REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

EXP. N° 8726.
PRETENSIÓN: “CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DE LA PRÓRROGA LEGAL”•.
DECISIÓN APELADA: SENTENCIA DEL 29/02/2012, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
“VISTOS” CON SUS ANTECEDENTES.
-I-
-DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS-
PARTE DEMANDANTE: Constituida por la Sociedad Mercantil “SAYRENT ADMINISTRADORA DE INMUEBLES, C.A.”, de este domicilio e inscrita por ante el registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (Hoy día Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en ese orden de mención), en fecha 15 de mayo de 2003, bajo el Nº 71, Tomo 25-A-Cto. Representada en este proceso por los abogados: Ricardo Sayegh Allup, María Josefina Piol Puppio, Enrique Sabal Arizcuren, Jaime Sabal Arizcuren, Maricarmen Cianciarulo Millán, María Alejandra Llovera Ascanio y Víctor Pinares, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 46.55 (Sic), 26.729, 37.716, 73.898, 66.621 y 111.952, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Constituida por la Sociedad Mercantil “JMD PRODUCCIONES, C.A.”, de este domicilio e inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (Hoy día como quedó escrito), en fecha 1º de junio de 2009, bajo el Nº 18, Tomo 82-A-Cto. No consta en este Cuaderno de Medidas que la referida empresa tenga constituido apoderado judicial en la causa.
-II-
-DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA-
Conoce la presente causa este Juzgado Superior, en virtud de la apelación interpuesta en fecha 12 de marzo de 2011 (F.24), por el abogado Víctor Pinares, co-apoderado de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 29 de febrero de 2012 (F.19-22), por el Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró, en síntesis, lo siguiente:

(Sic) “…(Omissis)…” …Para decidir se observa que el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece:

“…Omissis…”

(…)…Para que una medida cautelar sea procedente, es necesario que se cumplan dos requisitos necesarios y concurrentes, estos son la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la presunción de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).

“…Omissis…”

(…)…En el caso bajo estudio, observa quien juzga que de la revisión efectuada a los recaudos acompañados al libelo de demanda, no se presumen cumplidos los extremos citados, sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia y sin perjuicios de dichos extremos puedan ser declarados procedentes o no en la definitiva, pues las medidas se otorgan en virtud de una presunción y de manera eventual, hasta tanto sea dictado el fallo que resuelve el fondo de la controversia; toda vez que no se desprende de la lectura del libelo de demanda y de los recaudos acompañados la existencia de una presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo, por ello es forzoso concluir que la petición de la actora en este sentido no debe prosperar en tal sentido. ASÍ SE DECIDE.

En consideración a lo anteriormente expresado se NIEGA LA SOLICITUD DE MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada por la parte actora. ASÍ SE DECIDE…” (…). (Fin de la cita textual).

