REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS EN FUNCION ITINERANTE DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Años 202° y 153º PARTE DEMANDANTE: ciudadanas CARMEN GIL PAIVA BELISARIO y MARIA TERESA PAIVA BELISARIO, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de las cédulas de identidad Nº 4.284.068 y 5.226.502. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Abogado VICENTE RAFAEL BLANCO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 37.615. PARTE DEMANDADA: LUIS ANTONIO FLORES, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Caserío El Guapo del Estado Miranda, titular de la cédula de identidad Nº S/N. DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Abogado ELEONORA IZAGUIRRE VIVAS, venezolana, mayor de edad, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 23.053. MOTIVO: ACCION REIVINDICATORIA. EXPEDIENTE Nº: (AH13-V-1991-000002 CAUSA) (12-0013 ITINERANTE). SINTESIS DEL PROCESO Se inicia el presente proceso por ACCION REIVINDICATORIA incoada por el ciudadano ANTONIO ABAD SANDOVAL ABREU, apoderado general de las ciudadanas CARMEN GIL PAIVA BELISARIO y MARIA TERESA PAIVA BELISARIO, en contra del ciudadano LUIS ANTONIO FLORES, la cual fue debidamente admitida en fecha 20 de Mayo de 1991, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. En esta misma fecha se libró la compulsa. En fecha 27 de Junio de 1991, compareció el Alguacil del Tribunal y, mediante diligencia dejó constancia que no pudo encontrar a la parte demandada y consignó el recibo de citación y la compulsa. En esta misma fecha, compareció el ciudadano ANTONIO ABAD SANDOVAL, asistido por el abogado VICENTE RAFAEL BLANCO y solicitó la citación por cartel de la parte demandada. En fecha 06 de Agosto de 1991, El Tribunal, libró los carteles de citación. En fecha 28 de Noviembre de 1991, la parte actora solicitó el nombramiento del Defensor Ad Litem para la parte demandada, en virtud de que la misma no compareció a darse por citada. En fecha 13 de Enero de 1992, El Tribunal, de conformidad con lo establecido el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, designó a la abogada Eleonora Izaguirre como defensor judicial de la parte demandada, y acordó su notificación. En fecha 29 de Enero de 1992, compareció la abogada Eleonora Izaguirre Vivas, dándose por notificada del presente juicio y, mediante diligencia de fecha 03 de Febrero de 1992, aceptó el cargo que le fue conferido. En fecha 26 de Febrero de 1992, la parte actora mediante diligencia solicitó la citación del Defensor Ad Litem designado. Por auto de fecha 23 de Abril de 1992, se acordó la citación de la Defensora Judicial para que compareciera dentro de los veinte días de despacho siguientes para la contestación de la demanda. En fecha 27 de Abril de 1992, compareció la abogada Eleonora Izaguirre Vivas, dándose por citada en nombre de la parte demandada. En fecha 01 de Junio de 1992, compareció la Defensora Judicial de la parte demandada para dar contestación al fondo de la demanda, quien negó, rechazó y contradijo tanto en el derecho como en los hechos la acción propuesta. Asimismo dejó constancia de la imposibilidad de la localización del demandado. En fecha 22 de Junio de 1992, la parte actor promovió el mérito favorable de los autos. Mediante diligencia de fecha 13 de Abril de 1994, la parte actora solicitó sentencia, siendo ésta la última actuación de las partes en el presente proceso. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al instituto procesal que se ha denominado “extinción o decaimiento de la acción”. En tal sentido, ha establecido la Sala Constitucional en sentencia Nº 956 del 1 de junio de 2001 (Caso: Fran Valero González), lo siguiente: “La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que le sentencien, por ello ni incoa un amparo a este fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella siga vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación? A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de ocurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. (…) De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado en término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción.” De otra parte, observa este Tribunal que la pretensión deducida por el accionante se refiere propiamente a una acción real, específicamente una acción reivindicatoria. Vale decir, que el derecho controvertido está sometido al lapso de prescripción, establecido en el artículo 1.977 que literalmente establece: “Artículo 1977.- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley. De los razonamientos precedentes expuestos, concluye este Juzgador que este proceso ha decaído el interés del accionante, lo que se pone de manifiesto tras apreciar su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción del derecho deducido, y así se decide. DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DECAIDA LA ACCIÓN que originó este proceso judicial. Por aplicación analógica de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, notifíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en Función Itinerante de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de Mayo de dos mil doce (2012).- EL JUEZ, CESAR HUMBERTO BELLO EL SECRETARIO. ENRIQUE GUERRA En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las tres y cinco de la tarde (03:05 pm).- EL SECRETARIO, ENRIQUE GUERRA Exp. 12-0013 (Itinerante) Exp. AH13-V-1991-000002 CHB/EG/.