TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil CONDOMINIOS ACTUALES G.R., C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 08/04/1991, bajo el No. 66, Tomo 16-A-Sgdo., quién procede en este acto en su condición de mandataria de la Comunidad de Copropietarios del Edificio denominado “RESIDENCIAS DARIJAK I”.

APODERADAS JUDICIALES
DE LA PARTE ACTORA: YVONNE MARIA ACARE SANCHEZ, NORA YSTURIZ CASTILLO y ANGELINA MARTINO MONTILLA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 63.856, 21.749 y 31.551, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: IRENE EMILIA VALERA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. 982.214.

APODERADO JUDICIAL
LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial constituido en autos.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

EXPEDIENTE No.: AP31-V-2011-001678

I
ANTECEDENTES

Se inició el presente juicio mediante libelo de demanda que por COBRO DE BOLIVARES, intentara la abogada en ejercicio NORA YSTURIZ CASTILLO, apoderada judicial de la sociedad mercantil CONDOMINIOS ACTUALES G.R., C.A., en contra de la ciudadana IRENE EMILIA VALERA HERNANDEZ, todos identificados al inicio del presente fallo.
En fecha 21 de julio de 2011, se admitió la demanda ordenando la citación de la parte demandada, a los fines que compareciera por ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguiente a la constancia en autos de su citación.
En fecha 19 de septiembre de 2011, el secretario de este Juzgado dejó constancia de haberse librado la compulsa a la parte demandada.
En fecha 30 de septiembre de 2011, el ciudadano MIGEUL BAUTISTA, en su carácter de Alguacil adscrito a este Circuito Judicial, dejó constancia de haber consignado compulsa, en virtud de la imposibilidad de lograr la citación personal de la demandada.
En fecha 27 de octubre de 2011, la apoderada judicial de la parte actora solicitó de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, la citación de la parte demandada mediante carteles.
Mediante auto de fecha 02 de noviembre de 2011, se dejó constancia de haberse librado cartel de citación de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante diligencia de fecha 17 de noviembre de 2011, la representación judicial de la parte actora dejó constancia de haber retirado cartel de citación, y l fecha 11 de enero de 2012, mediante diligencia consignó cartel de citación debidamente publicados.
Mediante, escrito presentado en fecha 21 de marzo de 2012, por la abogada NORA YSTURIZ, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, plenamente identificados en la sentencia, y la ciudadana IRENE EMILIA VALERA HERNANDEZ, ya identificada, asistida por la abogada ANA HERNANDEZ, inscrita en el inpreabogado bajo el número 70.563, consignaron transacción celebrada entre las partes.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A los fines de decidir sobre la procedencia de la transacción celebrada entre las partes, el Tribunal pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes:
En primer lugar, el Tribunal observa que efectivamente cursa a los folios ochenta y seis (86) y ochenta y siete (87) del expediente la transacción celebrada entre las partes.
Por virtud de ello, se impone a este Tribunal analizar si en el caso de autos se han cumplido los requisitos objetivos y subjetivos de procedencia de tal actuación.
De la revisión detallada del instrumento Poder que cursa a los folios nueve (09) y diez (10) del presente expediente, se puede evidenciar claramente que la apoderada judicial de la parte actora, tiene facultades conferidas por su mandante para realizar en su nombre la transacción objeto de análisis. Por su parte, la parte demandada, fue asistida por la abogada ANA HERNANDEZ, inscrita en el inpreabogado bajo el número 70.563, razón por la cual el Tribunal observa que en el presente caso se ha cumplido el requisito subjetivo de procedencia de la transacción y así se declara.
Asimismo, se observa que la Ley Adjetiva establece los requisitos que deben tomarse en cuenta a la hora de impartir la homologación y aprobación de estas actuaciones. Es así como los artículos 255 y 256, ambos del Código de Procedimiento Civil y al mismo tiempo los artículos 1.713 y 1.714 del Código Civil señalan lo siguiente:

Articulo 255 C.P.C.: “La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada".

Articulo 256 C.P.C.: “Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada conforme la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versa sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”.

Articulo 1.713 C.C.: “La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.

Articulo 1.714 C.C.: “Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción”.

Los artículos anteriormente transcritos, señalan de forma clara todos los parámetros legales que debe cumplir el acto de transacción para que el Tribunal pueda impartir su aprobación y, en el caso que nos ocupa, las partes transaron sobre derechos disponibles de ambos, no siendo la materia sobre la que versa la transacción de las prohibidas por la ley para realizar estas actuaciones.
En cuanto a la figura de la transacción, el procesalista patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en el Tomo II, Pág. 290 y 291, de su obra “Código de Procedimiento Civil”, señala lo siguiente:

“La doctrina coincide en admitir que la transacción es un negocio jurídico sustantivo - o sea, no un acto procesal-, que establece un contrato entre las partes transigentes cuyo objeto es la causa o relación sustancial (lo que se discute, el objeto de litis) sometida a beligerancia en el juicio, y que por solventarla en virtud de mutuas concesiones, desaparece por vía de consecuencia la relación procesal conteniente (la discusión misma).
En la transacción judicial debe verse una implícita y doble renuncia a las pretensiones procesales << El actor desiste de su pretensión (o parte de ella cuando, vgr., condena los intereses y parte del capital) y el demandado renuncia a su derecho de obtener una sentencia”.

Según la opinión del tratadista, compartida por este Juzgador, es posible la realización de la transacción entre las partes, observando que, el objeto sobre el cual versa la misma es disponible y, no constituye materia respecto de la cual se prohíba a las partes transar, por lo que considera este Juzgado que en el presente caso se ha cumplido con el requisito objetivo exigido por la Ley para que proceda la homologación de la transacción celebrada.
Por lo tanto, habiendo comprobado el Tribunal la materialización de los requisitos de validez exigidos por la Ley para que sea homologada la transacción presentada en el presente proceso, es por lo que este Juzgado actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, imparte la HOMOLOGACIÓN a la transacción celebrada entre las partes en fecha 21 de marzo de 2012 y así se decide. En consecuencia, procédase como en sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.-

III
DISPOSITIVO

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Homologada la Transacción celebrada entre la abogada NORA YSTURIZ, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, y la ciudadana IRENE EMILIA VALERA HERNANDEZ, asistida por la abogada ANA HERNANDEZ, todas plenamente identificadas al inicio del fallo, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatoria en costas.
TERCERO: Notifíquese a las partes, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE
Dado, firmado y sellado en el salón de despacho del Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En esta ciudad de Caracas a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012).- Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-
EL JUEZ TITULAR,

Dr. JUAN ALBERTO CASTRO ESPINEL
LA SECRETARIA,

MARIVI DIAZ GAMEZ
En esta misma fecha, siendo las dos y un minuto de la tarde (02:01 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose copia certificada de ella en el copiador de sentencias interlocutorias e interlocutorias con fuerza de definitiva de este Juzgado, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
LA SECRETARIA,

MARIVI DIAZ GAMEZ