Todo ello en el juicio que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento por Vencimiento de la Prórroga Legal intentara la Sociedad Mercantil Sayrent Administradora de Inmuebles, C.A., contra la empresa JMD Producciones, C.A.; ambas partes plenamente identificadas al inicio de este fallo.
Cumplidos como fueron los trámites administrativos de distribución de expedientes fue asignada a esta Alzada el conocimiento de la presente causa, a la que se le dio entrada el 09 de abril de 2012 (F.35-39), fijándose el lapso a que se contrae el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, para dictar sentencia.
Siendo la oportunidad para decidir, se observa:
-III-
-PUNTO PREVIO ÚNICO-
-SOBRE LA APLICABILIDAD, AL PRESENTE ASUNTO, DE LA RESOLUCIÓN Nº. 2009-00006, EMITIDA EL 28 DE MARZO DE 2009 POR LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, A TRAVÉS DE LA CUAL MODIFICÓ LA CUANTÍA ESTABLECIDA, ENTRE OTRAS NORMAS, EN EL ARTÍCULO 891 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, FIJÁNDOLA EN LA CANTIDAD DE 500 UNIDADES TRIBUTARIAS, A LOS FINES DE ACCEDER AL RECURSO DE APELACIÓN EN LAS CAUSAS TRAMITADAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO BREVE, CUAL ES EL CASO DE LOS JUICIOS INCOADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS-
El presente asunto sube a este Juzgado Superior, en virtud de la apelación interpuesta por el abogado víctor Pinares, con el carácter indicado, contra la sentencia dictada por el a-quo en fecha 29 de febrero de 2012 (F.19-22), parcialmente transcrita, mediante la cual (Sic) “…NIEGA LA SOLICITUD DE MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada por la parte actora…” (…), ya que -a su decir- en este caso no se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para su procedencia.
Así, de la lectura pormenorizada e individualizada que efectuó este Juzgador de las actas procesales que integran al presente expediente, se pudo observar que la pretensión propuesta por los actores, se contrae a obtener la entrega del bien inmueble objeto de litis, constituido por un local comercial signado con el Nº 5, que forma parte del inmueble denominado MINICENTRO RICK´S, situado en la Calle Paris, Edificio Alcalá, Urbanización Las Mercedes, jurisdicción del Municipio Baruta, Estado Miranda; así como, reclaman el pago de la cantidad de Bs.F. 150,00, diarios, como cantidad adicional, a la de cancelar el canon de arrendamiento de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2011, por daños y perjuicios, por cada día de retraso en la entrega del referido bien por parte de la empresa accionada. Todo ello fundado en un presunto vencimiento de la Prórroga Legal en el Contrato de Arrendamiento -privado- que suscribieran las partes en fecha 16 de octubre de 2009.
Ahora bien, este Tribunal de Alzada, previo a cualquier otra consideración, trae a colación lo referente a la posibilidad de reexaminar la admisibilidad de la apelación que tienen los Jueces Superiores y al efecto considera lo siguiente:
El destacado jurista Román J. Duque Corredor, en su obra “APUNTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINARIO”, Tomo I, Ediciones Fundación Projusticia, Caracas 1999, en relación a los poderes del Juez Superior, señaló lo siguiente:

(Sic) “El Juez ad quen en su sentencia puede volver a reexaminar la admisibilidad de la apelación, aunque las partes no se lo soliciten, porque la decisión del juez a quo no lo compromete. Es de la esencia de su competencia la cuestión de la admisibilidad de la apelación. Igual puede decirse respecto de la admisibilidad de la adhesión a la apelación, puesto que este recurso accesorio se ejerce ante el Juez Superior, desde que éste recibe el expediente hasta el acto de Informes, y porque su sentencia comprende ambos recursos (artículos 301 y 303).

Por su parte, el autor Ricardo Henríquez la Roche en su obra “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, Tomo II, Ediciones Liber, Caracas-Venezuela, 2006, Pág. 445, amplia la anterior tesis, agregando:

(Sic) “El juez de alzada tiene la reserva legal oficiosa para revisar el pronunciamiento sobre la admisibilidad, en forma que aunque la contraparte nada alegue al respecto, puede denunciar de oficio la admisibilidad del recuso por ilegalidad del apelante, intempestividad o informalidad, de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior…”

En el mismo tenor, asentó la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 02 de junio de 1993, expediente Nº. 92-0724, juicio de Manuel José Sanz Urrutia Vs., Inversiones Santa Rita, C.A., bajo la ponencia del Magistrado Rafael J. Alfonso Guzmán, cuando dejó establecido:

(Sic) “…Según Vescovi, en materia de los recursos ordinarios y extraordinarios rige el principio de “reserva legal” y la “regla de orden público”. Por tanto, el Juez Superior y la propia Sala pueden de oficio reexaminar la admisibilidad del recurso ordinario de apelación y el extraordinario de casación, porque ésta es una cuestión de derecho que tiene influencia sobre el mérito del proceso, ya que si el recurso de apelación fue ejercido extemporáneamente, el Juez Superior carecería de atribuciones y competencia para entrar a resolver sobre el fondo mismo del litigio, como lo ha sostenido la Sala en decisiones de fecha 01 de agosto de 1991 y 18 de febrero de 1992…” (…).

