REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012) 202º y 153º ASUNTO: AH21-X-2012-000144 Vista la solicitud de medida cautelar solicitada por el ciudadano JOHANDY NOHEL ANTONIO FERNANDEZ BRICEÑO, titular de la cédula de identidad No. 15.487.416, asistido por la abogada NATACHA CAROLINA DANILOW RON, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 129.880, mediante la cual solicita de este Tribunal acordar las Medidas Cautelares que considere pertinentes a fin de evitar de que se haga ilusoria la presente pretensión, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; a tal efecto, el Tribunal observa: No consta de autos el cumplimiento de los extremos exigidos tanto por la Jurisprudencia de los Tribunales de la República como de la Doctrina Nacional, en cuanto a la procedencia de las medidas cautelares, conocidos como lo son: a) la presunción grave del derecho que se reclama (FUMUS BONI IURIS), b) la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA). Siendo que las medidas cautelares son de derecho singular y como tales, de interpretación restringida, y su aplicación no puede alcanzar por analogía, a caso alguno que no se encuentre expresamente previsto por en las disposiciones legales contenidas en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En este estado, este Órgano Jurisdiccional pasa al análisis de los requisitos legales de procedencia de las medidas cautelares solicitadas por la representación judicial de la parte actora, para lo cual deben cumplirse ciertos requisitos concurrentes: La probabilidad del actor en el presente caso de tener el derecho que pretende, por tener el mismo la apariencia de no ser contrario a la ley ni al orden público, en ningún caso prejuzga sobre la efectiva procedencia del Derecho al fondo de la Controversia, según el decurso del proceso; interpretación que se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Con relación a la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA), los actores a través de su representación judicial, no aporta medios de prueba que efectivamente hagan prejuzgar a este Tribunal que la sociedad mercantil accionada no pueda cumplir con sus obligaciones en el presente proceso, aunado al hecho que la parte demandante no aporta indicio tal que haga presumir gravemente la ilusoriedad de la ejecución del fallo, ASI SE ESTABLECE. De tal suerte que para que sea procedente alguna de las medidas cautelares en referencia debe cumplirse además de la existencia de una demanda, un requisito de orden genérico como lo es la presunción grave del derecho que se reclama, y asimismo un requisito de orden especifico, como sería evitar que la demora en la sustanciación del proceso de conocimiento se encuentre “en una verdadera y propia befa a la justicia” como sostiene Calamandrei, y, por consiguiente, en una disminución de la autoridad del Estado. Es criterio de quien suscribe en el presente caso y sobre la base de los argumentos anteriormente esgrimidos, que le es forzoso para este Juzgado NEGAR LA MEDIDA DE CAUTELAR solicitada por la representación judicial de la parte actora. Y ASÍ SE DECIDE. EL JUEZ EL SECRETARIO ABG. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ LAMUÑO ABG. JOSEFA MANTILLA