con vista a la situación planteada en autos, el Tribunal debe forzosamente considerar que ha habido una inactividad del proceso de más de un (1) año, situación ésta que conlleva forzosamente a que opere de pleno Derecho la Perención de la Instancia. ASÍ SE DECIDE.- En conclusión de todo lo antes expuesto, resulta forzoso a este Despacho Judicial declarar PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, con fundamento en lo previsto en el articulado arriba citado. ASÍ SE DECIDE.- -III- DECISIÓN Como consecuencia de los elementos de hechos y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión contenida en la demanda por DAÑO MORAL incoara el ciudadano RAFAEL AUGUSTO DABOIN PÉREZ, contra el ciudadano TOMÁS SEBASTIAN REYES BACALLADO, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso. Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas. En la ciudad de Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. LA JUEZ, CAROLINA GARCÍA CEDEÑO LA SECRETARIA, JENNY LABORA ZAMBRANO En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (3:25 p.m.), previa las formalidades de Ley.- LA SECRETARIA, JENNY LABORA ZAMBRANO ASUNTO: N° AP11-V-2010-000466 INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.