En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº. 194, de fecha 14 de junio de 2000, bajo la ponencia del Magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez, señaló:

(Sic) “…La jurisprudencia reiterada de la Sala enseña que, en materia de recursos ordinarios y extraordinarios, rige el principio de “reserva legal” y la “regla de orden público”, por lo que, tanto el Juez Superior como el propio Tribunal Supremo, respectivamente, pueden de oficio reexaminar la admisibilidad del recurso ordinario de apelación y el extraordinario de casación, porque ésta es una cuestión de derecho que tiene influencia sobre el mérito del proceso…” (…).

Basándose en la tesis procesal y jurisprudencial transcrita y haciendo uso de la facultad plena e ilimitada que tienen los Jueces de Alzada para reexaminar, de oficio, si se han cumplido los extremos que condicionan la admisibilidad de la apelación, reitera este Superior que el presente caso se encuentra referido a un juicio de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento por Vencimiento de la Prórroga Legal, por ende el mismo debe sustanciarse y sentenciarse conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.845 de fecha Martes, 07 de diciembre de 1999, y al procedimiento previsto en el Libro IV, Titulo XII, del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía, según lo previsto en el artículo 33 de la referida Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Así tenemos que el artículo 891 del Código de procedimiento Civil, dispone:

Art.891.C.P.C. “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares”.

De la norma transcrita se desprende que para que sea concedida la apelación contra la sentencia que se dicte en el procedimiento breve, es necesario que ocurran dos elementos en forma concurrente: i) que se realice en tiempo hábil, y, ii) que la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares. En tal sentido, resulta conveniente señalar que la Resolución Nº. 2009-0006 del 18 de marzo de 2009, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.153 del 02 de abril de 2009, fijó las cantidades señaladas en bolívares en los artículos 881 y 891 del Código de Procedimiento Civil, en Unidades Tributarias, al establecer lo siguiente:

(Sic) “…Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.)…” (Negrillas y subrayado de este Juzgado Superior Noveno).

De igual forma quedó establecido en el artículo 5 de la mencionada Resolución, que la misma entraría en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, desde el 02 de abril de 2009.
En el caso bajo estudio, se observa que la demanda fue interpuesta en fecha 08 de diciembre de 2011 (F.7 Vto.), por lo que resulta aplicable la citada Resolución.
Asimismo, tenemos que en el escrito libelar que diera inicio al presente proceso, la representación judicial de la parte actora, en lo referente a la estimación de la demanda, señaló: (Sic) “…De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, estimo la presente demanda en la suma de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. Bs. 22.400,00) que equivale a DOSCIENTAS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES UNIDADES TRIBUTARIAS (294,73 u.t.)…” (Resaltado de este Juzgado Superior Noveno).
Es decir, que la cuantía de la demanda fue establecida en el libelo en la cantidad Bs.F. 22.400,00, equivalente a 294,73 Unidades Tributarias, a razón de 76,00, cada una. Todo lo cual, se hizo, tomando en consideración que para la fecha de interposición de la demanda (08/12/2011), la Unidad Tributaria había sido ajustada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (S.E.N.I.A.T), según Gaceta Oficial Nº 39.623 del 25 de febrero de 2011, en la cantidad de 76,00 Bs.F. cada una.
Precisamente, siendo que la cuantía de la presente causa es inferior a 500 Unidades Tributarias, es por lo que el recurso de apelación ejercido por la parte actora en la presente causa y erróneamente admitido por el Juzgado a-quo, resulta inadmisible por cuanto no supera la cuantía establecida en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil y en la Resolución Nº. 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, para la admisión de la apelación y así será declarado de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo.
A mayor abundamiento, vale la pena observar sentencia de fecha 09 de julio de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, en donde en un caso similar al de autos, se dejó sentado -en un procedimiento de Revisión de Sentencia- lo siguiente:

(Sic) “…(Omissis)…” …En el caso de autos, la solicitante estimó que la sentencia cuya revisión pretende, contravino su derecho a la defensa y al proceso debido, “en virtud de la no implementación del principio de la doble instancia y en la errónea aplicación de una resolución administrativa en detrimento de las normas de una Ley, cuyo principio rector es que la mayoría de las mismas son de orden público absoluto”.

Por su parte, el fallo cuestionado realizó un detallado análisis de las normas procesales que, en torno a la cuantía, resultaban aplicables a la demanda interpuesta por la peticionaria, particularmente, la resolución Nº. 2009-0006, emitida el 28 de marzo de 2009 por la Sala Plena de este Máximo Juzgado que, en ejercicio de las funciones que le atribuyen los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (como órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 267 de la Carta Magna), modificó la cuantía establecida, entre otras normas, en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, fijándola en la cantidad de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) a los fines de acceder al recurso de apelación en las causas tramitadas conforme al procedimiento breve, cual es el caso de los juicios incoados de conformidad con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Así las cosas, el veredicto cuya revisión se pretende, señaló que -al haberse interpuesto la demanda el 12 de mayo de 2009, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada resolución de carácter normativo- la apelación propuesta por la peticionaria debía ser reputada inadmisible y, en consecuencia, que no había lugar al recurso de hecho propuesto por la actora.

Como se podrá notar, la solicitante pretende hacer ver que el órgano jurisdiccional cuyo fallo fue delatado otorgó primacía al contenido de una disposición “reglamentaria” que, a su juicio, contraría el principio procesal de la doble instancia; no obstante que -según se ha determinado arriba- lo cierto es que el fallo que pretende enervarse se ciñó inobjetablemente a los criterios de cuantía que, en ejercicio de sus legítimas atribuciones, definió la Sala Plena de este Alto Tribunal.

De lo dicho hasta ahora, se tiene que la sentencia cuya revisión se pretende no derivan crasas infracciones a los principios fundamentales que inspiran nuestro ordenamiento constitucional o de la doctrina vinculante emanada de esta Sala; motivo por el cual la solicitud objeto de estas actuaciones debe ser declarada que no ha lugar. Así se declara…” (…). (Subrayado y negrillas de este Juzgado Superior Noveno).

No obstante ante la declaratoria que antecede, esta Alzada insta a la Juez del Juzgado Tercero de Municipio de esta Circunscripción Judicial, para que en lo sucesivo, de estricto cumplimiento y atienda con empeño lo ordenado en la Resolución N° 2009-0006, proferida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de la que ya se ha hecho referencia en este fallo, en el sentido que realice interpretaciones que vayan en favor de la celeridad y la expedita administración de la justicia, ello con el fin de evitar desgastes jurisdiccionales innecesarios.
-IV-
-DISPOSITIVO-
En consideración a los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal de Alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
PRIMERO: INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado Víctor Pinares, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 29 de febrero de 2012 (F.19-22), por el Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
SEGUNDO: Como consecuencia del anterior particular, SE REVOCA el auto dictado por el citado Juzgado de fecha 13 de marzo de 2012, que cursa al folio 25, del presente expediente en apelación, a través del cual oye en ambos efectos la apelación ejercida en la presente causa.
TERCERO: Dada la naturaleza del fallo que aquí se dicta, no se hace especial condenatoria en costas.
-V-
-PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, al segundo (2º) día del mes de mayo del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
EL JUEZ,

CÉSAR DOMÍNGUEZ AGOSTINI.
LA SECRETARIA,

ABG. NELLY BEATRIZ JUSTO.

En la misma fecha, siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20:p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. NELLY BEATRIZ JUSTO.



CDA/NBJ/Ernesto.
EXP. N°. 8726.
UNA (1) PIEZA; 9 PÁGS.